MÉXICO, D.F. (apro).- En respuesta a las descalificaciones del gobierno federal al informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil emplazaron al presidente Enrique Peña Nieto a reconocer la crisis que enfrenta el país en esa materia, y lo invitaron a “asumir las conclusiones y recomendaciones” emitidas por los expertos. En un comunicado, decenas de organizaciones lamentaron “la lógica mediática de control de daños” del gobierno de Peña a través del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, quien horas después de que el pleno de la CIDH dio a conocer las primeras conclusiones de su visita in loco, consideró que “no reflejan la realidad del país”, porque fueron producto de “encuentros y entrevistas” en seis entidades durante cinco días. Para los firmantes, “lo que extraña del viernes (2 de octubre) no es la valoración preliminar de la CIDH, sino que el gobierno federal haya negado la gravedad de la situación actual, incluso caracterizando a víctimas de desaparición forzada como ‘casos de 2008, 2009, 2010 y 2011’, cuando además de seguir vigentes los casos de años pasados, han desaparecido 12 mil personas de 2013 hasta mediados de 2015, según cifras oficiales”. Y, como esos reportes, “el gobierno no citó datos que cuestionaran la información concreta y presentada por la CIDH, generalmente derivada no sólo de testimonios sino de estadísticas oficiales”. Explicaron, además, que en lo que va del sexenio, la “CIDH ha celebrado 23 audiencias públicas sobre México, en las que el Estado ha tenido participación; en 2014 conocía de 130 peticiones y casos mexicanos en etapas de admisibilidad y fondo; continuamente recibe informes de fuentes gubernamentales y no gubernamentales; supervisa medidas cautelares y el cumplimiento de recomendaciones en diversas entidades federativas, y ha sostenido innumerables reuniones con víctimas, organizaciones y autoridades”, entre otras actividades. De acuerdo con las organizaciones, resulta contradictorio que después de la descalificación, el gobierno federal asegure estar dispuesto a “abrir puertas y asumir retos” en materia de derechos humanos. Tras lamentar la reacción del gobierno de Peña Nieto ante las “conclusiones preliminares que atañen a problemas estructurales” que viven los mexicanos, los activistas recordaron que “la invitación de vista que hizo el gobierno a la CIDH tiene el efecto reglamentario de impedir la incorporación de México en el Capítulo IV del próximo informe anual de este organismo (dedicado al análisis de las situaciones más graves de la región)”, capítulo donde se ha confinado desde hace años, por ejemplo, a Venezuela. Al señalar que “la propia invitación se puede entender como una acción para cuidar la imagen internacional del Estado”, advirtieron que es bien sabido por la actual administración que las conclusiones de visitas in loco no resultan del tiempo y los encuentros realizados en cinco días, sino de la acumulación de información durante los últimos años. Para las organizaciones y personalidades firmantes, si en verdad el gobierno de Peña Nieto pretende “abrir puertas y asumir retos”, debe empezar por “dejar de descalificar a los organismos y personas expertas que documentan la realidad del país”. El siguiente paso, apuntaron, es “asumir la conclusiones y recomendaciones de éstos como insumos valiosos, reconociendo la naturaleza de la crisis actual para entonces implementar políticas, programas, leyes y, sobre todo, prácticas que lleven al efectivo acceso a la verdad, la justicia, la reparación y a la disminución de las violaciones a derechos humanos a lo largo del territorio nacional”. Entre las personalidades que firman el documento destacan: Elena Azaola, del Centro de Investigación y Estudios de Antropología Social (CIESAS); Miguel Sarre, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y Alejandra Gonza, directora de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Washington. El texto también está signado por las 75 organizaciones que conforman la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), a las que se sumaron Freedom House, Asociadas por lo Justo, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Grupo de Información y Reproducción Elegida, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Instituto para la Seguridad y la Democracia, entre otras agrupaciones.