MANAGUA (apro).- Dieciocho años atrás, en la lluviosa zona de El Cuá, en Jinotega, Cecilio Acuña fue nombrado promotor de paz. Esa zona, que fue una de las protagonistas de la guerra civil que atravesó Nicaragua en la década de los ochenta, no contaba en ese entonces con jueces, así que Acuña, quien gozaba de respeto entre la población, empezó a resolver los conflictos entre los vecinos que habían estado divididos por causas políticas. En aquella época se nombraron promotores de paz en ocho municipios del país. Todos los lugares tenían una característica en común: habían sido zonas de conflicto durante la guerra civil que en este país centroamericano dejó más de 150 mil víctimas, entre muertos, discapacitados, viudas y huérfanos. El Poder Judicial de Nicaragua con ayuda técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA), y auspiciado por la Agencia Sueca de Cooperación (Asdi), nombró a los promotores de paz y la experiencia fue tan exitosa que a partir de 2002 se extendió a otras zonas rurales y luego al resto del país. Fue entonces cuando dejaron de llamarse promotores de paz y pasaron a ser facilitadores judiciales. En la actualidad hay facilitadores judiciales en ocho países de la región: Costa Rica, Argentina, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y Paraguay. Nicaragua, que en el pasado fracasó en su intento de exportar la lucha armada y su revolución, exporta ahora un método de resolución de conflictos en las comunidades, que tiene entre sus principales logros el de descongestionar los juzgados y que propicia la convivencia entre los vecinos. “En este momento, en los diferentes países hay 5 millones de personas que tienen acceso a un facilitador. Es mucho si pensamos en el derecho a la información jurídica, el acceso a las instituciones y, en definitiva, en la solución de las disputas de forma rápida y, además, en la recomposición de las relaciones sociales”, indica Pedro Vuskovic, coordinador del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA. Vuskovic Céspedes agrega que en Nicaragua los facilitadores cubren el 100% del territorio, y en países como Panamá y Paraguay “la población con acceso representa ese porcentaje de población pobre”. La OEA creó el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales en 2007 para apoyar a los poderes judiciales “por el interés que despertaba una experiencia exitosa que se desarrollaba en Nicaragua. Primero la adoptó Paraguay y luego Panamá”, explica el funcionario de la OEA en una comunicación electrónica con Apro. “La idea de vincular a líderes comunitarios voluntarios reconocidos que colaboraran con los jueces locales se desarrolló en Nicaragua hacia fines de los años noventa en las zonas donde menos presencia tenía el Estado: fue una experiencia local rural que se extendió a gran parte del país llegando años más tarde a mostrar que era válida en barrios urbanos, en todo el país. Fue un proceso, pero la esencia hoy es la misma que entonces”, añadió Vuskovic Céspedes desde Panamá. Descongestionar juzgados Claudia Noguera de Amaya está al frente del Juzgado Primero Penal Local de Chinandega, ubicado cerca de la frontera con Honduras. Ella coordina a todos lo facilitadores judiciales de ese municipio de Nicaragua, que en total son 46. Varias veces al año, ayudándose de las estructurales policiales y municipales, convoca a los vecinos de los barrios donde no hay facilitadores. Pone carteles y los cita en una plaza pública, y a mano alzada, los pobladores proponen y luego votan para elegir al facilitador de su barrio. Los facilitadores judiciales no devengan un salario, deben gozar de respeto entre los habitantes, no ser militares activos, tener 16 años cumplidos, deben saber leer y escribir, no haber purgado ninguna condena ni ejercer cargos de índole partidaria. La funcionaria judicial explica que los facilitadores pueden mediar en delitos que tengan como pena menos de cinco años de cárcel, entre las que están las faltas, las injurias, las amenazas que no conlleven una lesión dolosa. “Y también pleitos que ocurren entre los vecinos, que porque se me robaron una gallina o porque tu árbol está cayendo sobre mi casa”, dice. Después de la mediación, el facilitador debe acudir al juzgado para inscribirla. “Ellos no resuelven nada que tenga que ver con los temas de familia, su labor es orientar, imparten charlas a la población sobre los derechos de familia, sobre violencia intrafamiliar y las nuevas leyes que se van aprobando”, expresa Noguera de Amaya. El juzgado que dirige ha resuelto 200 causas con mediación hasta junio pasado, de estas 180 fueron mediaciones realizadas por los facilitadores judiciales. “Para nosotros es un orgullo que algo que empezó en Nicaragua ahora se está replicando”, sostiene la magistrada Ángela Dávila, quien coordina el programa de facilitadores en Managua, la capital de Nicaragua. En 2011 el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA ganó el premio internacional “Justicia Innovadora”, otorgado en el Palacio de la Paz en La Haya, Holanda, por un prestigioso consorcio de entidades académicas en dicho país. Se estima que en 10 años los facilitadores han evitado el arribo de 100 mil casos a los tribunales de los países en los que funciona el programa. A nivel nacional existen 4 mil 220 facilitadores, 786 nombrados en la capital. La Corte Suprema de Justicia estima que todos los facilitadores realizan 20 mil mediaciones anuales aproximadamente. “El facilitador hace prevención del delito. Es un filtro porque el trabajo que hace ya no viene al juzgado a considerarse como un delito o falta”, considera el juez Ernesto Rodríguez. Propósito: la paz Lorgia Soriano es facilitadora judicial desde hace más de siete años. Vive en el reparto Adiac, de León, a 89 kilómetros de Managua. Su vecindario es considerado como un sitio peligroso en esa ciudad, capital cultural del país. A su casa acuden vecinos que tienen problemas de todo tipo: por discusiones, por conflictos por los linderos y por amenazas. Hay semanas más movidas que otras. Cinco días atrás llegaron dos vecinos a pedir que intercediera en una diferencia. Un joven cobrador de autobús se quejaba porque una señora no pagó su pasaje y ella alegaba maltrato por parte del cobrador. Soriano los sentó y les explicó las leyes. Los persuadió y pidió que cada uno pusiera de su parte. Así, pues, la señora se comprometió a pagar el pasaje y él a brindar un mejor servicio. Cada cierto tiempo esta facilitadora es capacitada sobre las nuevas leyes que se aprueban y luego convoca a la comunidad para transmitirles la información. “Los reúno en la calle y ellos acuden”, cuenta. “A los facilitadores no los inventó la OEA ni los poderes judiciales: existen. Lo que hacemos es vincularlos, apoyar su labor. Ellos eran y siguen siendo voluntarios al servicio de su gente. No necesitan oficina ni tienen horario: para un buen consejo al amigo, para ayudar a un vecino, no hace falta corbata y escritorio”, sostiene Pedro Vuskovic. Según el funcionario de la OEA a nivel de la región existen unos 10 mil facilitadores “y como son seleccionados por la comunidad y nombrados por los jueces locales, se ajustan a las características de esa comunidad: idioma, códigos sociales, cultura”. “Los facilitadores hacen una labor preventiva, informativa: en los tres últimos años medio millón de personas recibió charlas, la mayor parte eran de género. Si se produce un hecho de violencia informan a la víctima qué se debe hacer, si es necesario le acompañan a las autoridades, pero no median. Además, 40% de los facilitadores son mujeres, muchas de ellas eran víctimas y ni siquiera lo sabían. Hoy son un ejemplo en sus comunidades”, añade Vuskovic. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ha nombrado facilitadores judiciales en los mercados para resolver las diferencias entre las comerciantes y recientemente nombró a varias trabajadores sexuales para que medien entre miembros de este sector.