Exigen renuncia de secretario del Medio Ambiente por ecocidio

HERMOSILLO, Son., (apro).- Jesús Armando Enríquez, integrante del comité de Cuenca del río Sonora, exigió la renuncia del secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, y del procurador Ambiental, Guillermo Haro Bélchez, por su cómplice actuación en el macroderrame de 40 millones de litros de lixiviados de cobre y metales tóxicos sobre los ríos Sonora y Bacanuchi.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México convocada por la organización civil Poder, el residente de Baviácora –uno de los siete municipios afectados- dijo que estos funcionarios “no hicieron el trabajo que debían y por honestidad deben renunciar”.

Los integrantes de la organización también denunciaron que la infraestructura para retener los químicos utilizados en la mina Buenavista del Cobre de Cananea estaba a medio construir y carecía de un sistema de detección y control de derrames, de acuerdo con las inspecciones realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En la investigación realizada por los comités de Cuenca del río Sonora y Poder se logró establecer que la mina opera desde 2011 sin un “Plan de Manejo de Residuos”, que debería ser aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Ante esto, los pobladores interpusieron cinco juicios de amparos indirectos –uno de ellos rechazados- basados en el respeto a los derechos humanos de los más de 25 mil afectados tras las irregularidades cometidas por el gobierno federal y la mina propiedad de Grupo México.

El representante legal de la organización Poder, Luis Miguel Cano López, dijo que esta estrategia jurídica pretende cambiar los paradigmas de la actuación de la autoridad y las empresas en México debido a que estos recursos están basados en la defensa de los derechos humanos según los tratados internacionales.

“Las leyes en el país son insuficientes para hacer que los responsables reparen el daño causado”, señaló el litigante.

Los juicios de amparo –agregó- ya fueron aceptados por distintos juzgados de Sonora entre el 30 de abril y la primera quincena de julio y de obtenerse una respuesta favorable, el caso de los afectados sería “emblemático” y repercutiría en otras situaciones similares.

A estas irregularidades, se suma que la mina Buenavista del Cobre obtuvo una concesión sin consultar a la población de Cananea, por lo que mediante los amparos se obligaría a las autoridades a realizarla, según denunciaron los representantes de los comités de cuencas allí presente.

En tanto, la investigadora de la organización Poder, Julieta Lamberti, explicó que el área de lixiviados (donde el cobre se separa del resto de los metales) al momento del accidente era “un de lámina que aún estaba en construcción”, y ésta no contaba con una válvula que contuviera los líquidos y por tal motivo, los tóxico pudieron llegar hasta el río Sonora.

Según representantes de la mina, dicha área estaba en reparación sin embargo las fotografías de las inspecciones –obtenidas a través de solicitudes de información- demuestran que ni siquiera estaban construidos.

No sólo eso, subrayó, la Profepa detectó que la mina no contaba con sistemas de detección y control de derrames, lo que explica que no existieron los elementos para controlar un derrame, como lo obliga la ley minera vigente a las empresas.

Detectan 500 casos en el río

A un año del macroderrame, el número de afectados directos aumentan, sobre todo en la zona rural poniente de esta capital, donde el grupo de activistas y ambientalistas por el río Sonora documentaron tres nuevos casos.

Se trata de Alma Haydeé Oceja, Edith Camila, de 6 años, y Jesús Santiago, de 2. Los tres presentan erupciones y manchas en la piel, a consecuencia de la exposición de metales pesados.

Alma, residente del ejido La Victoria, denunció que los síntomas se presentaron por primera vez hace quince días y hoy las erupciones le cubren las piernas, torso y brazos.

La afectada dijo que hace unos días le practicaron en el hospital para burócratas Dr. Ignacio Chávez una biometría hemática (un examen rutinario de sangre) y no le encontraron nada, por lo que sus síntomas fueron considerados como una simple alergia.

Sin embargo, tras ingerir el medicamento prescrito la comezón, las erupciones, la fiebre y el dolor de cabeza persistieron. La señora Juárez relató que de noviembre a marzo colaboró en la colocación de tinacos en los siete municipios ribereños afectados y esta exposición a los metales tóxicos le trajo las lesiones.

“Siempre he sido muy sensible a solventes y sustancias químicas en mi piel y cuando recién aparecieron estas escoriaciones recuerdo una picazón muy fuerte en los labios como si percibiera un veneno en mi cuerpo”, recordó.

Por separado, la investigadora de la Universidad de Sonora, Reina Castro Longoria, aseguró que la afectada presenta sintomatología de una persona intoxicada con aluminio, arsénico y fierro.

“El aluminio y arsénico se manifiestan en la piel porque alteran todo el tejido celular al momento que el cuerpo no puede metabolizar los tóxicos y los expulsa”, detalló.

Los otros dos casos descubiertos son de los hermanitos Edith Camila y Jesús Santiago, del ejido El Tronconal, abastecido de manera directa con agua de la batería de pozos río debajo de la El Molinito, donde se sedimentaron 78.4 toneladas desechos mineros derramados por la subsidiaria de Grupo México.

Edith Yadira Juárez, madre de los pequeños, refirió que las erupciones se manifestaron por primera vez hace un mes por lo que acudió a la clínica del IMSS número 37 donde los diagnosticaron con una infección en la piel y les recetaron antibióticos y baños coloides para suavizar las dermatosis agudas.

“Así los estuve medicando como me lo indicaron y hace tres días le volvieron a brotar las ronchitas con agüita, lo que me orilla a pensar en muchas cosas”, lamentó.

La doctora Castro Longoria, quien lidera los esfuerzos por documentar las afectaciones que experimentan los pobladores del río Sonora, manifestó que lo preocupante en el caso del menor es que presenta una necrosis, que es la muerte patológica de un conjunto de células o de cualquier tejido, provocada por un agente nocivo que causa una lesión tan grave imposible de reparar o curar.

“Es una lesión que esperemos que el tiempo lo cure, pero antes es importante que se le hagan análisis y se determine las causas que originaros estas lesiones”, indicó.

Por último, puntualizó que de acuerdo a reportes de activistas, ambientalistas y pobladores el número de afectados asciende a más de 500 y se está trabajando en documentar cada uno de los casos.

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