Buenos Aires (apro).- Las movilizaciones en la provincia de San Juan, a raíz del derrame de cianuro en la mina Veladero, han abierto una profunda grieta en el consenso de la población local frente a la actividad minera. En Jáchal, la ciudad más cercana a esta mina de oro, los vecinos fueron alertados acerca del peligro de beber agua de red a las 22:00 horas del 13 de septiembre. Pero no fue a través de un comunicado oficial. Tampoco les dio aviso la operadora de la mina, Barrick Gold, que había detectado el derrame al menos 12 horas antes. El alerta fue disparado por un mensaje de texto que un operario de la mina envió a su propia familia. Tanto el gobierno provincial a cargo del peronista José Luis Gioja, como la minera canadiense, pasaron del silencio inicial a minimizar la gravedad del hecho. El reconocimiento fue surgiendo de manera forzada y a cuentagotas. El 14 de septiembre, a través de un comunicado de prensa, Barrick Gold negó que la solución cianurada que se usa para separar el oro de la piedra hubiera llegado a los cursos de agua. El 16 de septiembre, sin embargo, cuantificó el derrame tóxico en 234 mil litros. El 23 de septiembre, el juez interviniente, Pablo Oritja, reveló a los medios que la compañía admitía que esta cifra se elevaba a un millón de litros. El gobernador Gioja fue notificado del derrame por la empresa el mismo 13 de septiembre. Pero se dirigió a los vecinos afectados recién un día más tarde. Por entonces ya reinaba un clima de inquietud e incertidumbre y no quedaba una botella de agua mineral en ningún comercio. Los 20 mil pobladores de Jáchal no bebían agua de red ni se bañaban ni enviaban a sus hijos a la escuela. “Que la gente tenga absoluta tranquilidad porque fue una contingencia técnica que está totalmente controlada”, dijo el mandatario. Ese mismo día, sin embargo, se proveyó a tres localidades de la zona de agua mineral y se les recomendó no consumir agua corriente. Esto incrementó el temor y el descreimiento ante los comunicados del gobierno y de la empresa. Allí se repetía que “el incidente”, “la contingencia” o “el episodio” no acarreaban peligros para la salud humana. El derrame de solución cianurada en los afluentes del río Jáchal, que atraviesa la ciudad homónima, pareció ser admitido de manera involuntaria o indirecta por Jaime Bergé, el presidente de la Cámara Minera de San Juan. El 14 de septiembre, Bergé dijo al diario El Zonda que la concentración de cianuro de la solución que se usa en la mina a cielo abierto era muy baja, y que te “podés tomar medio vaso y no hace nada”. “Medio vaso... qué locura”, dice a Apro Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, en comunicación telefónica desde San Juan. “Todas estas cosas no hicieron más que crear una enorme intranquilidad, que se convirtió en efervescencia –prosigue–. Yo hace mucho que viajo a San Juan, y acá la gente estaba muy apagada por la opresión minera, la hegemonía minera, que es muy grande. Esto ha abierto una brecha; es un punto de inflexión”, explica el abogado. Por lo pronto, el 18 de septiembre, un tercio de los 20 mil habitantes de Jáchal se manifestaron bajo el lema “Si contamina no es progreso”. La población se encuentra en estado de movilización permanente. “La gente está reflexionando dónde está la riqueza minera, es decir, más allá del hecho puntual. Está pidiendo un plebiscito contra las mineras”, sostiene Viale. El juez Pablo Oritja ha comenzado esta semana a tomar declaración indagatoria a diez directivos y empleados de la Barrick Gold a cargo de la mina. Busca determinar las causas y las responsabilidades del derrame en aguas de los afluentes del río Jáchal. El juez investiga si hubo “negligencia humana” en la rotura de una válvula, ya sea por desgaste o falta de mantenimiento. Se pregunta por qué estaba abierta una compuerta que debía estar cerrada y por qué falló el plan de emergencia. El juez ha extendido la suspensión de las actividades en la mina hasta nuevo aviso. La minera ha abierto una investigación interna y relevado la gerencia operativa de la mina en favor de personal llegado de Canadá. Cuatro son en total las denuncias presentadas contra funcionarios de la Secretaría de Minería de la Nación, contra el gobernador Gioja y su secretario de Minería, y contra los responsables de la empresa Barrick Gold. La multinacional canadiense mantiene desde hace años excelentes relaciones con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El candidato oficialista Daniel Scioli, favorito para imponerse en las próximas elecciones presidenciales del 25 de octubre, ha anunciado que dará un gran impulso a la actividad minera, elevando la actual Secretaría de Minería al rango de ministerio. Mitos La mina Veladero es una de las minas de oro y plata más importantes de Argentina. En 2014 produjo 722 mil onzas de oro. Cuenta con reservas de 11.4 millones de onzas de oro. Es operada desde 2005 por Barrick Gold. Como mina a cielo abierto requiere de enormes cantidades de agua y de cianuro. Cuando acabe su vida útil, los residuos cianurados quedarán durante años sin tratar en un dique construido a 4 mil 200 metros de altura. Su propagación en el ambiente puede provocar lluvias ácidas. La filtración hacia las aguas subterráneas no puede descartarse. “La megaminería no sólo es sinónimo de contaminación ambiental sino también de saqueo económico –sostiene Enrique Viale, quien es coautor del libro 15 Mitos y Realidades de la minería trasnacional en Argentina (Ed. El Colectivo, 2011)–. En todo el planeta, donde hay megaminería no hay un verdadero desarrollo socioeconómico pero sí gran conflictividad social y ambiental”, sostiene. El abogado descree del mito de prosperidad minera. “En San Juan la empresa Barrick paga 1.7% del mineral que extrae –grafica–. Es un robo escandaloso. Y emplea menos del 1% de la población económicamente activa de la provincia y aporta en regalías menos del 1% del presupuesto provincial”. Frente al derrame producido por Barrick Gold en Veladero, el gobierno de San Juan pidió a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) que realice un monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas, en el marco del convenio que tiene la provincia con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para auditorías externas en algunos emprendimientos mineros. El 18 de septiembre, la Unops inició la toma de muestras e investigación en los ríos Jáchal, Las Taguas y Blanco. “La ONU no tiene órganos ejecutivos ni de control –objeta Enrique Viale–. La Unops es una cuasi consultora y una gran mentira. Dicen que necesitan un proceso muy largo de control para mantener sus honorarios. Ya había sido contratada por (el gobernador) Gioja para tratar de revertir su imagen. La gente no confía en eso, ni en el gobierno ni en la empresa. Jáchal está levantado como nunca antes en la historia”. –¿Quién puede aportar en estos días información fidedigna? –se le pregunta. –Nadie –dice el abogado–. Por eso la intranquilidad de la gente. Por eso la gente ha tomado sus propias muestras de agua, y las ha mandado a la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, porque no confía en la Universidad Nacional de San Juan, que está absolutamente cooptada por el interés minero. En San Juan los tres poderes están cooptados por la Barrick. Eso genera una intranquilidad mayor. “La Barrick primero dijo que no había nada, después admitió 15 mil litros, después 224 mil litros, ahora se trataría de un millón de litros de solución cianurada”, prosigue el abogado ambientalista. “Es cada vez más, y nosotros sabemos que pueden haber sido 2 millones de litros que terminaron en alguna de las dos cuencas de la provincia, la del río San Juan o la del río Jáchal. Una locura”. Profundización El juez Pablo Oritja sostuvo que se están haciendo una serie de peritajes a lo largo de la cuenca del río para determinar si existe daño ambiental y en qué grado. “Si hablamos de contaminación como el vertido de una sustancia peligrosa podemos decir que sí porque está constatado”, señaló el jueves 23 al diario La Nación. El juzgador sostuvo que en la actualidad “no hay cianuro en el agua que pueda afectar a la salud de las personas, lo que no quiere decir que no pueda haber producido un daño ambiental en la cuenca”. Hasta el momento, la justicia de la ciudad de Jáchal ha recibido dos denuncias y otras dos han sido presentadas ante la justicia federal de la provincia de San Juan. Algunos de los delitos que se investigan son el “envenenamiento de aguas”, la “propagación de enfermedades peligrosas”, el “encubrimiento” y el “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. “Yo no tengo mucha expectativa con la justicia”, dice Viale. Recuerda que cuando en 2010 se aprobó la Ley Nacional de Protección de Glaciares, que restringía el ámbito de acción de la actividad minera, la justicia federal de San Juan detuvo su aplicación a nivel local. “Otorgó una medida cautelar a Barrick en 20 horas, para que no se aplique la ley en la provincia”, explica Viale. En 2012, la Corte Suprema de la Nación dejó sin efecto esta medida. El 23 de septiembre los senadores nacionales que integran la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron una sesión extraordinaria en la ciudad de San Juan, para “tomar conocimiento y participar de la evaluación del estado de afectación del ambiente provocado por el derrame de cianuro ocurrido en la mina Veladero”. Desde el gobierno nacional rige el silencio. El candidato oficialista Daniel Scioli ya declaró que en caso de ser elegido presidente elevará el rango de la Secretaría de Minería a ministerio. “La actividad minera tiene la capacidad de generar 30 mil millones de dólares en los próximos cuatro años y cientos de puestos de trabajo”, sostuvo Scioli durante el Seminario Internacional sobre Minería Sustentable que se realizó el 17 de julio último en el Centro Cívico de San Juan. “La minería sustentable es parte de la gran agenda del desarrollo nacional”, puntualizó. “Creemos que se va a profundizar este modelo cualquiera de los tres candidatos que hoy tienen chance de ganar las elecciones –opina Viale, en referencia al oficialista Daniel Scioli, el conservador Mauricio Macri y el peronista disidente Sergio Massa–. Vemos un futuro complejo, con mucha conflictividad social, porque hay mucha resistencia en las poblaciones. En este momento hay siete provincias que tienen prohibiciones de este tipo de minería –sostiene–. Scioli les prometió mucha más minería a estas transnacionales mineras que tienen una historia negra en el mundo. Acá el discurso y el relato progresista estallan en pedazos”, cuestiona. Por lo pronto, las poblaciones afectadas de San Juan han pasado de la “fiebre del oro” al pánico por la posible contaminación del agua. El debate abierto sacude los cimientos mismos en los que se erige la política minera. La Barrick Gold ha visto ya detenidas las obras de construcción de la mina de oro de Pascua Lama, un proyecto binacional argentino-chileno que se extiende entre la provincia de San Juan y la Tercera Región de Chile. En 2013, la Corte de Apelaciones de Copiapó en Chile ordenó paralizar totalmente el proyecto minero. Hizo lugar a la presentación de comunidades indígenas diaguitas del valle de Huasco, que acusaban a Barrick Gold de perjudicar los glaciares, contaminar recursos hídricos y afectar el derecho a la vida.