MONTERREY, N.L. (apro).- La agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) estimó que la “tragedia humanitaria” que vive la entidad por la violencia generalizada podría haber ocasionado unas 10 mil víctimas de las que se desconoce su paradero. Al emitir un comunicado, en el que reprochó la ligereza de las autoridades y medios por el manejo de cifras en el caso del ‘narco-rancho’ localizado en Salinas Victoria, donde han sido encontrados miles de restos humanos, destacadamente fragmentos de huesos, Fundenl alertó que la “cifra negra” por víctimas de este delito puede ser mucho mayor a la estimada por las autoridades, que han ocultado información de estos casos. “La tragedia humanitaria que vive Nuevo León por la desaparición de personas es enorme y fue ocultada y administrada por el gobierno de Rodrigo Medina y organizaciones afines. Las víctimas pueden llegar a 10 mil personas por los casos no denunciados y si se toma en cuenta a la población migrante”, acusó la ONG. “Una de las prioridades que se le plantearon al nuevo gobierno es que se debe contar con un registro confiable del número de personas desaparecidas en el estado”, se advierte en el boletín que difundió la agrupación que coordina en la entidad Irma Leticia Hidalgo, madre de un joven secuestrado. Fundenl se pronunció así sobre las víctimas de desaparición “ante la incertidumbre, confusión y revictimización generada entre familiares de víctimas de desaparición en Nuevo León por el lanzamiento irresponsable de información con un interés político”. El viernes pasado, al finalizar un encuentro entre funcionarios de la Procuraduría estatal y familiares de desaparecidos, la hermana Consuelo Morales, presidenta de Ciudadanos en apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), reveló que las autoridades confirmaron que en un rancho de Salinas Victoria, municipio ubicado 25 kilómetros al norte de la capital, habían sido encontrados 30 mil restos humanos, con los que habían sido identificadas 31 víctimas, a través de la comparación de perfiles genéticos. Fundenl recordó que en julio de 2014, cuando la PGJE encontró predios con restos humanos, solicitó información que le fue negada por el entonces encargado de la dependencia, Alejandro de la Garza Santos, con el argumento de que las familias “no tenían interés jurídico” en el tema. Pese a la negativa, los familiares se enteraron que había trabajos desde el 2011 en el rancho de Salinas Victoria y en un área del municipio de Sabinas Hidalgo. Además, los activistas de Fundenl se quejaron de que hay decenas de ubicaciones, no tan extensas como las que ahora han sido dadas a conocer, donde han sido encontrados restos humanos que no han sido analizados por falta de recursos de la PGJE. Por ello, los familiares reprobaron los intentos por obtener ventaja política de la tragedia de los desaparecidos y pidieron a los medios ser más rigurosos con la información que manejan. “Rechazamos cualquier intento por lucrar con el dolor de las familias de víctimas de desaparición y argumentar justificaciones como ‘Ya no hay líneas de investigación’, vengan de quien vengan. Hacemos un llamado a los medios de comunicación para verificar las fuentes de la información”, anotaron. “Su difusión incorrecta puede contribuir a la revictimización de las familias. En este caso en particular las informaciones mencionaban 31, 3 mil y 31 mil restos humanos, lo que contribuyó a la incertidumbre”, lamentó la agrupación. También pidieron al gobierno estatal ser transparente en el manejo de cifras para evitar confusiones que lastiman a los deudos. No existe en la entidad, subrayaron, una estadística oficial sobre el número de desaparecidos.