CHIHUAHUA, Chih., 3 de agosto (apro).- El pasado 30 de julio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ratificó la necesidad de mantener medidas provisionales de protección en favor de Luz Estela Castro Rodríguez, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedemh). Con dicha decisión, los gobiernos federal y estatal están obligados a garantizar la seguridad de la activista, misma que se mantiene desde 2013. La CoIDH resolvió también recomendar a las autoridades mexicanas cumplir con la difusión de una campaña para legitimar la labor de los promotores de los derechos humanos, situación que en esta entidad, en particular, no son bien vistos por el gobernador César Horacio Duarte Jáquez y el fiscal general Jorge Enrique González. Hasta ahora, las autoridades estatales se han negado a acatar esta última recomendación. En su recomendación, la Corte pidió al Estado mexicano que presente un informe pormenorizado de las actuaciones realizadas, así como un diagnóstico sobre la situación de riesgo que enfrentan los activistas. Esto último porque el gobierno de Duarte Jáquez ha negado hechos de violencia como los registrados en la Sierra Tarahumara, algunos de los cuales han sido plenamente documentados por Castro Rodríguez. Uno de ellos incluso fue llevado por la activista ante los tribunales, para exigir justicia a víctimas de despojo y desaparición forzada, así como feminicidios. Por ejemplo, el ataque de sicarios a una comunidad indígena el 29 de marzo pasado, unos días antes del viaje de vacaciones que realizó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a las Barrancas del Cobre. En ese entonces, un grupo de hombres armados llegó hasta la comunidad indígena de El Manzano, localizada en el municipio de Urique, a unos cuantos minutos de las Barrancas del Cobre, uno de los lugares turísticos de la entidad. Los pobladores fueron avisados del arribo de los sicarios. Entonces, la población se armó como pudo. La mayoría eran jóvenes de la telesecundaria del pueblo que estaban decididos a defender su escuela y su tierra. El enfrentamiento, que se convirtió en resistencia por parte de los rarámuri, duró aproximadamente siete horas. De acuerdo con los peritajes, dispararon unos 25 mil tiros y como pudieron, los pobladores repelieron la agresión. Los agresores incendiaron casas, vehículos, ranchos, dejaron herido del líder indígena Cruz Sánchez. La Fiscalía General del Estado minimizó el hecho, sólo reportó dos cuerpos e dijo que se trató de una rencilla. Sin embargo, el hecho provocó que 36 familias abandonaran el pueblo para salvar su vida porque los sicarios amenazaron con regresar con más hombres. Los indígenas ahora están refugiados en la capital, pero y el crimen organizado tomó su comunidad, sus propiedades. Cruz Sánchez fue canalizado con los defensores de derechos humanos que denunciaron los hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía General del Estado y el gobernador César Duarte. Antecedentes La Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC) es representante de Castro y a partir de 2013 ha presentado observaciones a los informes emitidos por el gobierno estatal. Entre 2013 y 2014, los activistas informaron sobre los riesgos que enfrenta Castro Rodríguez al defender casos relacionados con desaparición forzada e involuntaria, en los que el crimen organizado casi siempre está involucrado. Derivado de ello, la activista ha sufrido amenazas directas, contra su familia y ataques a las instalaciones del Cedehm. La última audiencia pública sobre el cumplimiento de las medidas provisionales fue celebrada el 21 de noviembre de 2014 durante el 1060 Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana, en San José, Costa Rica y los documentos entregados a las partes por la Corte. Ahí refirieron que en mayo de 2014 atendió el caso de una mujer golpeada y violentada sexualmente por su esposo, quien pertenecía al cuerpo de seguridad del presidente municipal de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco. La víctima fue trasladada a un refugio de alta seguridad municipal y la presidenta del Instituto Municipal de las Mujeres informó al superior jerárquico del supuesto agresor, sobre el paradero de la víctima y sus hijos. Desde el 18 de Julio de 2014 la beneficiaria representa el caso de la presunta ejecución extrajudicial de Saúl Becerra Reyes, en el que presuntamente están involucrados militares, caso que llevaba la defensora de derechos humanos Cipriana Jurado Herrera, quien tuvo que huir del país por hostigamiento y amenazas, solicitó asilo político en Estados Unidos. “Los representantes consideraron que por la probable implicancia de miembros del cuerpo militar tanto los testigos, familiares y representantes legales del caso podrían sufrir represalias. Incluso, el 22 de mayo de 2014 la agente del Ministerio Público adscrita al juzgado penal en donde se ventila el caso, solicitó medidas cautelares al subprocurador de Derechos Humanos en favor de la señora Castro Rodríguez y del señor Gabino Gómez. La Corte no tiene conocimiento si dichas medidas fueron adoptadas, según la solicitud del fiscal”, indica el fallo de la Corte Interamericana. Los ministros indican que luego de hacer un análisis de riesgo sobre la situación de Castro en agosto de 2013 y que fue actualizado en 2014, el Estado mexicano les informó que la defensora tiene nivel de riesgo medio, basados en el Protocolo para Análisis de Riesgo aprobado por la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, porque la última amenaza contra ella fue en 2009. Sin embargo, los representantes de Castro y ella, recordaron que el octubre de 2012 asesinaron al matrimonio Solorio Solís, defensores de derechos humanos en la zona noroeste del estado, hecho que se dio en un contexto de descalificaciones hacia Lucha Castro y la labor del Cedehm por parte de altos funcionarios del estado; que el 4 de abril de 2013, atacaron las instalaciones de la organización, hechos que el gobierno no consideró suficientes para considerar que el riesgo fuera alto y argumentaron que por ejemplo, un caso de violencia intrafamiliar no la coloca en situación de extrema gravedad y urgencia. Los defensores agregaron a los hechos, el homicidio del defensor Alberto Almeida, que se registró este año en Ciudad Juárez. “El Estado reconoció la existencia de un contexto que coloca en riesgo a los defensores y defensoras de derechos humanos en Chihuahua, pero adujo que el contexto en abstracto no es, per se, motivo suficiente para sustentar un riesgo alto en un caso concreto”, dice la Corte. Los activistas alegaron que la evaluación tuvo deficiencias y omisiones, ya que no toman en cuenta la presencia del crimen organizado en la entidad ni la vinculación de éste a casos que lleva el Cedehm, que representa Lucha Castro. Las autoridades tampoco reconocen las cifras relativas a los casos de desapariciones forzadas y no toman en cuenta incidentes en contra de la defensora, que no fueron denunciados por temor a represalias, con la presencia de gente vigilando las oficinas y domicilios particulares. “Durante la audiencia, la Comisión Interamericana manifestó que este riesgo ya era muy grave, se recrudeció y se volvió extremo mediante la declaración de altas autoridades que tildaron a la señora Castro como ¡defensora de asesinos' y que continúan los pronunciamientos de desprestigio y riesgo. También reiteró que el estudio no permitió identificar las fuentes de riesgo y prescindió de elementos esenciales como el impacto que tenía el crimen organizado en los casos de desapariciones forzadas representados por la beneficiaria". La resolución Con esos elementos, la Corte resolvió que el Estado debe revisar las cámaras de vigilancia que mantienen en oficinas y domicilio particular de Castro, porque han presentado algunas fallas; que le dejen a ella el acompañamiento policiaco y que mantenga comunicación con un funcionario de primer nivel para casos de emergencia. Asimismo, el gobierno debe revisar los niveles de riesgo con perspectiva de género y tomando en cuenta los casos que defiende. “Tomando en cuenta lo señalado a la luz de los hechos acontecidos con posterioridad a la resolución de 23 de agosto de 2013, y en función del contexto específico que se presenta en la zona, este Tribunal considera que, si bien la mayoría de los incidentes no estuvieron dirigidos directamente a la señora Castro Rodríguez, tales actos estarían vinculados, por una parte a la labor que la beneficiaria desempeña como defensora de derechos humanos en el contexto del estado de Chihuahua y, por otra, a su familia y miembros del Cedehm e incluso a su propia persona, por lo que este Tribunal estima que la situación de riesgo en la que se encuentra no se ha desvanecido y persisten los elementos necesarios para el mantenimiento de las presentes medidas”. Sobre la campaña a favor de los defensores de derechos humanos, la Corte indicó que el gobierno aseguró que ya la había realizado: “El Estado señaló que ha llevado a cabo acciones de reconocimiento de la labor de los defensores de derechos humanos (…) indicó que se celebró un acto público de reconocimiento de la labor de los defensores y defensoras por parte del Fiscal General del Estado (…) que se está buscando la participación del personal del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el proceso de elaboración de la campaña y protocolo”. Y los activistas desmintieron que haya habido una campaña o acto público, como lo aseguraron las autoridades estatales e indicaron que no ha habido ningún avance respecto de la campaña de legitimación ni al protocolo, a pesar de que se comprometieron a hacerlo. “Los representantes informaron durante la audiencia sobre la existencia de un clima hostil hacia los defensores y defensoras de derechos humanos con declaraciones como la del gobernador del estado de Chihuahua, quien dijo que 'a los defensores y defensoras, si no les gusta Chihuahua que se vayan a otra parte', y expresaron la necesidad de que las reuniones tuvieran continuidad para avanzar en la implementación de las medidas”, dice el fallo.