MÉXICO, D.F. (apro).- Policías comunitarios de Guerrero detenidos en agosto de 2013 exigieron su libertad ya que aseguraron que en dos años no se les ha podido comprobar su responsabilidad en los delitos de los que se les acusa, entre ellos secuestro. Nestora Salgado y Arturo Campos, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), denunciaron la prolongación injustificada de sus procesos judiciales y reprocharon al gobernador interino Rogelio Ortega Martínez, el incumplimiento de su promesa de liberarlos a través de una ley de amnistía. En una comunicación grabada desde el reclusorio femenil de Tepepan, en esta ciudad, la líder de la policía comunitaria de Olinalá, denunció que a dos años de su encarcelamiento no se le ha permitido defenderse de los delitos de que se le acusa. La comandanta insistió en que está siendo procesada por su labor a favor de su pueblo y reprobó que las supuestas víctimas que la acusan de secuestro no hayan acudido a carearse con ella el pasado 10 de agosto, lo que retrasó su proceso judicial. En el mensaje Nestora cuestionó a quienes la acusan “si en verdad les hubiera hecho un daño ¿por qué no se presentan a decirlo? ¿Por qué no me han dado la oportunidad de defenderme? ¿Por qué estoy encerrada sin saber nada?”. Notoriamente desesperada por el encierro, Salgado reprobó que la gente que la acusa de ser secuestradora, “no ha tenido el valor de presentarse” a los careos programados y “es como si apenas fuera a empezar el proceso”. Nestora reclamó al gobernador Rogelio Ortega Martínez el incumplimiento de su promesa de desistirse de los cargos que pesan en su contra, por lo que pidió la destitución del fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz. “No se desistió de los cargos cuando sabía que los policías de la CRAC somos inocentes, que nos tiene pagando por algo que no hemos cometido. Pido apoyo para destituir a este señor porque creo que tiene algunos vínculos con la delincuencia porque nos está poniendo cada vez más y más causas”, denunció Salgado. La líder comunitaria también hizo un llamado a la embajada de Estados Unidos para acelerar su proceso de reconocimiento de ciudadanía y puedan atender su defensa. Vía telefónica, Arturo Campos, de la casa de justicia de El Paraíso, en Ayutla, también de la CRAC, consideró que la detención de al menos 50 policías comunitarios, así como 10 líderes de esa organización indígena, tiene su origen en su manifiesta oposición a la exploración de empresas mineras en territorio indígena así como su postura contra la reforma educativa. Y se pronunció contra la propuesta de ley de amnistía del gobierno de Rogelio Ortega ya que, dijo, no incluye a los líderes comunitarios a quienes acusa de delitos graves como secuestro. “A nosotros se nos acusa de secuestro, delito que no entra en esa ley. Seguimos denunciando que nosotros no somos delincuentes, solamente estamos protegiendo a las comunidades de delincuencia común y organizada y contra el mismo gobierno cuando quieren atropellar derechos, por eso estamos detenidos”, explicó el líder indígena de Ayutla. Campos exigió acelerar los procesos judiciales en su contra y de sus compañeros quienes no quieren el perdón por que no son delincuentes. Respaldados por sus familiares, los dirigentes comunitarios invitaron a una movilización en Chilpancingo el próximo 21 de agosto para seguir exigiendo su liberación. En la conferencia, en la que presentaron el audio de Nestora y la llamada de Arturo Campos, estuvieron presentes Agustina García, esposa de Arturo Campos y Giovani Salgado, sobrino de la comandanta de Olinalá.