MÉXICO, D.F. (apro).- En medio de las discusiones legislativas sobre el diseño del futuro Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación ante el “riesgo inminente” de que la legislación secundaria en esa materia resulte fragmentaria, incoherente y produzca contradicciones. Algunas iniciativas presentadas por diversos partidos, añadieron, no tienen congruencia ni armonía normativa, y eso podría abrir mayores espacios a la corrupción en lugar de combatirla. “Sería fácil si fuera un solo partido el que estuviera obstaculizando las discusiones, pero no es el caso. Es más difícil, es un desorden, hay una falta de coordinación y de comunicación entre todos los decidores”, planteó Mauricio Merino, investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), al referirse a los partidos políticos y al propio gobierno. “Se está jugando el futuro del país”, abundó. Las instituciones fueron incapaces de resolver los casos de la Casa Blanca, la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, los audios de OHL o el lavado de dinero operado por el banco HSBC, entre muchos otros, destacaron las organizaciones. Por ello, esta mañana dieron a conocer un manifiesto en el que plantearon los puntos mínimos que deberá incluir el SNA, entre ellos el reforzamiento de los poderes y la independencia de las instancias de control, así como la rendición de cuentas de los mecanismos del sistema y el control ciudadano sobre las mismas. En este sentido, propusieron que un representante de los Comités Ciudadanos presida el secretariado técnico del SNA. De igual manera, demandaron la creación de “un verdadero sistema civil de carrera que elimine la captura política de los puestos públicos”, y pidieron que las autoridades se obliguen a investigar ‘ex oficio’ los supuestos casos de corrupción documentados, por ejemplo, a través de la prensa. Las organizaciones, entre ellas Fundar, Transparencia Mexicana, Red para la Rendición de Cuentas o Artículo 19, recordaron que los legisladores tienen hasta mayo próximo para elaborar y promulgar una nueva ley de responsabilidad general –que abarcará tanto a los funcionarios como a los  particulares involucrados en redes de corrupción-- y una ley general del SNA. Lo anterior abrirá el paso a un largo camino legislativo en el que diputados y senadores deberán aprobar tres leyes orgánicas y armonizar cerca de 20 leyes federales con el nuevo sistema. “Este desafío no debe afrontarse de manera fragmentaria, ni someterse a los humores de la negociación política en cada una de las piezas legislativas que deben promulgarse”, subrayaron las organizaciones, al exigir que las discusiones se lleven a cabo de manera “pública, abierta y de cara a la nación”. Insistieron, asimismo, en la necesidad de una política pública “completa, articulada y coherente” que tenga la capacidad de detectar, investigar y desarticular las redes de corrupción que dañan al Estado mexicano. “No queremos un zar anticorrupción ni una comisión, México necesita de una política trasversal”, sostuvo Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, al señalar que “el proceso tardará (porque) es el esfuerzo de una generación”.