La fuga del Chapo Guzmán estuvo aceitada desde las instituciones del Estado. Una evidente cadena de omisiones o de plano complicidades le permitió al líder del Cártel de Sinaloa salir sin mayor problema del penal de alta seguridad El Altiplano. La investigación que realiza la PGR sobre el escape del capo – la cual  Proceso pudo revisar– pone en evidencia, además, las contradicciones y falsedades en que han incurrido el secretario de Gobernación y el comisionado nacional de Seguridad, en el afán de minimizar la responsabilidad del Cisen y de la Policía Federal.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El gobierno de Enrique Peña Nieto dio una versión de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera –quien presuntamente huyó del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 El Altiplano por un túnel de 1.5 kilómetros, una de cuyas entradas estaba en el área de regadera de su celda–, pero no ha contado la historia completa.

Proceso pudo ver el expediente de la causa penal 48/2015, donde se asientan declaraciones, peritajes y constancias ministeriales, todo ello recabado por la Procuraduría General de la República (PGR). La información contradice gran parte de la versión del gobierno.

El documento revela complicidades, simulación y omisiones de diversas oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) antes, durante y después de la fuga; y demuestra que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dieron información irreal sobre las circunstancias de la huida.

Según los testimonios recabados por la PGR, desde principios de 2015 el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tuvo información de que gente del Chapo estaba consiguiendo planos de Cefereso 1. Y sus agentes asignados al penal reportaron actividades atípicas del interno. Pero ninguna autoridad actuó.

El narcotraficante Teodoro García Simental, El Teo, quien ocupa una celda en el mismo módulo que El Chapo, declaró a la PGR que 15 días antes de la fuga se escuchaba un ruido excesivo, “como que estaban taladrando o perforando cemento”. Pero ninguna de las autoridades responsables de vigilar al líder del Cártel de Sinaloa reportó eso.

Aún más. De acuerdo con informes obtenidos por la PGR, el código rojo no fue emitido hasta las 21:35 horas –43 minutos después de que El Chapo dejó de ser visto en la cámara de vigilancia– por la directora jurídica del penal, Leonor García García, quien esa noche era la máxima responsable del Altiplano. Y no fue sino hasta las 22:04 horas cuando el Ejército acordonó las zonas aledañas a la cárcel, con lo cual el capo tuvo 72 minutos para salir y desaparecer.

El 12 de julio, un día después del escape, la PGR hizo un peritaje al video de la cámara que vigilaba a Guzmán en su celda; en el informe se asegura que la grabación tiene audio e imagen y que por lo menos desde las 20:45 horas se escuchaban los golpes de metal contra el concreto mientras El Chapo estaba acostado en su cama y durante el tiempo que dio vueltas por la celda, antes de escapar a las 20:52. En el boquete de entrada al túnel se encontraron un rotomartillo y un gato hidráulico.

El martes 14, en conferencia de prensa y por órdenes de Osorio Chong, Rubido presentó el mismo video, pero sin audio para omitir el sonido de los golpes. Aunque el capo aparece vestido y con zapatos para meterse a la regadera, el comisionado afirmó: “El comportamiento del interno el día de los hechos era, hasta ese momento, cotidiano, natural de un interno que pasa largas horas dentro de su celda”.

(Fragmento del reportaje que publica la revista Proceso 2022, ya en circulación)