MÉXICO, DF, (apro).- La fracción del PRD en la Cámara de Diputados presentó hoy ante la secretaría general una demanda de juicio político contra Jesús Murillo Karam por presuntamente haber destruido pruebas y distorsionado los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En rueda de prensa encabezada por el coordinador perredista, Francisco Martínez Nery, y la integrante de la comisión especial de Ayotzinapa, Cristina Gaytán, los legisladores consideraron la demanda como “un acto de congruencia”, pese a que la “mayoría, PRI y PVEM, protejan “actos delictivos”. Lo anterior fue en respuesta a la precisión de que antes de esta solicitud de juicio político, existe una veintena que le anteceden, las cuales deben resolverse conforme van presentándose. Además de que aún no se instalan las comisiones Jurisdiccional e Instructora, organismos encargados de procesar las peticiones que llegan a la secretaría general de la Cámara de Diputados. --¿De qué sirve la solicitud de juicio político si nunca se resuelven ni discuten? “Renunciar a un derecho que tenemos los mexicanos, y en el caso concreto de los diputados, sería erróneo. Efectivamente, las mayorías se imponen y protegen a las personas que son de su preferencia. No dudamos que pudiera darse una resolución para que ahí quede el trámite, sin embargo, no podemos renunciar a ese derecho y tenemos que hacerlo cuantas veces sea necesario”, justificó el coordinador perredista Martínez Nery. A su vez, Cristina Gaytan, integrante de la comisión especial Ayotzinapa, explicó que la demanda de juicio político se encuentra sustentada en la ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en su artículo séptimo, fracción tercera, establece que aquélla “procederá cuando se presenten violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales”. Y en su artículo 47 señala como obligación de los servidores públicos “salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”. “Es claro que el señor Murillo Karam ha violentado sistemáticamente todas estas obligaciones que tenía… custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, conserve bajo su cuidado a la cual tenga acceso… impidiendo o evitando su uso o la sustracción, destrucción, ocultamiento e inutilización”, sostuvo. La diputada subrayó que “la PGR y su entonces titular ignoraron el dolor de las familias y se abocaron a destruir pruebas y distorsionar los hechos, quedando ante la opinión pública, no como una institución encargada de procurar justicia, sino como encubridores y cómplices de los delincuentes en este acontecimiento”. El también legislador perredista Rafael Hernández Soriano reconoció la responsabilidad que su partido tuvo en los hechos del 26 de septiembre de 2014, al haber ocurrido la violencia en un municipio gobernador por su partido; ahora, dijo, la forma de recuperar la confianza de la gente y víctimas es “estando a su lado”. Por ello, sostuvo, respaldan la creación de una unidad que continúe con las indagaciones sobre los 43 normalistas desaparecidos y que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH “puedan seguir participando como peritos técnicos en la investigación”.