MÉXICO, D.F. (apro).- La organización internacional Artículo 19 -que funge como abogado coadyuvante de la familia del fotoperiodista Rubén Espinosa- difundió el “Informe sobre investigaciones de PGJDF en el asesinato de Rubén Espinosa”. En su página de internet, aseguró que en la investigación de la PGJDF hubo “violación de protocolos internos” y faltas a la normatividad con la filtración de información sobre el caso “de manera ilegal y dolosa” a medios de comunicación y “en perjuicio de las víctimas, de la opinión pública y de la libertad de prensa”. Dijo que las filtraciones buscan desviar y manipular la atención pública del caso y entorpecer la indagatoria, lo que atenta contra el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Por este punto, hizo un “enérgico llamado” a las autoridades ministeriales a detener las filtraciones “que sólo han revictimizado, estigmatizado y criminalizado” a las víctimas y a sus familiares, “generando un juicio mediático que no abona en nada a la búsqueda de justicia”. El informe de Artículo 19 acusa a la PGJDF de ser omisa en investigar a fondo la línea sobre la labor periodística de Rubén Espinosa en Veracruz y los antecedentes de agresiones, hostigamientos y amenazas que sufrió. Detalla que en las investigaciones no ha intervenido la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas. Por ello, acusa “falta de voluntad” para agotar esta línea de investigación pues, desde el inicio la dependencia encabezada por Rodolfo Ríos Garza no aplicó la perspectiva del ataque a la libertad de expresión, “pese al discurso que ha sostenido frente la opinión pública”. Incluso, la organización señala que no ha tenido acceso a la declaración del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ni de altos funcionarios de Veracruz “ya que se encuentran en sobre cerrado”. De cualquier forma, dijo, esas diligencias son “claramente insuficientes para agotar lo que debería ser la línea principal de investigación”. Hasta el momento, agregó, la investigación es “profundamente insatisfactoria”. En el tercer punto del informe, Artículo 19 manifiesta su preocupación porque una de las pruebas contundentes de la PGJDF para sostener su hipótesis oficial es la declaración Daniel Pacheco Gutiérrez, quien denunció que fue torturado por quienes lo detuvieron y presentó lesiones en rostro, espalda y hombros. La organización denuncia que el primer mensaje que la PGJDF dio a la familia de Rubén Espinosa Becerril fue a través de la subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad –el pasado 7 de agosto— quien le informó que el joven dio positivo en el examen de drogas, “lo cual no se puede interpretar más que como un mensaje para estigmatizar a Rubén”. La PGJDF, destaca el documento, no tiene mecanismos institucionales para investigar y proteger a periodistas, activistas y en general mujeres víctimas de violencia feminicida. La organización llamó a la PGJDF a agotar en los hechos todas las líneas de investigación, garantizar el derecho a la verdad a las víctimas, evitar cualquier filtración de la investigación y garantizar la reparación integral a las víctimas. Hizo un “enérgico llamado” a todos los órdenes de gobierno para hacer valer los estándares normativos vigentes en materia de protección a la libertad de expresión y construir “verdaderas instituciones que protejan la libertad de expresión y dejen a un lado la simulación”. Y sentenció: “con independencia de los avances de las investigaciones, para Artículo 19 no queda la menor duda de que la falta de condiciones para ejercer el periodismo en Veracruz y la ausencia de mecanismos institucionales eficaces para proteger a los periodistas en cualquier parte del país --incluido el Distrito Federal--, fueron pieza clave en la muerte del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril”.