TOLUCA, Edomex., (apro).- “Los policías pasaron sobre mí, me patearon y me pisaron”, relató la señora Mercedes Orozco Ruiz con voz apenas perceptible, producto del cáncer de pulmones en etapa terminal nivel 4 que padece, al referirse al desalojo violento que su familia sufrió la mañana de este miércoles en Cuautitlán Izcalli. Sin orden de desalojo, a pesar de que existe suspensión decretada por el Amparo Indirecto 880/2015, y con apoyo del Grupo Táctico del municipio, doña Mercedes y su esposo Juan Sánchez Flores fueron echados de su vivienda ubicada en Privada Villaurbane Número 10, Manzana 3, Lote 1, por la empresa URBI Desarrollos Urbanos contra quienes mantiene un juicio hipotecario que no se ha resuelto. La suspensión, no fue respetada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, Rogelio Díaz Morales, quien ordenó el acto. En tanto, a su hijo Juan Antonio Sánchez Orozco, de 22 años, los policías le fracturaron tres costillas y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Durante más de tres horas, el médico legista omitió suministrar al joven algún analgésico y después de ser atendido fue ingresado a las instalaciones del Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli, donde se encuentra detenido. Como resultado de la represión, la propia Mercedes Orozco debió ser traslada de manera inmediata para su atención al ISSEMyM de Naucalpan; otra señora de nombre María del Rosario Chagoya sufrió convulsiones por los golpes y fue canalizada al ISSSTE de Tlalnepantla, y María Gabriela García Aley a la Cruz Roja de Izcalli por fractura en el tobillo izquierdo. “La actuaria –del Juzgado Tercero en Materia Civil de Cuautitlán Izcalli- Blanca Pineda Ochoa tenía la consigna de ejecutar la orden de desalojo; los cuerpos de seguridad y personas vestidas de civiles recibieron la orden de actuar con lujo de violencia en todo momento, y la representante del Poder Judicial del Estado de México nunca presentó la orden de desalojo”, señaló José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD). Durante el desalojo que calificaron como ilegal, fueron detenidos 15 integrantes más de esta organización que en el Estado de México se encarga de la lucha contra los fraudes inmobiliarios, por lo que demandaron su inmediata liberación. También exigen la destitución del comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Javier Santiago Bautista, quien supervisó el desalojo. Pérez Espinoza consideró que el uso de la fuerza pública en este caso “sólo confirma que el gobierno de Eruviel Ávila ha iniciado una etapa de represión en contra de nuestro movimiento”. “Estos actos de represión se pudieron evitar si el gobernador Eruviel Ávila Villegas y el procurador Alejandro Gómez Sánchez hubieran cumplido desde el mes de junio de 2015 el aseguramiento del Conjunto Urbano Urbi Quinta Montecarlo, en lugar de proteger impunemente a los representantes de las empresas URBI Desarrollos Urbanos y VINTE Viviendas Integrales, Sergio Armando Guevara Márquez, René Jaime Mungarro y Sergio Leal Aguirre”, señaló. Estos personajes, recordó, cuentan con una orden de aprehensión por fraude inmobiliario, en colusión con empresas como OHL, y desde hace 163 días se mantienen prófugos de la justicia.