MÉXICO, D.F. (apro).- La exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales seguirá encarcelada en el penal de Tepepan, al sur de la Ciudad de México, porque la justicia federal le negó el beneficio de la prisión domiciliaria. Su defensa calificó la medida como “un atropello”. Esta es la segunda ocasión que, en el caso de Gordillo, la justicia federal se opone al beneficio que pueden solicitar los procesados y sentenciados mayores de 70 años. El argumento del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal en el Distrito Federal fue que la orden de aprehensión contra la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ocurrió cuando tenía 68 años, por lo que no es aplicable lo establecido en el artículo 55 del Código Penal Federal. Tampoco le adjudicó el principio de “senilidad o precario estado de salud” para que siga el proceso penal en su domicilio particular. La sustitución de la pena de prisión por una medida de seguridad prevé que se trate de una sentencia que se esté cumpliendo o de una condición de senilidad o estado de salud que hagan innecesario seguir en la cárcel. Ninguna de esas condiciones se cumple en este caso, argumentó el magistrado, según un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal. Abundó que Gordillo ha recibido la atención médica necesaria, como lo indica el recurso para solicitar el beneficio, presentado el 6 de febrero, cuando se encontraba internada en el Hospital General Torre Médica del Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan. En agosto pasado, la justicia federal también se opuso a la prisión domiciliaria con el argumento de que la exdirigente sindical se podía ir del país porque tiene casa en San Diego, California. El abogado de Gordillo, Marco Antonio del Toro, aseguró que el razonamiento del magistrado “ya raya en lo aberrante”, e insistió en que podría llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene su sede en Washington. La maestra fue detenida en febrero de 2013, a semanas del inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero por el desvío de dos mil 600 millones de pesos.