CHILPANCINGO, GRO. (Proceso).- A un año de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los principales negocios del exalcalde perredista José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, siguen operando con normalidad a pesar de que ambos están presos desde noviembre de 2014 y enfrentan procesos por crimen organizado, enriquecimiento ilícito, secuestro y homicidio. Desde el año pasado, la PGR informó que su Unidad Especializada en Análisis Financiero aseguró de forma precautoria al menos 90 propiedades de la pareja, que creó las empresas Asociación Yozy & Apos, S.A. de C.V., y Abarpin, S.A. de C.V., para triangular la compra de los inmuebles. La primera firma se dedica a la renta de locales comerciales, la segunda, a la compraventa de terrenos y a la construcción. El gobierno federal informó que, según la Unidad Especializada, 31 casas y departamentos, nueve empresas y 13 joyerías propiedad de los Abarca se encuentran en Iguala, Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo y Taxco. Añadió que en Morelos detectó seis casas, dos más en Tlaxcala y 10 en el Distrito Federal, entre éstas últimas dos en la delegación Cuajimalpa. Los negocios más conocidos del matrimonio Abarca Pineda en Iguala son el Centro Joyero y la plaza comercial Galerías Tamarindos, que operan sin ningún impedimento legal, atendidos por sus familiares. Lo anterior ocurre a pesar de que los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y sus abogados han exigido varias veces a las autoridades federales que se embarguen dichos bienes, pues en casos de presunto lavado de dinero debe determinarse el origen de las propiedades. La plaza Galerías Tamarindos, valuada en más de 300 millones de pesos, está en la parte oriental del Periférico, frente a las instalaciones del cuartel del 27 Batallón de Infantería. Es la propiedad más destacada de José Luis Abarca y el predio donde se asienta fue donado por la Secretaría de la Defensa Nacional. La gestión correspondiente la realizaron el exsenador perredista Lázaro Mazón Alonso y el diputado local priista Rubén Figueroa Smutny, amigos de Abarca que tienen intereses políticos en la zona Norte. Según reportes periodísticos, la Sedena cedió el terreno de 70 mil metros cuadrados al ayuntamiento de Iguala a condición de que fuera utilizado para construir “vías de acceso y áreas recreativas”. En enero de 2008 comenzó a levantarse el centro comercial, del entonces joyero José Luis Abarca. A la colocación de la primera piedra asistieron el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (postulado por el PRD), políticos de otros partidos y mandos del 27 Batallón de Infantería. Actualmente, la plaza alberga una tienda Comercial Mexicana, un complejo de Cinépolis, tiendas de todo tipo y restaurantes de comida rápida. Es administrada por Roselia Abarca Velázquez, hermana del expresidente municipal, quien además es directora de la escuela privada Centro de Estudios Benemérito de las Américas. Éste es otro negocio de la familia, de acuerdo con versiones de habitantes de Iguala. Días después de la detención del matrimonio Abarca Pineda, su hija Yazareth acudió al centro comercial, donde fue videograbada. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales. Eran finales de noviembre y la mayor de los cuatro hijos de los Abarca Pineda iba resguardada por al menos cuatro hombres con radios fajados a la cintura. Se entrevistó con personal de diferentes establecimientos de la plaza, con capacidad para 42 locales. Otro negocio de Abarca es el Centro Joyero de Iguala, uno de los cuatro más grandes de su especialidad. Ahí la actividad es normal y el único incidente se registró a mediados de abril pasado, cuando irrumpieron ahí elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El propósito de las autoridades era verificar que fuera lícita la mercancía exhibida en 11 locales de los negocios Arte en joyería Aurium, Joyería Orovel’s y Stela. Varios medios de comunicación informaron que durante el operativo de la PGR y el SAT estuvieron familiares de los procesados, quienes mostraron la documentación que les requerían las autoridades. Éstas se retiraron sin emitir ninguna declaración. Hasta ahora, ningún funcionario ha informado nada sobre el resto de las propiedades y negocios de los Abarca Pineda y se desconoce su situación legal.