CHIHUAHUA, Chih., (apro).- Juzgados federales de esta entidad ampararon a 187 adolescentes infractores luego de que las autoridades penitenciarias los reubicaron de centro de internamiento de manera arbitraria y sin la presencia de sus abogados defensores. Padres de familia denunciaron que durante el traslado de sus hijos, en enero pasado, éstos fueron sometidos a torturas, por lo que interpusieron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y posteriormente promovieron amparos contra el desplazamiento. El pasado 23 de enero la Fiscalía General del estado (FGE) decidió cerrar el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai) número 2 de Cuauhtémoc, donde se encontraban internos 78 adolescentes, 37 de los cuales tenían entre 14 y 17 años de edad. Los otros 41, mayores de 18, cometieron ilícitos siendo menores de edad y pagan su sentencia en reclusión. La justificación que dieron las autoridades para el cierre del centro fue que transformarían el sistema de adolescentes infractores, además de que requerían mayor seguridad para mejorar la vida de los internos, y que estos tuvieran mejor infraestructura y tratamiento. Tres internos del Cersai de Cuauhtémoc escaparon dos días antes del traslado, pero fueron capturados casi inmediatamente después. En esa ocasión, dos custodios fueron acusados de soborno y evasión de reos. Pese a lo expuesto por las autoridades para realizar el cambio, en el último informe de la CEDH, el Cersai de Cuauhtémoc fue el mejor evaluado con 6.5, mientras que el de Chihuahua recibió una calificación de 6.2 y el de Juárez fue reprobado con 5. 9. El día que cerraron el Cersai de Cuauhtémoc, las autoridades determinaron reestructurar los otros dos centros, el 1 de Chihuahua y el 3 de Juárez. Entre reclamos, protestas y denuncias de padres de familia, todas las mujeres y los varones menores de 18 años fueron llevados al Cersai de esta capital, y al de Juárez los mayores de 18. De los adolescentes que se encontraban en el Cersai número 2 de Cuauhtémoc, 37 fueron reubicados en el de Chihuahua y 41 al de Ciudad Juárez. En tanto, del Cersai número 1 trasladaron a cien infractores mayores de edad al Cersai 3. Y de éste se llevaron a 15 mujeres mayores y menores de edad al Cersai de esta capital. La mayoría de los representantes legales de los adolescentes promovieron amparos. Posteriormente algunos se desistieron, pero los que se mantuvieron lograron que se les concediera la medida cautelar a favor de los internos. El Ministerio Público se inconformó y los casos pasaron a tribunales colegiados. Hasta ahora se han confirmado 19 amparos a favor de los adolescentes en los tribunales, pero sólo se ha dado cumplimiento en ocho casos, por lo que los menores infractores regresaron de Juárez a Chihuahua. Los otros 11 amparos no se han cumplido porque la FGE solicitó prórroga, según el magistrado especializado en adolescentes en conflicto con la Ley del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Rogelio Guzmán Holguín. El magistrado precisó que el Poder Judicial de Chihuahua no es parte involucrada, pero al presidente magistrado, José Miguel Salcido Romero, le notificaron con el listado de cada centro sobre los traslados, y han dado seguimiento a cada caso porque llevan sus causas penales. En el caso de los trasladados a Chihuahua, 65 promovieron amparos y todos fueron concedidos. El Ministerio Público se inconformó y pidió la revisión. Hasta ahora el Tribunal Colegiado ha confirmado tres a favor. La representación social solicitó una prórroga para no trasladar todavía a los internos, pero el Tribunal Colegiado aún no resuelve si procede esa petición. En el caso de los adolescentes trasladados a Juárez, promovieron 122 amparos y todos fueron concedidos. El Tribunal Colegiado confirmó 16, de los que se ha dado cumplimiento a ocho. Mientras tanto, el Cersai de Cuauhtémo dejó de funcionar, pese a que fue el mejor evaluado en siete variables enfocadas a derechos humanos: situación jurídica, estancia digna y segura, integridad física y mental, desarrollo de actividades productivas y educativas, vinculación social del interno, origen y aplicación de sanciones, y atención a grupos especiales. La CEDH confirmó la evaluación después de 110 visitas a los Cersai: 60 a Chihuahua, 30 a Cuauhtémoc y 20 a Juárez, además de que realizó 335 entrevistas con internos y autoridades, 145 en Chihuahua, 110 en Cuauhtémoc y 80 en Juárez. De acuerdo con el magistrado Guzmán Holguín, los traslados han generado un incremento importante de gastos, porque con frecuencia los internos deben ser trasladados de Juárez a Chihuahua y viceversa para acudir a audiencias en las que se requiere su presencia, aunque algunas oras son realizadas por videoconferencias. De Juárez a Chihuahua, añadió, se deben recorrer más de 400 kilómetros, y los gastos debe cubrirlos la subdirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Poder Ejecutivo. Respecto de la capacidad en cada uno de los centros de reclusión, en el Cesari de Juárez debe haber 220 internos, pero ahora viven 280, lo que impide que reciban formación individualizada y deben rotarse los días para asistir a talleres, por ejemplo. En el caso de la formación académica, también les ha afectado porque las autoridades penitenciarias no han homologado los programas y algunos adolescentes tuvieron que repetir año por esa situación.