JUAREZ, Chih. (apro).- Las personas víctimas de desplazamiento forzado permanecen ‘invisibilizadas’ en la legislación federal y estatal, viven situaciones de trauma psicológico por la manera en que tuvieron que dejar su hogar y su tierra y, en el caso de los exiliados del Valle de Juárez, son víctimas de acoso y hostigamiento de autoridades y grandes inversionistas, quienes están empeñados en quitarles o malbaratar sus propiedades, se denunció en el foro Ni viajeros ni migrantes. Primera conferencia fronteriza sobre desplazamientos forzados. El colectivo #JuventudAcuaMX convocó a diferentes sectores, incluidos políticos, para evidenciar la ausencia de la figura legal sobre el desplazamiento forzado o personas desplazadas, a pesar del grave problema que representa en todo el país. Inés Barrios de la O, investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), habló sobre inseguridad pública y desempleo como factores asociados a la emigración en Juárez, e informó que de 2005 a 2012 se desplazaron de manera forzada unas 170 mil personas de esta ciudad fronteriza, donde 40% se debió a la crisis económica y 17% a la inseguridad. Además, urgió a diferenciar entre migrantes económicos y desplazamiento interno en el contexto de la violencia, así como a reconocer el estatus de desplazamiento interno a nivel nacional con el fin de impulsar políticas públicas multisectoriales de manera transversal y prevenir ese fenómeno que lacera a la ciudadanía. El Estado, advirtió, tiene que reconocer que la problemática existe y las consecuencias que se pueden dar a futuro, y por ello debe crear programas preventivos y no emergentes o reactivos, como sucedió con el programa Veracruz sin Fronteras, que fue utilizado con fines partidistas y ahora no hay registro de lo que sucedió con quienes se beneficiaron de ese programa. El abogado especialista en temas de migración, Carlos Spector, se centró en el caso del municipio de Guadalupe Distrito Bravos, de Valle de Juárez, que literalmente “se vació” de 2008 a la fecha. De unos diez mil habitantes, ahora solo quedan alrededor de mil, y se trata de personas adultas mayores, algunos niños y gente muy pobre. Es más, abundó, casi ninguno de los que quedan en el municipio es de ahí, llegaron de otras entidades y por lo tanto no tienen mucho arraigo en la comunidad. También recordó que con la llegada del Ejército mexicano, en 2008, se dieron tres asaltos o casos emblemáticos: el exilio del periodista Emilio Gutiérrez Soto, quien fue amenazado por un artículo que escribió en 2005; el exilio de la activista Cipriana Jurado, quien también tuvo que huir por una orden contra ella por una acción de 2005, y la aniquilación de gran parte de la familia Reyes Salazar. “Con la llegada del Ejército era importante para las autoridades silenciar a quienes tenían la capacidad cuestionar los abusos. Luego vino un desplazamiento masivo, hasta ahora”, detalló. Así surgió el grupoMexicanos en Exilio, que busca asistir a los desplazados. “En El Paso hay miles de exiliados por violencia directa, pero 99% de ellos son rechazados cuando piden asilo político”, deploró. Los casos más emblemáticos de persecución política actualmente son los de la familia de Marisela Escobedo Ortiz, activista asesinada el 16 de diciembre de 2010 afuera del palacio de gobierno de Chihuahua, y el de la familia Reyes Salazar, que perdió a siete integrantes, y donde secuestraron, amenazaron y despojaron al resto, en Guadalupe Distrito Bravos. Actualmente hay alrededor de 150 familias en Mexicanos en Exilio, la mayoría de Guadalupe, quienes desde El Paso añoran la iglesia de su pueblo, el cementerio donde enterraron a sus familiares poco antes de huir, por lo que tienen interés específico en conocer de su región, pero tienen en contra la justicia mexicana. “No los cuentan en las filas de desplazados ni de víctimas porque muchos no han interpuesto una queja, sólo los hemos hecho visibles con manifestaciones, hemos logrado llevar quejas al Consulado. Ahora es un pueblo desplazado casi en su totalidad”, denunció Spector, con base en cifras del edil de ese municipio, quien para cobrar el predial y justificar que no hay dinero en la alcaldía ha declarado a los medios de comunicación que se fue 90% de la población. Luego acusó que en el Valle de Juárez se padezca el “crimen autorizado”, debido a que un grupo delictivo puede desaparecer a 90% de un pueblo y no hay castigo. “Es increíble que nadie supiera”, sentenció. Y esa complicidad silenciosa de autoridades llevó a la comunidad a un “desplazamiento económico facilitado”, pues los criminales hacen lo que quieren, la mayoría de la población es extorsionada incluso por integrantes de familiares que andan en grupos delictivos, los obligan a irse y no ocupan las casas, las queman. “Luego viene la especulación y la llegada de inversionistas que están buscando a los exiliados en El Paso, donde supuestamente están ocultos, para decirles que quieren comprar a bajo costo porque como viene una nueva carretera y más desarrollo, las autoridades de todos modos les van a quitar sus propiedades. Es una relación entre el sector empresarial y el político, porque saben dónde está el gas shale”, abundó. La exigencia de Mexicanos en Exilio es una reunión con el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas estatal, para que les informe la situación de los proyectos y sus propiedades y, en caso de que se planeen proyectos en esa zona, que los propietarios actuales de las viviendas y comercios abandonados también sean beneficiados. Hay familias que no pagan predial desde hace cinco años, por lo que piden la condonación o un arreglo para no perder sus propiedades; también piden que se facilite el voto en el extranjero; se faciliten las denuncias de sus casos a nivel municipal y estatal, se cree un comité de personas para visitar sus viviendas y conocer las condiciones en las que se encuentran. Asimismo, buscan que se implemente una ley de víctimas que los incluya y que los jóvenes y niños reciban terapia, debido a que tienen traumas fuertes por la manera en que huyeron y en la que atestiguaron la ejecución de sus familiares. Juan Carlos Loera, activista social y encargado de la representación de mexicanos en el exterior por Morena, denunció que las autoridades no quieren reconocer el concepto de desplazados y le apuestan a confundirlos con migrantes, pues de otra manera se desnudaría el fracaso de las políticas públicas. También alertó que la reforma energética traerá más violaciones a los derechos humanos, por lo que se debe exigir una solución a ese fenómeno tan doloroso. En su participación en el foro, la diputada juarense del PRI, Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, se enfocó a explicar que la violencia y migración se dan por la desigualdad, por lo que el alcalde juarense, Enrique Serrano Escobar, y su homólogo en Texas, trabajan para desarrollar infraestructura y detonar el desarrollo económico para terminar con esa situación. Luego sostuvo que la frontera “es lugar de oportunidad, no es lugar de amenazas”, lo que le generó cuestionamientos del público, por la situación de inseguridad que han sufrido los residentes de las fronteras en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Emilio López Reyes, de la coordinación de investigación del Centro de Investigaciones y Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud, habló de la importancia de implementar una tipología para el estudio y gestión de la migración forzada. Además, destacó los casos de Colombia y Perú, donde se ha tipificado la figura de desplazamiento forzado para atender a las víctimas, por lo que urgió a abrir una línea de investigación de migración en contextos de violencia.