CANCÚN, Q. Roo (apro).- Un grupo de activistas defensores de derechos humanos entregó al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, un expediente con cuatro casos de abuso de autoridad en el estado, en los que están implicados el gobernador Roberto Borge Angulo y funcionarios estatales y municipales. En días pasados, Raúl Fernández León y Leonardo Kumul Salazar se entrevistaron en la ciudad de México con Álvarez Icaza para solicitar la intervención de la CIDH en esos cuatro casos de tortura, privación ilegal de la libertad, acoso sexual y ataques a la libre expresión y manifestación. Y señalaron como responsables al gobernador, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, y a los integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado. “Los quintanarroenses estamos en estado de indefensión. Las autoridades no están para defender a los ciudadanos, sino para taparse uno de otros”, apuntaron. Sobre el primer caso, destacaron que se trata del ciudadano cubano Luis Manuel Álvarez Adán, preso en la cárcel estatal de esta ciudad por haber denunciado la extorsión de los mandos de la Policía Municipal de Tulum, quien además ha sido víctima de tortura. Los activistas también presentaron el caso de Sara Frías, secretaria de la Dirección Municipal de Tránsito, víctima de acoso sexual por parte del coordinador de la Unidad de Verificación del Transporte de Carga, Leonel Federico Carrillo Castilla, tío del presidente municipal de Benito Juárez, Paúl Carrillo. El tercer caso, agregó Fernández León, es el del exlíder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de esta ciudad, Felipe Canché Moo, quien fue golpeado por el director del Centro de Retención Municipal, Juvenal Reyes. El cuarto caso, apuntó, es la detención, en enero de este año, de cuatro jóvenes frente al Palacio Municipal cuando se manifestaban para protestar por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los muchachos fueron acusados de dañar edificios públicos. “Hay una coincidencia en los cuatro casos: están implicados funcionarios y por eso las cosas no avanzan”, subrayó el activista. A esos sucesos, agregó, se suman el de Héctor Casique Fernández, víctima de tortura para inculparlo de un multihomicidio relacionado con el narcotráfico, y el del periodista maya Pedro Canché, quien estuvo encarcelado por difundir las protestas por el aumento de la tarifas de agua potable en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.