MÉXICO, D.F. (Apro).- “Empecé a tener vómitos, diarrea y ronchas en la piel. Me empezó a arder. Conforme pasó el tiempo, me dolía el cuerpo. Después perdí la motricidad, no podía caminar”, recuerda, con semblante adusto y ojos húmedos, Zoila López, una estilista de 32 años. Madre de tres hijos y avecindada en Baviácora, Sonora, López ha vivido literalmente en carne propia los efectos del derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre sobre el río Sonora el 6 de agosto de 2014. “Los doctores y la Unidad Móvil de Cofepris me dieron varios diagnósticos, que si era gripa, que si era dengue, que si estaba deprimida, y no lo relacionaban con el derrame. Pedí análisis de sangre y orina y no me los hicieron”, recuerda en entrevista con Proceso. En noviembre, tres meses después del desastre, se levantó poco a poco y volvió a ingerir alimentos. Su esposo, agricultor y ganadero, cuidó de los niños. Para agudizar el agravio, la crecida del río Sonora arrasó con sus plantíos de sorgo, chile verde y otras variedades. Su inversión acabó en las aguas. El testimonio de López se suma a los de cientos de personas perjudicadas por el vertido de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado de la mina Buenavista del Cobre, brazo de Grupo México –la mayor minera del país propiedad de Germán Larrea, el segundo potentado nacional según la revista estadunidense Forbes. Irregularidades, falta de supervisión, de sanciones apropiadas y atención clínica adecuada, así como violaciones a las leyes ambientales y opacidad rodean el derrame, a un año del peor ecocidio en la historia del país, según una pesquisa de los Comités de Cuenca del Río Sonora. “A un año, la zona está cada vez peor. El gobierno ha sido negligente y cómplice de Grupo México”, asegura Adolfo López, agricultor y ganadero de Banamichi, a Proceso. López, padre de tres hijos, vio cómo él y sus homólogos perdieron las siembras por la inundación, primero, y luego por la falta de riego debido a que el gobierno federal ordenó el cierre de pozos por la contaminación. Chile, cacahuate, frijol, caña de azúcar y nuez engrosan el listado de perjuicios de la tragedia. Por ejemplo, cada hectárea de cacahuate rinde entre 2.5 y 3 toneladas, a un costo de 26 mil pesos por tonelada. “Sólo resarcieron 10 mil por tonelada, es una pérdida y afecta la economía familiar. Es una burla, no ayuda en absoluto”, denuncia. A partir del desbordamiento, se puso en marcha una maquinaria corporativa para ocultar y minimizar el suceso, con la omisión de las autoridades federales. Inicialmente, la minera atribuyó el accidente a las fuertes lluvias caídas en la zona, extremo desmentido por reportes del Sistema Meteorológico Nacional. Luego, la compañía reconoció una fuga en un represo que traslada los materiales a otro, llamado Tinajas 1, donde desaguan los desechos líquidos, y que dio pie al vertido tóxico. Mediante más de 100 solicitudes de información pública sobre el derrame y sus secuelas y con el apoyo del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), la organización, que aglutina a unas 300 personas de Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, descubrió que las sustancias que enfilan hacia Tinajas 1 debían de ser conducidas a través un sistema hidráulico a otra área de la mina. Pero en el momento en que llegó el flujo excesivo, ese sistema se encontraba en reparación y, además, carecía de válvulas para controlar su salida. Así, la mezcla inició su ruta nociva, al caer en el arroyo “Tinajas” que desemboca en el río Bacanuchi y se conecta con el Sonora. El acta de inspección 08082014-SII-I-062, orden de inspección número PFPA/32.2/2C27.1/113-14-, da cuenta que la minera, a pesar de haber detectado un filtrado el 6 de agosto a las diez de la mañana, lo notificó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 25 horas después mediante una llamada telefónica. Además, Buenavista del Cobre presentó el formato de aviso inmediato hasta el 8 de agosto, dos días después del desastre. Lo mismo sucedió con el formato de aviso de derrames, enviado hasta el 12 de agosto cuando, por ley, debía hacerlo el 11 como máximo. Por todo ello, la empresa incumplió la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. La alianza Méxicoleaks, de la que Proceso es parte, participa en la difusión de esta investigación de los Comités de Cuenca del Río Sonora y PODER, dedicada a fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina con un enfoque de derechos humanos. Buenavista del Cobre es la cuarta mina de ese componente más grande del mundo en términos de producción. En total, el derrame golpeó a unas 23 mil personas en la zona del río Sonora. El grupo invertirá 3 mil 400 millones de dólares en Buenavista del Cobre, puesto que como parte de sus planes de negocio se ha propuesto convertir a la mina en la tercera más grande del mundo y aumentar 180% su capacidad de producción de cobre o 505 mil toneladas por año. A través de su filial, GM posee casi 40% del territorio concesionado en Cananea, poco más de 104 mil hectáreas con 42 concesiones. Deslinde Buenavista del Cobre ha señalado como única responsable de la construcción en la zona de los represos a la empresa TECOVIFESA, pero la responsabilidad por el derrame recae en ambas. La primera, por no supervisar el correcto funcionamiento, y la segunda, por los defectos en la construcción, en virtud de la responsabilidad solidaria estipulada por el artículo 24 de Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. La minera maneja residuos peligrosos sin las autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat). En 2011 la minera envió a la citada dependencia su Plan de Manejo de Residuos y un año después la secretaría le solicitó más información para poder avalarlo. Buenavista del Cobre solicitó una prórroga y durante tres años la Semarnat no ha exigido esa información. Hasta abril pasado, el trámite continuaba pendiente. Hasta el día del derrame, la compañía trabajó con lixiviados en instalaciones que estaban en construcción y que no contaban con sistemas de detección y control de derrames. Además, Profepa señaló que el terreno de los represos -en los que desde mayo y junio de 2014 se captan y procesan las sustancias- tiene un avance de 50% en la edificación, según el acta de inspección PFPA/3.2/2C.27.500040-2014-AI-SON. En el momento del vertido Semarnat revisaba el cumplimiento de nueve permisos de impacto ambiental otorgados, según constató Proceso. Una de las autorizaciones concedidas prácticamente sin atenuantes se refiere al proyecto de la presa de jales para la mina, autorizada el 29 de julio de 2013 y vigente hasta esa misma fecha de 2071. Además, el 24 de agosto de 2012 le autorizó el desarrollo del terrero Tinajas, con una vigencia de 35 años. En el primer caso, el documento 26SO2013MD082 titulado “Proyecto nueva presa de jales para Buenavista del Cobre, municipio de Cananea, SON” describe que esa obra consiste en la preparación, construcción, operación y cierre de una presa de jales y que permitirá su disposición final. “Lo que han hecho es una injusticia. No hay dinero que restituya la confianza. La solución no es el resarcimiento económico, sino el saneamiento ambiental. Queremos que se nos haga justicia”, sostiene Ramón Miranda, vendedor de ropa y calzado en Aconchi, de 56 años de edad y padre de tres hijos. Para Miranda, el comercio formal e informal --vital junto a la agricultura y la ganadería en la zona y que sostiene a unas 6 mil familias-- está devastado. Grupo México y el gobierno acordaron la creación de un fideicomiso por 2 mil millones de pesos para atender los perjuicios provocados a la población. De esta manera la minera evitó enfrentar un juicio por responsabilidad ambiental. Pero los afectados critican que ese fondo ha sido copado por un pequeño grupo que lo ha utilizado con fines políticos. “Por más que hayan respaldado, no se nota en los bolsillos” de la gente, enfatiza Miranda. Los Comités acusan a la Secretaría de Agricultura de incumplir el Programa de Reactivación Agropecuaria prometido a los productores agropecuarios de los siete municipios afectados, plasmado en un boletín publicado el 14 de septiembre de 2014. “Con picos y palas” La organización critica que Buenavista del Cobre adolezca de un Plan de Remediación Ambiental integral que abarque todo el terreno afectado. Luego del derrame, la minera dividió el territorio contaminado en cinco zonas, con un plan para cada una. Pero hasta julio último sólo había entregado a Semarnat el plan correspondiente a la zona uno que abarca 30 kilómetros contiguos a la mina y que ya está aprobado. Quedan más de 200 kilómetros sin programas de manejo para abarcar a las siete comunidades afectadas, sin que Semarnat ni la minera hayan actuado al respecto. Los Comités consideran que el plan completo debió entregarse y aprobarse posteriormente al ecocidio. El saneamiento “es una burla al público. La han hecho con picos y palas. Hoy no hay trabajo de remediación”, cuestiona Adolfo López. Greenpeace estima que el saneamiento puede tomar entre 15 y 20 años, pues las sustancias tóxicas permanecen en el fondo y los costados de los ríos y luego pueden ser removidas por las lluvias o se absorben en los organismos vivos. El riesgo es que esos componentes pasen a largo plazo a la cadena alimenticia de las personas y algunos animales. La exposición prolongada a componentes como el cobre, arsénico, cadmio y plomo puede dañar el sistema nervioso, los riñones y el hígado, entre otros perjuicios, precisamente lo que Zoila López y su familia han padecido. “Nos dijeron que tenemos niveles cercanos al límite máximo de metales pesados. Mi esposo y mi hijo mayor tienen cobre elevado. Mi esposo tiene el hígado inflamado”, enumera López. En abril pasado, personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se presentó en su casa para revisarla y atenderla. Pero López no recibe ningún tratamiento especial. “Sólo me dan vitaminas y calcio. Tengo que someterme a un examen especial que sólo hacen en Hermosillo y no hay dinero para pagarlo”, lamenta. Con los amparos interpuestos, los Comités buscan garantizar su participación en los planes de remediación, obligar a las mineras a respetar el ambiente y hacer que Buenavista del Cobre y el gobierno federal reparen el daño de forma integral. “Queremos que el gobierno cumpla sus promesas, que remedien la zona, que instalen filtros adecuados en los pozos, que ofrezcan atención médica gratuita y que se forme un comité ciudadano para supervisar y auditar el resarcimiento”, demanda Miranda. A causa del derrame se han presentado seis demandas de acción colectiva que siguen su marcha en los tribunales federales.