LIMA (apro).- La petrolera estatal peruana, Petróleos del Perú (Petroperú), se ha convertido en las últimas semanas en el foco de una pugna en el ring de la política del país andino cargada de vaivenes, contradicciones y oportunismo electoral. El enfrentamiento ha dejado sorprendentes reconversiones en la oposición, un quiebre entre el gobierno y la bancada oficialista en el Congreso, una nueva muestra de la debilidad del Ejecutivo y una oportunidad para que la compañía salga del ostracismo en el que se halla sumida desde hace dos décadas. El motivo inmediato de este choque es el regreso o no de la compañía a las actividades de extracción de crudo, tras más de dos décadas ausente de este rubro. Sin embargo, en el fondo de la polémica está el futuro de Petroperú, que languidece desde la época de las grandes privatizaciones de los noventa y que es desde hace tiempo objeto de debate entre los defensores de neoliberalismo a ultranza y aquellos que propugnan una mayor intervención del Estado. La petrolera fue víctima, como tantas empresas estatales peruanas, de la conjunción entre la ola liberalizadora del Consenso de Washington y el desastroso primer gobierno de Alan García en Perú (1985-1990), que dejó un gigantesco agujero en las finanzas públicas. Su sucesor, Alberto Fujimori (1990-2000), promulgó en 1993 una nueva Constitución que abraza con fervor los postulados del liberalismo económico y comenzó a desbaratar las empresas públicas, incluida Petroperú. “A partir de 1993 se vendieron todas las estaciones de servicio, la compañía de gas más grande, todos los barcos para el abastecimiento de combustibles y sus dos principales lotes petroleros”, explica Humberto Campodónico, experto en economía de hidrocarburos y presidente de la empresa pública en el primer año y medio de gestión del actual presidente, Ollanta Humala. Los demás lotes fueron concesionados a empresas privadas (o ya lo estaban en ese entonces), pero la privatización, añade Campodónico, “no se pudo concluir porque en el año 98-99 la oposición fue tan grande que Fujimori la tuvo que parar”. Desde entonces, agrega, “Petroperú ha estado en el corredor de la muerte, lista a ser ejecutada, sin poder contratar nuevo personal y quitándole activos poco a poco”. Tan sólo se quedó con tres refinerías y el Oleoducto Norperuano, que lleva el crudo desde la selva amazónica hasta la costa. Como consecuencia, la producción nacional ha bajado desde un máximo de 180 mil barriles al día a los poco más de 60 mil actuales y Petroperú ha pasado de tener más de 7 mil empleados a menos de 2 mil 600. La liberalización petrolera llegó a tal extremo que incluso “la propiedad del petróleo es previo pago de una regalía del licenciatario, que no tiene ni siquiera la obligación de venderlo al mercado interno”, sostiene Campodónico. Tan sólo en Argentina, afirma, el licenciatario es también dueño del petróleo, “pero con más limitaciones que Perú”, que “es lo más liberal que puede haber”. Se daba la paradoja de que mientras la petrolera estatal peruana no operaba un solo pozo de extracción en todo el país, las de otras naciones como la brasileña Petrobras, la colombiana Ecopetrol, la surcoreana KNOC, la china CNPC o la argelina Sonatrach han estado extrayendo crudo. Incluso la chilena ENAP tuvo participación en una red de estaciones de servicio peruana. Bandazo Cuando Humala llegó a la presidencia, en 2011, lo hizo con el compromiso de reforzar Petroperú. Campodónico explica que su misión inicial como presidente de la compañía era que los lotes que en estos años estaban terminando su periodo de concesión fuesen explotados por la petrolera estatal. “No tienen riesgo porque no hay exploración sino que es un negocio en marcha”, subraya. Incluso conformó un área de exploración y producción con un equipo de 14 técnicos. Pero el Ejecutivo cambió pronto de rumbo y a los seis meses el ala izquierdista abandonó del gobierno y el presidente fue inclinándose cada vez más pronunciadamente hacia los postulados del empresariado neoliberal. Las oportunidades de que Petroperú recuperara los lotes para explotarlos se fueron desechando una a una y se fueron ampliando las licencias para los antiguos operadores. A lo que sí accedió el gobierno fue a la modernización de la refinería más importante del país, la de Talara, situada en la costa del Pacífico. Se firmó un contrato por unos 3 mil 500 millones de dólares con la firma española Técnicas Reunidas para llevar a cabo este proceso, que permitirá ampliar la producción de 65 mil a 95 mil barriles diarios de un crudo de una mayor calidad. Sin embargo, la pala de cal vino con dos de arena y a la hora de aprobar la ley que autorizaba la mejora de la refinería, a finales de 2013, el gobierno incluyó sendos artículos que despertaron las alarmas en Petroperú. Por un lado, se le impedía entrar durante el proceso de modernización, que se prevé que duré entre cuatro y cinco años, en la actividad extractiva. Por otro, la petrolera se abría a la inversión privada hasta un máximo de 49% de las acciones. Los sindicatos de la empresa comenzaron una campaña de recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa al Congreso con el fin de eliminar estas dos disposiciones. A pesar de la norma, en febrero pasado el directorio de la compañía, con el apoyo del entonces ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, y el aval del propio Humala, aprobó la participación en la explotación de dos lotes junto con una empresa privada (que tendría 75% de la operación frente a 25% de la estatal). Pero sólo unos días después Mayorga se vio obligado a dimitir a raíz de unas protestas contra una petrolera en una región amazónica que dejaron un muerto. En su lugar llegó Rosa María Ortiz, quien se opuso al regreso de Petroperú a la explotación aunque fuera como socio minoritario. En marzo, el presidente del directorio de la empresa, Pedro Touzzet, tuvo que dejar su cargo. En un mes, el presidente había cambiado radicalmente su posición y el gobierno argumentó que la petrolera al llevar más de 20 años sin extraer una gota de crudo, no estaba capacitada técnicamente para volver a la explotación y, además, debían concentrarse exclusivamente en la modernización de Talara sin distraer sus recursos en “aventuras empresariales”. No obstante, diversos académicos y especialistas, apoyados por un estudio independiente de la consultora internacional Wood Mckenzie, defienden que Petroperú no sólo tiene capacidad para volver a operar pozos, sino que esto la reforzaría como empresa. “La refinería es un negocio donde todo depende del margen. Compras a 100 y vendes a 105 o 106. Si el precio baja, inmediatamente vienen las pérdidas”, argumenta Campodónico. “Es por eso que las empresas se integran verticalmente, para equilibrar. Pero a Petroperú no la dejan”. Los trabajadores de la empresa son muy críticos con el giro dado por Humala en su política petrolera. “El presidente, como no tiene experiencia en gestión pública, porque es un militar, se deja rodear por gente interesada: la burocracia metida en el Ministerio de Finanzas que sabemos que trabaja en grandes lobbies y que en coimas (extorsión) maneja millonadas”, acusa el secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú, Lino Cerna. “Hincha de Petroperú” En este contexto, se llegó en agosto pasado al fin de la concesión del lote petrolero más importante del país, el 192, situado en la región amazónica de Loreto, operado por la argentina Pluspetrol. El contrato terminaba el 29 de agosto y Campodónico afirma que en 2011, cuando él era todavía presidente de Petroperú, la empresa había anunciado que no iba a continuar y que no podía invertir más porque no tenía modo de recuperarlo. Pidió que se licitara entonces el lote, a cuatro años vista, para que el nuevo operador pudiera comprobar sus inversiones para mejorar las instalaciones y devolverle ese monto. Pero el gobierno peruano no sólo no atendió a esta solicitud, con lo que la producción del lote 192 cayó de 20 mil a 10 mil barriles diarios, sino que postergó la licitación hasta el último momento. Finalmente, se convocó (para un periodo de 30 años) en mayo pasado, pero --en medio de la crisis del precio del petróleo y con unas regalías que superan ampliamente las del resto de la región-- ninguna compañía hizo una propuesta. El 4 de agosto el gobierno tuvo que declararla desierta. La coyuntura fue aprovechada por aquellos que anhelan el resurgimiento de Petroperú, que pidieron que el lote fuera concedido a la empresa estatal. Este pedido se vio secundado por el gobierno regional y los habitantes de Loreto, que protagonizaron varias marchas multitudinarias en apoyo a esta reivindicación. El debate sobre la empresa pública acaparó la actualidad política. El gobierno argumentó el “candado” impuesto para la modernización de Talara y el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, aseveró en el Congreso que Petroperú “en la actualidad carece de los cuadros técnicos, de los ingenieros, de los geólogos, con capacidad para administrar un proyecto de esta envergadura”. Pero apenas unos días antes el gobierno había propuesto a la petrolera pública que participara con 25% en la explotación del lote de la polémica junto con la canadiense Pacific Exploration & Production, con la que estaba negociando un contrato de servicios de dos años de duración. En ese plazo aspira a llevar a cabo otra licitación para las tres siguientes décadas. Petroperú lo rechazó considerando entre otras razones que las condiciones ofrecidas no le convenían y el corto plazo dado para asumir las operaciones. Por otra parte, por las mismas fechas el presidente del directorio de Petroperú, Germán Velásquez, había dicho en una alocución a sus trabajadores que sí estaban preparados para hacerse cargo del lote para un plazo de 30 años. Para Campodónico la explotación del 192 no sólo no pondría en riesgo el financiamiento para mejorar la refinería, sino que la reforzaría. “Como ya está en explotación, ya está produciendo, inmediatamente ya tienes un flujo de caja que te va a permitir pagar con mayor facilidad los préstamos de Talara”, afirma. A pesar de todo, el gobierno acabó firmando el contrato con Pacific. Loreto convocó a un paro de dos días con un apoyo mayoritario de la población. Además, organizaciones indígenas paralizaron varios pozos petroleros en la región. La sombra del ‘Baguazo’, unas protestas en la selva peruana contra unas leyes referentes a las concesiones mineras y a la explotación de hidrocarburos en territorios indígenas que dejaron 33 muertos (23 de ellos policías) y un desaparecido, y la perspectiva del voto de toda una región en las elecciones generales del próximo año, movilizaron al Congreso. Cuatro días después de la firma del contrato con Pacific, el Legislativo aprobó apresuradamente una ley que autoriza a otorgar a Petroperú mediante negociación directa la explotación del lote. Tan sólo 10 parlamentarios votaron en contra y 70 lo hicieron a favor. Entre éstos se encontraban los del partido fujimorista, que sólo unos días antes habían impedido que el pleno legislativo votara de urgencia (sin pasar por comisiones) esa misma medida. Pero también muchos del gubernamental Partido Nacionalista, incluidos la vicepresidente Marisol Espinoza y algunos de los más incondicionales defensores del gobierno. El sector empresarial peruano salió a criticar duramente esta decisión. El presidente de la Conferencia Nacional Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez Montenegro, lamentó que “una decisión empresarial de una empresa del Estado esté subordinada a una decisión política”. “Eso es lo que ha pasado en Petrobras, eso es lo que pasa todos los días en PDVSA ¿Queremos un Petrobras en Perú donde las decisiones empresariales están supeditadas a decisiones políticas? ¿Queremos un PDVSA para que financie campañas políticas, para que exporte modelos ideológicos, para que regale el dinero?”, reclamó. La ley todavía tiene que ser promulgada por Humala y el acuerdo con Pacific ya no se puede romper, porque iría en contra de la Constitución de 1993. Pero quienes quieren un Petroperú fortalecido ven en ella una oportunidad para que la compañía recupere el lote dentro de dos años y empiece a remontar el vuelo. “El 192 no se va a hacer mañana ni pasado. Hay que respetar el contrato (con Pacific) y mientras tanto hay que estar preparando a la empresa y todos los documentos para que esta contratación se haga”, asegura Lino Cerna. Sin embargo, no está clara cuál va a ser la línea del gobierno al respecto. El ministro de Economía, Alonso Segura, ha dado declaraciones en el sentido de que Petroperú podría volver a la extracción, pero la ha condicionado a la entrada del capital privado en la empresa: “Si entra capital privado a la empresa, vamos a tener una empresa que tenga capital y know-how y tenga esos recursos como para poder operar”. Por otra parte, ha subrayado que “el Partido Nacionalista, a diferencia de otros, siempre ha tenido una visión de un rol bastante más activo de Petroperú”. Y Humala ha sacado pecho asegurando que su formación es “hincha de Petroperú”. Pero a la vez, según denuncia el sindicato, el área de exploración y producción que se había formado hace cuatro años ha pasado de 14 a diez personas y dos más acaban de recibir una carta de pre-despido. “A la empresa siempre la patean, la tiran al suelo, la quieren enterrar, para poder desprestigiarla y privatizarla”, lamenta Campodónico, quien sin embargo confía en que el gobierno de Humala acepte la norma del Congreso y “se negocie en dos años para que Petroperú entre el agosto de 2017 al 192, pero negociándolo desde ahora”.