CHIHUAHUA, Chih., (apro).- El Congreso local aprobó hace tres semanas un exhorto para que el gobierno del estado cree una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, sin embargo, hasta ahora no hay indicios para que ello ocurra. El diputado panista Humberto Pérez Mendoza, quien presentó la iniciativa, destacó que dicha Fiscalía atraería todo tipo de desapariciones, sean forzadas, por migración, trabajo forzado u otros casos, porque hasta ahora el aparato del estado no ha puesto todo lo que esté en sus manos para buscarlos. Señaló, asimismo, que se ha reunido con familiares de personas desaparecidas, principalmente en las zonas occidente y norte, y le han expresado que el miedo y/o falta de confianza hacia las autoridades inhibe las denuncias de decenas o cientos de casos. Hay testimonios, dijo, que evidencian las diferentes circunstancias de desapariciones, como es el caso de un joven a quien se llevaron de manera forzada a Tamaulipas para trabajar en cultivos de mariguana, y consiguió escapar cuando aprehendieron a los líderes en esa zona. También hay familias que buscan a familiares que se fueron a Estados Unidos y no han sabido de ellos. Por ejemplo, apuntó, se ha rastreado a un joven que al parecer logró pasar la frontera y lo deportaron por Tijuana, según las investigaciones, pero hasta ahora no ha sido localizado. Y en las huertas, a donde llegan cada año miles de jornaleros, los contratan y pagan diario, pero no hay un registro con identificación oficial de quiénes laboran en los campos. Si se tuviera, dijo, habría más posibilidades de localizar a personas desaparecidas o establecer si a quienes se han llevado trabajaban ahí. De acuerdo con el legislador, también hay casos de mujeres que recluta el crimen organizado con fines de trata u otros. Luego de señalar que hay muchas familias sufriendo “y sólo se consuelan unas a otras”, refirió que muchas madres de familia con varios hijos deben invertir tiempo en hacer sus propias investigaciones, y viven en situación crítica porque no pueden cobrar pensiones ni sueldos, pero ellas sí deben pagar las deudas con el Infonavit que sus esposos tenían antes de ser desaparecidos. Ya se aprobó la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición en el Estado, que tiene por objeto reconocer y garantizar la continuidad de la identidad y personalidad jurídica de las personas desaparecidas, además de brindar certeza jurídica de manera expedita a las víctimas indirectas de la persona desaparecidas involuntariamente y por hechos violentos, sin embargo, a tres semanas de haberse aprobado el exhorto, no hay indicios para la creación de la Fiscalía especializada, lamentó. A través de ese órgano, detalló, se atenderían los asuntos relacionados con desapariciones debido a la inseguridad. Y precisó que según el registro nacional, hay más de 20 mil desaparecidos en el país, de los cuales mil 500 son chihuahuenses –sólo casos denunciados–, por lo que se hace obligatorio que las diferentes instancias del gobierno atiendan y den respuestas a la ciudadanía y actúen en consecuencia. El diputado informó que Chihuahua ocupa el quinto lugar en desapariciones, es decir, 6.2% a nivel nacional, cifra que se suma a los 418 registros de la Procuraduría General de la República. La desaparición de personas, sostuvo, representa el ultraje a la dignidad humana y atenta contra el derecho a la vida, la integridad y la libertad de los individuos, dado que no solamente afecta a quienes son víctimas, sino también a sus familiares, a quienes desgastan anímica, moral y económicamente al sumirlos en la desesperación por desconocer el paradero e integridad física de sus seres queridos. Pérez Mendoza presentó otra iniciativa para que la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) realice un operativo de vigilancia en la zona occidente de la entidad, debido al preocupante incremento de alcohol muy barato que podría estar adulterado. El Congreso local aprobó la moción. Las bebidas alcohólicas de muy bajo costo muchas veces están adulteradas y llegan a sectores de la población más vulnerables, como jóvenes y jornaleros agrícolas, quienes pueden tener daños severos en la salud. El panista aseguró que hay bebidas alcohólicas de hasta 10 o 15 pesos, y no se puede precisar si los grados de alcohol que se proyectan en el envase son ciertos, ni el control de calidad que tienen. De acuerdo con información periodística, el aumento en el consumo de alcohol adulterado ha provocado que 70% de los delitos registrados en la zona sur del estado sean cometidos por indígenas en estado de ebriedad.