OAXACA, Oax. (apro).- A petición de la Comisión de la Verdad, la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social consignó hoy ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos el expediente de la ejecución extrajudicial de un integrante de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca cometida durante el conflicto de 2006. Luego de cumplir con la formalidad, Alejandro Solalinde Guerra, Marina Patricia Jiménez Ramírez y Diego Enrique Osorno González y el fiscal Samuel Castellanos hicieron un llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas, para que ordene la aprehensión de las exautoridades de San Antonino Castillo Velasco y se les juzgue conforme a derecho. Resaltaron que el caso de Arcadio Hernández Santiago es un hecho inédito, por primera vez en México se da una consignación de una ejecución extrajudicial basada en estándares internacionales y puede ser el inicio de una aplicación de la justicia que rompa el pacto de impunidad prevaleciente. El caso de Hernández Santiago pretende ser un primer paso en la aplicación de justicia en los sucesos registrados en 2006 y 2007. La Comisión de la Verdad dará seguimiento a los procedimientos que se lleven a cabo o se dejen de hacer e incorporará una relatoría al informe que presentará en febrero de 2016, manifestó el escritor Diego Osorno. En la conferencia de prensa, también hicieron un llamado al defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, para que emita medidas cautelares que garanticen la seguridad e integridad de familiares, testigos y todos los involucrados en el caso. La Comisión de la Verdad informó que, como resultado de un trabajo de justicia transicional coordinado con la Fiscalía, este martes se presentó la consignación de las exautoridades municipales de San Antonino Castillo Velasco por la ejecución extrajudicial del policía comunitario y activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Arcadio Hernández Santiago, cometida el 2 de octubre de 2006. Detallaron que en esa fecha, en el paraje conocido como la Rotonda de las Azucenas, mientras la policía comunitaria realizaba rondines de vigilancia sin armas de fuego, fueron atacados por personas a quienes se logró identificar como policías municipales de San Antonino Castillo Velasco que actuaron por órdenes de su autoridad superior. Aunque ninguno de los indiciados confiesa su participación en el crimen, sí reconocen y dan cuenta de haberse encontrado en la escena del mismo en la hora y lugar señalado, además de que reconocen haber escuchado detonaciones de arma de fuego. Los acompañantes de la víctima señalan e identifican plenamente a los indiciados con todo y que algunos portaban ropas negras y pasamontañas. “Los perpetradores del crimen, de quienes reservamos su identidad para no entorpecer la acción de la justicia, actuaron en coautoría y consumaron la ejecución extrajudicial en pleno ejercicio de sus funciones como autoridades municipales de San Antonino Castillo Velasco”. Consideran que “es una ejecución extrajudicial por la participación de agentes del Estado, además de calificarse como un delito que constituye una violación grave a los derechos humanos. Y es que Arcadio Hernández Santiago fue asesinado por proyectil de arma de fuego calibre .9 milímetros. Según consta en la averiguación previa 21/FIDTS/2011 se analizaron un total de 84 pruebas, entre las cuales se encuentran la autopsia forense, dictámenes de balística, planimetría, química forense, mecánica de lesiones. Además, la Comisión de la Verdad de Oaxaca realizó un peritaje socioantropológico para determinar las condiciones del contexto social en el que sucedieron los hechos, así como también un peritaje sobre Reparación del Daño de los deudos, toda vez que la viuda y los siete hijos huérfanos que dejó el señor Arcadio Hernández Santiago, a la fecha, no han sido indemnizados, como sí ha sucedido con algunas otras víctimas. El único apoyo recibido ha sido por parte del Fideicomiso de Apoyo a Familiares de los Caídos de 2006 de la Sección 22. Hicieron mención que a la par de esta ejecución extrajudicial, en el municipio de San Antonino Castillo Velasco se cometieron múltiples y graves violaciones a los derechos humanos en el periodo 2006 y 2007 donde se presume que estas acciones, además de realizarse con total impunidad, contaron con la colaboración de autoridades estatales, es decir de Ulises Ruiz Ortiz. La ejecución extrajudicial perpetrada no fue un hecho aislado, fue cometida en el marco de un conflicto social municipal y estatal, toda vez que ciudadanos inconformes desconocieron a su autoridad e integraron un ayuntamiento popular. El conflicto social de 2006 no se circunscribió a un problema de unas cuantas calles de la ciudad capital. El caso de San Antonino deja ver que fue generalizado en las ocho regiones del estado. Finalmente resaltaron que frente a las grandes exigencias y demandas nacionales e internacionales -por poner ejemplos recientes los casos de Ayotzinapa y Guatemala- la acción coordinada de las autoridades y la aplicación de criterios de justicia transicional, no repetición y derecho a la verdad pueden hacer que se rompa la continuidad en la impunidad, la complicidad entre autoridades y la corrupción que permea en el aparato de procuración de justicia.