Caso Narvarte, sin móvil y con "indicios torales" extemporáneos: Artículo 19

viernes, 2 de octubre de 2015 · 19:24
MÉXICO, D.F. (apro).- Los “indicios torales” que soportan la versión oficial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sobre el supuesto robo de droga a Milena Virginia Martín como móvil del multihomicidio de la colonia Narvarte no fueron obtenidos el mismo día del crimen, el 31 de julio. Se obtuvieron dos días después, justo cuando el titular de esa dependencia, Rodolfo Ríos Garza, ofreció la primera conferencia de prensa. A dos meses de la tragedia, la organización internacional Artículo 19 difundió un Informe Especial, en el que consigna que aquella noche personal ministerial, policial y pericial que se presentó en la escena del crimen no encontró “la evidencia que hoy día soporta la hipótesis oficial” propalada por la PGJDF y algunos medios de comunicación: La tarjeta de circulación del Mustang rojo –supuestamente propiedad de la mujer colombiana--, así como teléfonos celulares, cocaína y anfetaminas. Titulado “Caso Narvarte: 60 días, tres personas detenidas y ningún móvil”, el informe llama la atención de que “los indicios torales para soportar la versión oficial los hayan ‘encontrado’ dos días después del asesinato”. Y es que, justo dos días después del multihomicidio, el domingo 2 de agosto el procurador Rodolfo Ríos Garza y las autoridades que llevan la investigación ofrecieron una conferencia en la que señalaron como una de las líneas de investigación el robo, aunque no especificaron –y hasta la fecha no lo han hecho-- qué fue lo que los asesinos se llevaron del departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Saviñón. De inmediato comenzaron las filtraciones del expediente a ciertos diarios: El hallazgo del auto en calles de Coyoacán que presuntamente era de Mile; los supuestos mensajes de su teléfono celular; la declaración de Daniel Pacheco, el primer detenido, quien aseguró que ella se dedicaba al sexoservicio; así como la de Abraham Torres, el expolicía capturado, quien dijo que la colombiana recogió un cargamento de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y que dos de los agresores fueron al departamento a robárselo, pues pertenecen al cártel de Los Zetas. Fallas en investigación Abogado coadyuvante de la investigación en representación de la familia del fotoperiodista Rubén Espinosa, una de las cinco víctimas del multihomicidio, Artículo 19 mencionó que las diligencias de la PGJDF sobre los antecedentes de amenazas, hostigamiento y agresiones contra él y la activista Nadia Vera, no han derivado “en el agotamiento diligente, exhaustivo y objetivo de todos los hechos que derivaron en el desplazamiento de la activista y el periodista, para identificar a personas concretas que pudieran encontrarse implicadas en estos hechos”. El tratamiento de esta línea de investigación, agrega, se debe “en gran parte” a la presión social y al propio impulso de los abogados que representan a las víctimas, “no por una diligente y oficiosa recopilación de tales pruebas” por parte de la Procuraduría. A lo largo de cuatro cuartillas, el Informe Especial reitera que las pruebas más contundentes de la PGJDF para robustecer su hipótesis oficial son las declaraciones de Daniel Pacheco y Abraham Torres, dos de los tres detenidos, de las que “lo único que se infiere son fuertes contradicciones”. Incluso, asegura que de los cateos realizados en los domicilios de los probables responsables “no se encontraron datos que confirmaran sus dichos, tales como la maleta negra, la droga, armas y el ‘cochinito’ con dinero que le fue sustraído a una de las habitantes del departamento”. Otro punto que destaca Artículo 19 es que las filtraciones de información trascienden “a la negligencia de dos funcionarios y permite vislumbrar un actuar que apunta a altas autoridades”. Y es claro: “La difusión de determinada información, a través de las filtraciones a medios de comunicación ha resultado en la construcción continua de un juicio paralelo de tipo mediático, que busca dirigir de manera dolosa la atención pública hacia otras direcciones y objetivos, que no abonan a los derechos de las víctimas directas e indirectas y de la sociedad a la verdad”. Planeación trasciende a robo En su informe, la organización enfatiza en que a dos meses del crimen “y en voz del propio procurador Rodolfo Ríos garza, no se ha logrado esclarecer el móvil del crimen, es decir, las razones por las cuales se cometió”. Por el contrario, afirma tajante que “se puede concluir que existe una planeación y preparación previas que trascienden a un mero robo”. Entonces, dice Artículo 19, para los abogados coadyuvantes del caso resulta “urgente” ejercer al menos cuatro acciones para el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables: La primera es determinar “con la mayor exactitud posible” la secuencia con la que ocurrieron los hechos dentro del departamento a través de la ampliación del dictamen de mecánica de hechos. Y sugiere que si la PGJDF carece de la capacidad técnica para hacerlo, “debe permitir la intervención de peritos independientes”. Como segunda medida, la autoridad debe establecer el número de participantes en la ejecución y facilitación del crimen. En sus ediciones 2027 y 2028, Proceso publicó evidencias contenidas en el expediente sobre la participación de más autos y más personas involucradas en el caso antes y después del multihomicidio. La tercera acción que demanda la coadyuvancia a Ríos Garza es profundizar en la línea de investigación relacionada con los antecedentes de amenazas contra Nadia Vera y Rubén Espinosa. “Más allá de las declaraciones de cuatro funcionarios de Veracruz, profundizando en su activismo y periodismo crítico respectivamente y en la existencia de actos de hostigamiento y acoso contra integrantes de AVC Noticias de Veracruz antes y después del multihomicidio”. La última demanda esencial es geolocalizar los teléfonos que los agresores se llevaron del departamento, incluidos los de Rubén y Nadia, pues “hasta la fecha se desconoce información sobre su paradero, a pesar de haber transcurrido dos meses del crimen”. Así, el informe de Artículo 19, que se puede consultar en la liga http://www.articulo19.org/caso-narvarte-60-dias-tres-personas-detenidas-y-ningun-movil/ “Resulta particularmente preocupante la falta de claridad sobre el móvil del crimen y la participación de más personas como autores intelectuales y facilitadores. En esta tesitura, mantener formalmente abiertas las investigaciones por parte de la PGJDF no garantiza el esclarecimiento total de los hechos hasta en tanto se actúe con debida prontitud, seriedad, exhaustividad, objetividad e imparcialidad”. El Informe Especial de la organización se lanzó al mismo tiempo que una campaña en la cuenta de Twitter @article19mex. Se trata de una imagen animada que muestra los nombres y rostros de las víctimas del multihomicidio y las siguientes frases: “¿Justicia?”, “60 días”, “03 detenidos”, “Ningún Móvil”.

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