MÉXICO, D.F. (apro).- Abogados de la familia de Nadia Vera, activista asesinada junto con tres mujeres y el fotoperiodista Rubén Espinosa, acusaron a la PGJDF, que encabeza Rodolfo Ríos Garza, de estar “construyendo una verdad paralela y mediática”. También consideraron que el interrogatorio que se aplicará al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, tiene fines “políticos para cerrar el caso”. En compañía de representantes de organizaciones sociales y colectivos de Veracruz, los defensores Karla Michelle Salas y David Peña sostuvieron que el “móvil del robo que la PGJDF ha hecho público como el detonante de los cinco homicidios no se sostiene en los seis tomos de la averiguación previa”. Luego de denunciar obstáculos de la Procuraduría capitalina para ser reconocidos como coadyuvantes en la indagatoria y acceder al expediente, Salas, quien es presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), reveló que “no hay una relación de objetos que presuntamente se llevaron los perpetradores del crimen, además de que en el departamento se encontraron tres computadoras y tres teléfonos celulares, entre ellos un Nextel, que pudieron haber sido sustraídos”. La abogada destacó que el hecho de que el automóvil Mustang rojo haya sido localizado, implica que detrás de los cinco asesinatos no hubo intención de robar. Asimismo, informó que como coadyuvantes solicitaron a la PGJDF algunas diligencias, “entre ellas los testimonios de amigos de Rubén y de Nadia que certificaban que habían sido amenazados y que daban cuenta el ambiente hostil en Veracruz contra defensores y periodistas; lo grave –acusó– es que estos testigos fueron amenazados una vez que rindieron su declaración”. Peña Rodríguez señaló que pese a los elementos que apuntan al gobierno de Veracruz, “la PGJDF se ha resistido a seguir la línea política en el caso”, lo que contradice declaraciones de Ríos Garza y del propio jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de que en este caso todas las líneas de investigación estaban abiertas. “No han podido o no han querido vincular el caso con la presunta responsabilidad de agentes estatales de Veracruz”, señaló el abogado, luego de considerar como un acto “meramente político” que se le tome declaración testimonial al gobernador Duarte. “En estos momentos todos sabemos lo que Javier Duarte va a decir que no tuvo que ver en el asunto, cuando la PGJDF debió tomar la declaración después de haber concatenado los elementos y las redes de poder, de diferentes instancias estatales, y de funcionarios públicos, de la Secretaría General de Gobierno de Veracruz, de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública estatales”, por ello es que no acompañaron la diligencia. En la rueda de prensa se dio a conocer un comunicado de la familia de Nadia Vera, en el que formula una serie de interrogantes por la forma de actuar de las autoridades capitalinas. Entre las preguntas destaca el por qué en el acta de defunción se ubica la muerte de la joven a las 21:00 horas del 31 de agosto cuando las autoridades dicen que fue asesinada entre las 14:00 y las 15:00 horas. El abogado Sergio Méndez Silva, de la organización Justicia Pro Persona, confirmó que se interpuso una queja ante la CNDH, la 20015/5821-Q, radicada en la Quinta Visitaduría General, por la que se solicita considerar como “masacre” los homicidios de la colonia Narvarte, y abrir una investigación por violaciones graves a los derechos humanos. Además explicó que de no admitir esas consideraciones, “recurriremos al Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Méndez Silva agregó que la PGR ha sido omisa en atraer el caso. “Hay que recordar que en 2013 Rubén presentó una queja ante la dependencia federal por amenazas recibidas, y por ese simple antecedente la Procuraduría debió ejercer la atracción”. Anayeli Pérez, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), informó que su organización ha tenido reuniones con el procurador Ríos Garza y con los responsables de la averiguación previa para certificar que la investigación se desarrolle desde la perspectiva de género. No obstante, alertó que “investigar el caso como feminicidio no descarta otras líneas de investigación, como son las relacionadas con la labor periodística de Rubén y de defensa de derechos de Nadia”. La activista expresó la preocupación de que las autoridades estén “filtrando información sensible y con ello se haya desvirtuado el crimen, y tomando líneas ajenas a las violaciones a la libertad de expresión”. En la conferencia representantes de los colectivos de Veracruz, Julián Ramírez e Ignacio Córdoba, confirmaron el hostigamiento en la entidad después de que declararon ante la PGJDF. Los activistas puntualizaron que las amenazas y hostigamientos a Nadia Vera y a otros integrantes de organizaciones sociales en Veracruz están documentados en sendas denuncias penales presentadas en la PGJE. Carlos Cruz, de Cauce Ciudadano, expresó la solidaridad de organizaciones latinoamericanas e informó que ha presentado información detallada a varias embajadas para dar a conocer la situación grave de violaciones a derechos humanos en Veracruz.