Del 2 de octubre al 26 de septiembre

En su libro más reciente, De Tlatelolco a Ayotzinapa. Las violencias del Estado, el doctor Sergio Aguayo acomete un ejercicio de rescritura de la historia contemporánea de México con base en un itinerario: del 2 de octubre de 1968 al 26 de septiembre de 2014, al final del cual revisa las secuelas derivadas de la agresión contra los normalistas y la desaparición de 43 de sus compañeros. Para el autor no hay duda: “el Estado es el principal responsable de las perversiones que ha vivido el monopolio legítimo de la violencia”. Con el permiso del autor, aquí se reproduce una versión condensada del capítulo 9 del volumen, que ya comenzó a circular bajo los sellos Ediciones Proceso, Ideas y Palabras y Editorial Atrament.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- A partir de 1968 México cambió para bien y para mal. Algunas transformaciones nos acercaron a los espacios democráticos, otras a los infiernos de la violencia criminal. Me concentro en el segundo camino a partir de una tesis: el Estado es el principal responsable de las perversiones que ha vivido el monopolio legítimo de la violencia.

Bosquejaré los grandes trazos de esa historia utilizando las tres variables elaboradas por una académica, Theda Skocpol, sobre los factores tras un cambio de régimen. Éste se da, afirma, cuando coinciden 1) el debilitamiento de las élites gobernantes y del Estado; 2) el fortalecimiento en la autonomía de un gran número de actores individuales y colectivos; y 3) la transformación en el papel desempeñado por el factor externo.

Para mejor comprensión, dividiré este medio siglo en tres periodos.

Primer periodo. Noviembre de 1969 a agosto de 1985

El 2 de octubre aceleró el debilitamiento del presidencialismo autoritario, el fortalecimiento de diversas fuerzas y la apertura al mundo. Se redujo la violencia estatal hacia los opositores pacíficos pero se mantuvieron los métodos brutales contra quienes tomaron las armas. Esto último acentuó el descontrol sobre la violencia estatal.

1) Luis Echeverría Álvarez. Entre la apertura y la represión

El presidente Luis Echeverría (1970-1976) tuvo una metamorfosis incompleta porque mientras empujaba la apertura democrática, seguía aceptando que se reprimiera a opositores, algunos violentos y otros pacíficos (recuérdese el 10 de junio de 1971).

Era un reformismo acotado porque mantuvo el trato que históricamente daban los gobernantes a los levantados en armas. El 2 de octubre se acrecentó el atractivo de la opción armada reaparecida tres años antes en Ciudad Madera, Chihuahua. El Movimiento de Acción Revolucionaria lo verbaliza con claridad: “la masacre de Tlatelolco” demostró que “los caminos legales, las vías pacíficas estaban cerradas”; la única salida lógica para quienes deseaban el cambio era “empuñar las armas”…

La guerrilla tuvo arrojo y claridad sobre lo que quería pero ninguna posibilidad de éxito. Sus casi 2 mil combatientes estaban divididos en decenas de organizaciones, y su formación militar e ideológica era desigual. La base social de la guerrilla urbana era frágil y aun cuando la rural tenía un mayor respaldo popular, operaba en regiones aisladas de Guerrero. Por si fuera poco, la izquierda mundial la ignoró, prefiriendo ser cooptada por el gobierno mexicano –el comportamiento de la Cuba revolucionaria fue paradigmático– y porque también se enemistó con las fuerzas de izquierda que habían optado por salidas pacíficas. El régimen, por su parte, tenía una poderosa máquina para reprimir y el apoyo de la inmensa mayoría del México organizado.

Uno esperaría que después de la masacre de Tlatelolco y mientras se implementaba la apertura, el Estado combatiría a la guerrilla dentro de la legalidad. Hubiera podido hacerlo porque la insurgencia armada mexicana nunca fue una amenaza para la seguridad del Estado aunque la Dirección Federal de Seguridad de Fernando Gutiérrez Barrios la magnificaba porque así convenía a sus intereses…

2) La apertura al mundo y el crimen organizado

La apertura de México al mundo tuvo efectos encontrados. Fue un punto de apoyo para la transformación pacífica y un portón para que ingresara el crimen organizado aprovechándose de la desidia estatal.

Durante mucho tiempo se creyó que el mexicano era hermético ante los extranjeros. El Movimiento del 68 demostró que era un mito; había la disposición pero faltaba el conocimiento sobre cómo relacionarnos con los extranjeros. Luis Echeverría dio pasos firmes para sacar al país de la burbuja en la que vivía. Además de la intensa diplomacia creó una institución vital: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que ha becado a decenas de miles de jóvenes para hacer estudios en el extranjero.

La apertura apuntalaría la transformación pacífica que se apoyó en extranjeros críticos del autoritarismo mexicano.

Segundo periodo. 1981-2000. La metamorfosis
del aparato de seguridad

La insurgencia armada fue aplastada por las Fuerzas Armadas y la Dirección Federal de Seguridad. Los militares lograron que esas violaciones a la legalidad no afectaran demasiado a su institución porque tomaron diferentes medidas, entre ellas la redefinición de las relaciones cívico-militares. La DFS tomó una ruta diversa. Se corrompió y fue desaparecida en 1985. Son caminos tan diversos como la transición mexicana.

1) La emancipación
de los militares

Un teórico de las transiciones, Alfred Stepan, escribió que una transición pacífica del autoritarismo a la democracia requiere de una modificación en el papel jugado por militares y policías. Dado que ellos administran el monopolio legítimo de la violencia estatal deben convencerse que va en su interés poner algunas condiciones para el uso de la fuerza contra opositores pacíficos.

Antes de Tlatelolco, los militares salían todo el tiempo a intimidar, detener o asesinar inconformes. Lo hacían porque, utilizando la terminología de Stepan, identificaban la suerte de su institución con la del régimen. La “trampa de Tlatelolco” los hizo embarcarse en una transformación silenciosa.

Han sido tres los cambios de fondo: 1) una profesionalización integral que incluyó la creación de un gran número de instituciones educativas como el Colegio de la Defensa Nacional y el Centro de Estudios Superiores Navales que se gestan en los años setenta y empiezan a funcionar en 1981; 2) un diálogo con diferentes sectores de la sociedad aprovechando la creación de las instituciones educativas que se han ido creando; y 3) la redefinición de la relación con los gobernantes civiles.

El punto tres es fundamental… Esta modificación de fondo a la misión de las Fuerzas Armadas incrementó su prestigio pese a los abusos que cometen de cuando en cuando contra los derechos humanos de civiles y a las revelaciones de que algunos militares han sido corrompidos por el crimen organizado. De acuerdo a las encuestas de opinión, en la actualidad es la institución oficial mejor considerada por la sociedad. Puede decirse que es el resultado de su adaptación a los cambios que ha vivido México.

2) La desaparición de la Dirección Federal de Seguridad

La DFS siguió un camino alterno. Para combatir a la guerrilla sus comandantes y agentes recibieron impunidad que aprovecharon para enriquecerse. Las formas más comunes para obtener ingresos era regenteando a prostitutas o cantinas y protegiendo a delincuentes del fuero común.

La falta de ética los preparó para ser captados por el crimen organizado que a partir de los años setenta estaba creciendo en México y, sobre todo, en Colombia, donde la cocaína había incrementado la bonanza de los cárteles. Los colombianos empezaron a utilizar cada vez más al territorio mexicano como ruta alternativa para el traslado de cocaína de Colombia a Estados Unidos. Lógico, por nuestra ubicación geopolítica.

Se incrementó el poderío de las bandas mexicanas que expandían su participación en el negocio. En febrero de 1985 secuestraron y ejecutaron a un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y ese hecho le permitió a Miguel de la Madrid tomar una decisión que venía madurando: desaparecer la corporación. Un sábado de agosto de aquel año despidieron a los 50 elementos más poderosos y corruptos de la DFS. Fue un momento crucial en el poco estudiado tránsito de la violencia política a la criminal.

Después de que desapareciera la DFS en 1985, Jorge Carrillo Olea construyó una nueva institución: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que dirigiría a partir de 1988. Tres años después, cuando apenas estaba consolidándose la institución, el presidente Carlos Salinas mandó a Carrillo Olea a apuntalar una Procuraduría General de la República hecha girones por un subprocurador corrupto. Algo similar sucedió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fue creada en junio de 1990 y su primer titular fue Jorge Carpizo, quien rápidamente legitimó el tema ante la sociedad y abrió al país al escrutinio internacional en estos asuntos. En 1993 Carlos Salinas sacó a Jorge Carpizo de la CNDH para llevárselo a la PGR. Fue un golpe durísimo para esta institución y ninguno de los dos Jorges (Carpizo y Carrillo) pudieron rehabilitar a una PGR agonizante.

3) Los límites al uso de la fuerza

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ese mismo día se levantó en armas el EZLN. El doble hecho mostró la cantidad de obstáculos al uso de la fuerza estatal que se habían ido acumulando después de 1968.

El respaldo al derecho del EZLN a existir llegaba con la petición de que adoptara métodos pacíficos. Las guerrillas de los años setenta hubieran rechazado esa petición por considerarla de un reformismo pequeño-burgués. El EZLN hizo caso. En la “Segunda Declaración de la Selva Lacandona” (junio de 1994) llamó a la sociedad civil a retomar el “papel protagónico que tuvo para detener la fase militar de la guerra” y a conducir el “esfuerzo pacífico hacia la Democracia, la Libertad y la Justicia” porque el “cambio democrático es la única alternativa a la guerra”. Seis meses después de levantarse en armas la guerrilla exigía la “realización de elecciones libres y democráticas”.

Una consecuencia inesperada es que la aparición del EZLN ayudaría en la degradación de la vía electoral. En 1996, gracias a la rebelión se hizo una reforma electoral que rápidamente carcomería la fibra ética: se incrementó 500% el monto de las prerrogativas públicas entregadas a los partidos que, a partir de entonces, se preocuparon más por el control de ese dinero y por la preservación del acceso a cargos públicos bien pagados que por debatir tesis y competir en eficiencia. La corrupción se generalizó y siguieron creándose condiciones ideales para el auge de la violencia criminal.

Tercer periodo. 2000… los dos estados

La tragedia de Iguala es la consecuencia de que en México hay dos estados: el encabezado por Enrique Peña Nieto y el regido por el crimen organizado. Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto han atacado de manera integral y regional a la violencia criminal. Forman parte de un Estado reactivo y a la defensiva que es incapaz de controlar la violencia emanada de sus propias filas. Para que nuestros gobernantes recapaciten y armen un diagnóstico y una estrategia adecuada, la sociedad tiene que organizarse y presionarlos.

1) El demócrata desinflado

Poco después de ganar las elecciones de 2000, Vicente Fox capituló y regaló en alguna cena sus promesas de reforma a los ejecutivos de Televisa y TV Azteca. Fox tuvo las condiciones ideales para ser el estadista que combatiría en serio la corrupción y la impunidad. De haberlo hecho tal vez se hubiera frenado el crecimiento de las bandas criminales.

El 19 de julio de 2001, Fox aprobó con entusiasmo una Comisión de la Verdad que investigaría las grandes violaciones a los derechos humanos y la corrupción, indispensables para enfrentar a la delincuencia. Estuve presente en la reunión en Los Pinos en la cual aprobó el proyecto de Comisión de la Verdad. Me emocioné cuando anunció que “en una semana estará todo listo para empezar a trabajar”.

Mintió. Nunca cumplió.

Se perdió una gran oportunidad para lanzar una señal de que habría castigo legal para quienes se habían apropiado de fondos públicos o habían usado ilegalmente la violencia del Estado.

2) Felipe Calderón y las guerras del narco

Felipe Calderón tuvo el coraje y el acierto de lanzarse contra la delincuencia organizada. Le sobraba voluntad, le faltaban conocimientos, temperamento y compasión hacia las víctimas.

Se fue a la batalla sin un sólido análisis de riesgo. A los pocos meses reconoció ante el exjefe del gobierno español, José María Aznar, que la “influencia que tenían los narcóticos (y el crimen organizado) en el país superaba cualquier cálculo”. En junio de 2008 aceptó en una entrevista a El País de España que “llegué al quirófano sabiendo que el paciente tenía una dolencia muy grave; pero al abrirlo nos dimos cuenta de que estaba invadido por muchas partes, y había que sanarlo a como diera lugar”.

Otra debilidad de las guerras de Calderón fue su indiferencia hacia el costo humano. Después de que abandonó la Presidencia Calderón ha insistido en que declaró la guerra para “proteger a las familias amenazadas por el crimen”. Seguramente piensa que promulgar o reformar leyes y crear burocracias es la forma de hacerlo. Nada dice de la manera como minimizó la tragedia humanitaria ocultando todo lo que pudo la información.

La situación se agravó porque para esos años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya se había convertido en una burocracia costosa e inútil.

3) Enrique Peña Nieto y Ayotzinapa

Enrique Peña Nieto elevó la calidad de los funcionarios del área de seguridad, mejoró la coordinación entre ellos y empezó a poner énfasis en la prevención. Comenzó a generarse inteligencia de calidad y vinieron las detenciones o eliminaciones de capos.

En el segundo año afloraron las debilidades de siempre. Su gobierno no ha reconocido la magnitud del reto, carece de una política integral y regional que ataque las raíces del problema y hay una gran indiferencia hacia el costo humano. Por ejemplo, la política de fragmentación de bandas criminales nunca se completó con una estrategia para proteger a las zonas afectadas por las bandas más pequeñas y con menos disciplina en el uso de la violencia. Todo esto se observó con claridad en Iguala, Guerrero, donde, al igual que en el 68, fueron víctimas jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se preparaban para ir a la tradicional marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México…

Ayotzinapa sacó a la luz un Estado debilitado por la ineficacia, la corrupción y la impunidad; una sociedad alebrestada por tanto maltrato; un Estado paralelo con enorme poder.

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