La omertà mexicana

El asesinato de un hombre en Acapulco, Guerrero. Foto: Bernandino Hernández El asesinato de un hombre en Acapulco, Guerrero. Foto: Bernandino Hernández

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La omertà, la ley del silencio, es regla de oro de las mafias italianas: la Cosa Nostra, que opera en Sicilia; la Camorra, en la región de la Campania, y la ‘Ndrangheta, en Calabria, al extremo sur de la península. La violación de esa exigencia de discreción absoluta sobre todo lo relacionado con las actividades de la sociedad secreta se castiga con la muerte. Dichas organizaciones delictivas nunca han pretendido ser un gobierno alternativo, basan su existencia en la infiltración del Estado legalmente constituido con el propósito de moldearlo a favor de sus propios intereses. Tal como ocurre en México.

El poder y las ganancias de esa estructura criminal, obtenidas mediante la mezcla de intimidación, violencia y corrupción, ocasionaron un arraigo en lo más hondo del sistema político italiano, desde el nacimiento de la república italiana, en 1946, hasta finales de los setenta. Entre el secuestro y asesinato de Aldo Moro, perpetrado por la organización terrorista Brigadas Rojas en 1978, y el atentado en el que murieron dos jueces (Giovanni Falcone y Paolo Borselino), ocurrido en 1992, se combinaron la violencia de la mafia con la del terrorismo hasta llegar a confundirse. Italia estuvo a punto de convertirse en un narcoestado.

Actualmente, gran parte de los cuadros y dirigentes de las mafias italianas han sido condenadas y encarceladas. La aplicación de leyes y acciones contra el crimen organizado ha logrado controlar y debilitar especialmente a la Cosa Nostra, en Sicilia. La presencia y poder de la ‘Ndrangheta en Calabria y de la Camorra napolitana mantienen su dominio en sus respectivos territorios. La batalla contra la mafia no ha sido ganada. (John Dickie, Mafia Republic: Italy’s Criminal Curse. Cosa Nostra, ‘Ndrangheta and Camorra from1946 to the Present, 2013).

A pesar de sus diferencias, las tres mafias italianas tienen una característica esencial en común: su perversa relación con el Estado, al que han enfrentado, infiltrado y corrompido. Asimismo, se identifican por los vínculos con los hombres de negocios que les permiten blanquear el dinero producto del narcotráfico, la extorsión y sus demás actividades delincuenciales. A ello se debe que la fortaleza económica de la mafia italiana siga en ascenso y aún represente una de las mayores redes criminales del mundo. Esas entidades delictivas no son estáticas, sino perfectamente adaptables al cambio de las circunstancias, lo que hace inviable su exterminio.

Además del costo en vidas humanas, inestabilidad política, crisis económica y terror social, la presencia de la “tenebrosa asociación” causó en la conciencia del pueblo italiano y en sus instituciones democráticas un daño profundo que no será fácil superar. El proverbio italiano del siglo XIX “Quien tiene dinero y amigos se ríe de la justicia” no se ha borrado del todo. Como lo señala Salvadore Lupo en su Historia de la mafia, la Cosa Nostra ha tenido la capacidad de vincularse de manera novedosa con la gran política y los grandes negocios. Los gobiernos débiles y corruptos han convertido a las instituciones del Estado en meros lobbies, facciones o clientelas; son fuente de soborno al servicio de los negocios turbios y los poderes ocultos. La metástasis mafiosa está lejos de haber desaparecido y parece no tener fin. México va en esa dirección.

Paradigma de la delincuencia organizada, la mafia italiana y su relación con el Estado es ilustrativa de la simbiosis entre el narcotráfico y la política en México, alimentada por la corrupción y oculta tras una infructuosa guerra que ha dejado más de 160 mil víctimas durante los últimos nueve años y que, al parecer, nunca será ganada. Es una guerra perdida por la razón que expuso Ismael El Mayo Zambada en su diálogo con Julio Scherer García: “El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción”.

En su cinismo, concisión y contundencia, esa respuesta no ha sido rebatida en los hechos, después de un sexenio y medio de enfrentamiento armado y violencia demencial durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que han seguido estrategias casi idénticas y fallidas para enfrentar a esa Hidra de mil cabezas que es el crimen organizado.

La evidencia empírica acerca de un pacto entre autoridades corruptas y cárteles para fomentar el tráfico de estupefacientes es abrumadora: desde 1997, cuando se descubrió que el general Jesús Gutiérrez Rebollo, jefe del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, estaba al servicio de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, jefe del Cártel de Juárez, hasta la reciente fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, apoyada desde las instituciones del gobierno peñanietista, empeñado en ocultar la ineptitud y confabulación de los funcionarios responsables del vergonzoso desaguisado (Proceso 2022). Es la omertà de un silencio cómplice y timorato que paraliza.

“La corrupción facilita la amplia y poderosa maquinaria empresarial del crimen organizado, al tiempo de menguar los esfuerzos del Estado para confrontarlos. De hecho, la corrupción hace indistinguibles a los criminales de los oficiales” (Stephen Morris, Corruption, Drug Trafficking, and Violence in Mexico, 2012).

El reporte anual de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen es categórico y, curiosamente, coincide con El Mayo Zambada: La corrupción política representa el principal factor en el crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado. El presidente Peña Nieto ha hecho nada o muy poco para combatir la corrupción gubernamental vinculada a los cárteles de la droga y para desarticular las redes financieras que fortalecen el patrimonio económico del narco que lo dota de un poder corruptor ilimitado.

Esta es una de las razones por las que 64% de los ciudadanos y 84% de los líderes desaprueban el desempeño del presidente. Sólo 19% cree que su estrategia para combatir el crimen organizado ha sido la correcta, al tiempo de que 87% piensa que El Chapo se escapó con la ayuda de funcionarios de su gobierno. Asimismo, 76% de los ciudadanos y 93% de los líderes considera que la forma de enfrentar la corrupción ha sido equivocada (Reforma, 31/VII/15).

La desaprobación ciudadana al gobierno de Enrique Peña Nieto no afecta únicamente su popularidad, sino que se traduce en desconfianza creciente en las instituciones del Estado. Sólo la Iglesia y el Ejército tienen una aprobación de poco más de 50%, en tanto que el nivel de confianza en las demás instituciones es preocupante: gobierno de Peña Nieto (27%), Congreso y Suprema Corte (24%), policía (20%) y partidos políticos (16%). (Reforma, 4/VIII/15). Ello no revela una auténtica legitimidad democrática.

Ante el evidente rechazo ciudadano, el gobierno de Peña Nieto se ha refugiado en las Fuerzas Armadas y en una suerte de omertà en torno al Grupo Atlacomulco y al círculo más cercano de su gabinete, que lo protegen y al mismo tiempo lo limitan para tomar las decisiones que le permitirían salir de la parálisis política reinante, en medio de una situación económica muy adversa y de una sociedad cuya tolerancia parece estarse agotando.

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