TOLUCA, Edomex. (apro).- El PRD exigirá al gobernador Eruviel Ávila no soslayar en su cuarto informe de labores temas escabrosos como los de Tlatlaya, feminicidos, fuga de El Chapo, corrupción de OHL, Higa, observaciones de la Auditoría Superior de la Federación e inseguridad. Octavio Martínez, secretario general de dicho partido, destacó la necesidad de que el mandatario mexiquense aborde con lujo de detalle todos esos temas. “Es necesario que Eruviel Ávila se presente al pleno a rendir su cuarto informe, que escuche a los grupos parlamentarios en sus posicionamientos”, dijo, tras advertir que no se pueden omitir datos tan importantes en una real rendición de cuentas. El mandatario estatal, dijo, no puede ignorar ni salirse por la tangente ante los elevados índices de inseguridad en la entidad. La Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que de los 126 mil 619 delitos cometidos en mayo último, 16 mil 968 se registraron en el Estado de México y 14 mil 250 en el Distrito Federal, lo que las colocó como las entidades con el mayor índice delictivo en todo el país. “No hay resultados sólidos; hace crisis el gobierno de Eruviel. El PRD cree que el Estado de México es un narcoestado. El avance del crimen está desbordado en todo el territorio de la entidad”, dijo el dirigente perredista. Martínez comentó también que Eruviel Ávila deberá hablar de la masacre en Tlatlaya, donde fueron ejecutados extrajudicialmente 22 civiles, el 31 de junio de 2014. También tendrá que explicar, prosiguió, la razón para aplicar la alerta de género en 11 de los 125 municipios mexiquenses y cinco años después de la solicitud formulada por organizaciones civiles. Para el perredista tampoco puede pasar por alto la responsabilidad de las autoridades estatales en la fuga de El Chapo, la colusión de servidores públicos con OHL, y la connivencia con Higa para despojar de sus tierras a comuneros de Xochicuatla en Lerma, con fines de construir la Autopista Toluca-Naucalpan. Ávila Villegas, consideró, también se encuentra obligado a precisar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por mil 700 millones de pesos del Fondo de Seguridad Nacional utilizados con fines distintos, transferidos a cuentas personales o subejercicios, y por más de 800 millones de pesos en recursos canalizados a asociaciones civiles en circunstancias poco transparentes.