PUEBLA, Pue. (apro).- Los padres de siete estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quienes fueron acusados de colocar explosivos en edificios públicos de esta ciudad en junio, exigieron poner fin a la persecución que se mantiene contra los jóvenes a pesar de no existir prueba alguna en su contra. Los mentores denunciaron que desde la madrugada del 5 de junio, cuando policías ministeriales del estado allanaron sus casas para detenerlos, los estudiantes viven en la zozobra, al igual que sus familias, pues saben que la averiguación contra ellos sigue abierta y temen que en cualquier momento vuelvan a detenerlos. El catedrático de la BUAP, Miguel Ángel Rosas Bourgess, padre de Arafat Rosas -uno de los indiciados- dijo que este caso de represión no puede considerarse un caso local o aislado, sino que forma parte de un mensaje que desde las distintas instancias de gobierno se envía a la juventud del país. En el caso de los indiciados en esta entidad por la colocación de explosivos, señaló que la autoridad estatal ha tomado como un agravante que cinco de los jóvenes forman parte del Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Puebla y han participado en distintas manifestaciones sociales y estudiantiles, “como si ser inquietos y ser pensantes fuera un delito”, denunció. “Yo creo que el gobierno quiere mandarle un mensaje a los muchachos, no nada más a los nuestros, sino a todos los que andan pidiendo que se aclare lo de los 43 desaparecidos, lo de los muchachos de Veracruz, lo del periodista que mataron en el DF, a todos los muchachos inquietos les quieren mandar un mensaje de que se calmen porque contra la ley de ellos no se puede”, alertó. Los estudiantes son acusados de haber lanzado explosivos la madrugada del 1 de junio contra oficinas del INE y la Secretaría de Economía, así como en un paradero de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA). Los jóvenes que fueron detenidos el 5 de junio son Ana Rosa Zilli Colorado y Dulce Carolina Parra Escalona, de la Facultad de Medicina; Carlos Arafat Rosas Villegas, Juan Carlos Tepde Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Shariff Guerrero Contreras y Erick López Cruz, de la Facultad de Sociología. Aunque desde ese entonces la Procuraduría local sólo contaba con un escrito anónimo para acusarlos de haber participado en la colocación de explosivos, los padres de los muchachos señalaron que hasta la fecha la averiguación continúa abierta y ni siquiera les permiten acceder al expediente. También expresaron que les quedó claro que esta persecución no es una política sólo del gobierno de Rafael Moreno Valle, sino una campaña federal, porque les fue negado un amparo con el que pedían que los abogados de los jóvenes pudieran tener acceso a su expediente y ver el movimiento que ha tenido el caso. Rosas Bourgess consideró inexplicable que “bajo argumentos absurdos” se niegue el amparo de la justicia federal a siete “buenos estudiantes”, y en cambio se conceda ese beneficio a un narcotraficante prófugo de la justicia como Joaquín El Chapo Guzmán. Luego comentó que los jóvenes incluso han visto afectada su vida académica a raíz de este hecho, y que incluso uno de ellos decidió abandonar la escuela e irse de la entidad por el terror con el que ha vivido desde la fecha en que los detuvieron. Narró que su hijo Arafat, quien se encuentra en proceso de elaboración de la tesis y que incluso fue invitado a Alemania para presentar un avance de su investigación, tiene hasta ahora su trabajo detenido porque la Procuraduría aseguró la computadora en el que tiene sus fichas de trabajo y hasta ahora les ha negado regresarla o recuperar la información. Otro de los padres narró que su hija y el resto de su familia han visto afectada su vida, pues padecen el temor constante de que los policías vuelvan a entrar a su casa mediante el uso de la fuerza, como lo hicieron la madrugada del 5 de junio. “No le vemos ningún sentido de que dejen abierta una averiguación donde no han encontrado nada, donde lo único que la sostiene es una carta anónima que nadie sabe quién hizo”, señaló el padre de familia apoyado por otros, quienes reclamaron que ya se cierre el caso y dejen que los jóvenes recuperen sus actividades académicas con normalidad.