MÉXICO, D.F. (apro).- El miedo a perder la vida a manos de sus enemigos, incluida una agencia federal extranjera, o su eventual extradición a Estados Unidos, impulsaron a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, ‘El Chapo’, a emprender una ofensiva legal para evitar cualquiera de esos escenarios, admite Juan Pablo Badillo Soto, abogado defensor del capo sinaloense, quien la noche del sábado 11 de julio se fugó del penal del Altiplano. Pero no sólo se le fugó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, además aventaja a la procuradora general de la República, Arely Gómez, en el proceso de extradición que ya solicitó el gobierno estadunidense. El mismo día que la procuradora publicitó que un juez federal le otorgó “la orden de detención con fines de extradición”, “El Chapo” recibió de otro juzgado la llamada “suspensión de plano” para que nadie lo pueda sacar del país aun cuando fuese recapturado. Así, los recursos de su defensa permitieron al líder del cártel de Sinaloa no ser extraditado de manera expedita al vecino país del norte. Antes, el gobierno de México deberá vencerlo judicialmente, lo que podría ocurrir una vez terminado el sexenio del priista Enrique Peña Nieto. Sólo para entonces la solicitud oficial de extradición presentada por el gobierno de Barack Obama se podrá conocer públicamente, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reservó “por tres años” el documento, según reveló en entrevista Badillo Soto. “Al rendir su informe justificado a la autoridad judicial, la Secretaría de Relaciones Exteriores notificó que ese documento está reservado por tres años al clasificarlo como información confidencial”. El litigante, entrevistado por Proceso para la edición 2022 del pasado 2 de agosto, advierte que el gobierno de Peña Nieto tampoco puede extraditar de manera unilateral a Guzmán Loera. Sin embargo, según el defensor, el gobierno mexicano estaría dispuesto a ejecutarlo, apoyado incluso con “mercenarios extranjeros”. Este miércoles 5, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hizo pública la ampliación de la demanda de amparo encabezada por el abogado Badillo Soto, quien incluyó como responsables al juez tercero de distrito y Procesos Penales del Distrito Federal, así como al subprocurador jurídico de la PGR, José Antonio Rodríguez Calderón. Ahí, el CJF confirmó lo que el propio abogado dijo a Proceso en su entrevista: su miedo de ser “extraditado, ser abatido y masacrado por diversos grupos”. “Ya son otros tiempos” Badillo Soto es el mismo abogado que “El Chapo” Guzmán contrató hace 22 años cuando estaba internado en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco. El propio litigante relató al semanario el interés del capo sinaloense en reasumir su defensa, pues en aquella ocasión lo liberó de cuatro cargos penales. Es por ello que hoy tiene como principal tarea asignada por “El Chapo” el evitar su entrega a Estados Unidos, acción que según el abogado es su principal temor, o el ser “abatido”, como ha ocurrido con otros jefes del narcotráfico. –¿Cuánto lo vio por última vez? –Hace cuatro o seis meses. –¿Estaba asustado? –No. –¿Triste? –No. –¿Enojado? –No… más bien temeroso de ser extraditado o abatido. Badillo Soto relató entonces que, en cuanto fue detenido por autoridades de Estados Unidos y la Marina “a las 6:40 de la mañana del 22 de febrero de 2014, Estados Unidos requirió de inmediato su extradición, aunque oficializó después la petición”. Por lo anterior, sostiene que tanto la familia de “El Chapo” Guzmán como su defensa manifiestan el “temor fundado” de que con argucias y artilugios institucionales Guzmán Loera sea extraditado. –El expresidente Felipe Calderón extraditó a capos de la droga antes de que se resolvieran sus amparos contra la extradición, ¿no temen que ocurra lo mismo? “No, ya son otros tiempos”, ataja el abogado penalista con experiencia de 45 años, confiando así en que se agotarán los plazos legales antes de que su cliente sea eventualmente entregado a la justicia estadunidense. En su edición 2021, Proceso reveló que desde mayo hay una solicitud de extradición, la cual ha sido impugnada, también por vía de amparo, por el propio Badillo Soto. Se trata del expediente 73/2015 y que arrancó mucho antes del 25 de junio, fecha que según la titular de la PGR el gobierno de Estados Unidos hizo la petición formal de extradición. En la entrevista el abogado informó que en total son cuatro las solicitudes de amparo tramitadas en favor de Guzmán Loera. El jueves 30 de julio, Arely Gómez presumió que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal le había concedido un día antes “la orden de detención formal con fines de extradición de Joaquín Guzmán Loera”. Pero el capo se le adelantó a la actual titular de la PGR. El mismo día 29 otro juzgado había concedido al “Chapo” la “suspensión de oficio y de plano” para evitar su pronta extradición a Estados Unidos. El Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal determinó conceder “la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados” (solicitud de extradición) “y, para el debido cumplimiento de esta suspensión, prevéngase a las autoridades señaladas como responsables para que de inmediato se abstengan de llevar a cabo dichos actos, así como de cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución federal (tratos crueles, degradantes y hasta la pena de muerte)”. Al pronunciarse sobre la petición de la defensa, el juzgador señaló que se debe evitar que sea “abatido y masacrado por diversos grupos”, que no sea sometido a “la pena de muerte” y cualquier otro de los actos prohibidos que se señalan en el 22 constitucional. También consideró que no se debe recurrir a la tortura para que el inculpado “se autoincrimine” en presuntos ilícitos. El juez emplazó a las autoridades mexicanas a rendir en el curso de las próximas dos semanas un reporte que justifique el pedido de extradición, ya que éste no puede darse de manera unilateral. Así, dio los 15 días para celebrar después una audiencia constitucional prevista para el próximo miércoles 26. “Libertad personal” De acuerdo con los documentos en poder de Proceso, tanto la demanda de amparo indirecta como la resolución del juez que concede la “suspensión de plano” se otorgaron el mismo miércoles 29 de julio, cuando la PGR apenas solicitaba una “orden de detención formal con fines de extradición”. El abogado Badillo Soto, en su solicitud de amparo, aclara que ya existe un trámite –y en un juzgado distinto– el documento donde la Cancillería pide a la justicia federal la autorización para extraditar a “El Chapo”. Se trata del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Proceso Penales Federal en el Distrito Federal bajo la causa penal 81/2015-IV. En su página de Internet, la Judicatura cuenta con el expediente registrado pero no hay huella de actos realizados. Sin embargo, en su demanda de amparo el abogado Badillo Soto asegura que, como autoridades responsables, la Segob, PGR y SRE han expresado públicamente que el gobierno de Estados Unidos ha solicitado al de México la extradición de su cliente, y que “ya se encuentra en proceso de tramitación en algún juzgado de distrito de proceso penales federales en el Distrito Federal para su inminente ejecución”. El defensor argumenta que en la actualidad su cliente “se encuentra en libertad personal por haber logrado su evasión del Centro Federal de Readaptación social Número Uno (El Altiplano), en el cual había sido sometido a diversos proceso penales federales... mediante acusaciones a todas luces falsas, exageradas, tendenciosas y escandalosas”. El factor colombiano También señaló como responsables al saliente embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, y a su sucesora, Roberta S. Jacobson, quien también se ha pronunciado por la recaptura y extradición del capo. Badillo Soto alerta que, de ser llevado a la justicia estadunidense, Guzmán Loera sería juzgado con “pruebas prefabricadas, testigos falsos (delincuentes comunes), protegidos y pagados que lo inculpan de la comisión de delitos que no ha cometido, y aplicarían penas inusitadas, trascendentales, crueles y degradantes o hasta la pena de muerte”. Luego refiere que el anterior procurador estadunidense Erick Holder confirmó al Congreso de su país “su interés personalísimo” para extraditar a Joaquín Guzmán y “someterlo a prisión perpetua, equivalente a pena de muerte”. Y recuerda que a cuatro días de la detención de “El Chapo” en Mazatlán, Sinaloa, en febrero de 2014, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh Jhonson, también manifestó al Congreso el interés de la administración Obama de enjuiciar “aquí” a Guzmán Loera. “Quiero que enfrente a la justicia en Estados Unidos y asegurarme que nunca más salga a la calle nuevamente”, cita el abogado defensor sobre las declaraciones de Johnson en una audiencia pública ante el Congreso estadunidense. El abogado resalta que Rick Perry, gobernador de Texas, ha sostenido que busca tener a Guzmán Loera en ese estado para someterlo a la ley local, donde se aplica la pena de muerte. Y del estado donde “El Chapo” es considerado el “enemigo público número uno”, Chicago, Badillo Soto recuerda que ahí el director de la DEA, Jack Riley, declaró a la prensa que hará todo lo posible por traer a Guzmán para aplicarle todo el rigor de la ley, de tal suerte “que el castigo no le permita jamás volver a la calle”. Tal declaración, subraya el abogado del capo, es una virtual pena de muerte. Como “actos inminentes” en contra de Guzmán, el defensor argumentó que Estados Unidos mantiene cárceles secretas en su país y fuera de su territorio “para inferir abominables torturas”, como se ha evidenciado en las revelaciones vertidas el 9 de diciembre de 2014 por la senadora demócrata Diane Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado. El abogado no omite a persona alguna que se haya referido a Guzmán Loera, y ejemplo de ello es que en la demanda de amparo incluye al magnate y aspirante a la candidatura republicana para la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, de quien asegura “inventa supuestas amenazas de ‘El Chapo’ y dice que “lo llevará a Estados Unidos para patearle el trasero”. Además explica que incluyó al empresario por lo “absurdo” de su acusación, pues sostiene que el capo sinaloense no tiene interés en ese personaje. No obstante, el Juzgado Quinto consideró que ninguna de las personas mencionadas son “autoridades responsables” en términos de las leyes mexicanas. En sus alegatos, Badillo Soto advierte al juzgador que de otorgar la medida cautelar (suspensión de plano) “no se perjudica el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público”. Enseguida puntualiza que en caso de ser reaprendido quede a disposición de la autoridad judicial, “hasta que se resuelva en el principal la sentencia definitiva y no ser extraditado a Estados Unidos de Norteamérica o a ningún otro país extranjero”. El abogado insiste al juez que en caso de que “El Chapo” sea recapturado no sea abatido “por las fuerzas armadas o por los mercenarios contratados por el gobierno mexicano o por la DEA”. Para sostener su petición, Badillo Soto dice en la demanda estar convencido de que el gobierno mexicano contrató fuerzas extranjeras para matarlo. “Se tiene la certeza y la total convicción de que el gobierno mexicano ha contratado fuerzas punitivas de militares mercenarios colombianos para abatir (masacrar y asesinar) al señor Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, pretendiendo justificar que dichos mercenarios son colaboradores auxiliares de las fuerzas mexicanas”. El defensor recuerda que en el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional vigente en México se establece que “ningún mexicano podrá ser entregado a un Estado extranjero sino en casos excepcionales y a juicio del Ejecutivo”. Al conceder la suspensión de plano, el juez no se pronunció sobre este ordenamiento, pues el tema deberá ser abordado en su caso en el juicio de extradición solicitado por la SRE. “Y en este caso no hay excepcionalidad alguna”, consideró Badillo Soto. –¿Ni porque se trata del hombre más buscado del mundo? “Primero que se le compruebe todo de lo que se le acusa”, ataja Juan Pablo Badillo.