HERMOSILLO, Son. (apro).- La Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción (FEIHC) tendrá como una de sus primeras tareas aclarar el destino de 26 mil 97 millones de pesos desviados entre 2009 y 2015 por 11 funcionarios públicos en la entidad. Para ofrecer un resultado confiable, el recién nombrado fiscal anticorrupción, Odracir Ricardo Espinosa Valdez, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), deberá mostrar imparcialidad al someter a investigación a los presuntos responsables de los millonarios desfalcos, sin menoscabo de su origen partidista. Cada uno de los expedientes observados se encuentra documentado ante la Contraloría estatal, el Instituto Fiscalizador del Congreso local (ISAF), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). De inicio, Espinosa Valdez tendrá la encomienda de definir el destino de 12 mil 450 millones de pesos sobre ejercidos por el exgobernador Guillermo Padrés, según datos del informe de resultados a la revisión de la Cuenta Pública Estatal 2014, donde el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) detectó 3 mil 126 irregularidades, de las cuales mil 726 fueron solventadas, y restan por justificar mil 295. Ese desorden financiero lo encabeza una “dependencia virtual” denominada Deuda Pública, que se sobregiró con 7 mil 588 pesos; le siguen la Secretaría de Educación, que superó en más de 2 mil 71 millones de pesos lo aprobado por el Congreso local; Salud, que también elevó en 714 millones lo estimado, y Seguridad Pública, con 537 millones. La anarquía presupuestal también se observó en las secretarías de Economía, con 485 millones de pesos; de Gobierno, 260 millones; Hacienda, 161 millones, y Desarrollo Social, con 69 millones de pesos, así como la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), con 163 millones. De acuerdo con ese informe de 2014, el gobierno sonorense obtuvo 60 mil 417 millones de pesos en ingresos, lo que representa un superávit de 13 mil 974 millones respecto de los 46 mil 442 millones que le fueron aprobados para su ejercicio el año anterior. La televisora del estado El ISAF inició una investigación contra el exsecretario de Comunicación Social, Jorge Morales Borbón, quien durante los últimos tres meses se hizo cargo de la televisora estatal, Telemax, y solicitó un crédito de 90 millones de pesos “en secreto”. De acuerdo con el instituto fiscalizador, este crédito fiscal fue avalado por el exgobernador Guillermo Padrés para que Morales comprometiera las participaciones estatales de la televisora hasta 2015, sin el consentimiento del Consejo Administrativo. El crédito bancario fue tramitado ante el Banco de Interacciones SA. Hasta el momento se han retirado 45 millones para la modernización digital de la televisora, y el capital restante no tiene registro fiscal alguno. El pasado 27 de junio, la Comisión de Vigilancia del ISAF también documentó que de 2009 a la fecha existe un faltante de 10 mil millones de pesos en el gobierno del sexenio pasado. El exdiputado priista y expresidente de esta Comisión, Marcos León Perea, señaló que en seis años se acumularon mil 500 observaciones sin solventar. “Estamos buscando que los culpables del faltante se responsabilicen de sus errores; no vamos a fabricar culpables, pero sí vamos a exigir que se devuelva cada peso sin justificar a los sonorenses”, resaltó el legislador en aquella ocasión. Perea basó su señalamiento en las cuatro denuncias penales interpuestas por el ISAF el 4 de diciembre de 2013 ante la PGJE por el faltante de 2 mil 500 millones al fondo de pensiones y jubilaciones del Isssteson, dirigido en esa fecha por Teresa Lizárraga, hoy diputada federal plurinominal. El recurso fue sustentado en la probable comisión de los delitos de desvío de recursos, peculado, abuso de autoridad y uso indebido de facultades, durante el ejercicio fiscal de 2012. A Lizárraga también se le acusó de presentar como comprobantes de gastos del ejercicio fiscal de 2012 una serie de facturas relacionadas con la adquisición de maquillaje, panecillos rellenos, accesorios femeninos y certificados de regalo para manicura. Otro de los denunciados fue Víctor Alcaraz Bernal, exdirector del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (Femot), que debe comprobar el destino final de 600 millones de pesos que aprobó el Congreso local para la compra de nuevas unidades y pago a proveedores en Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa. "No se pudo determinar el destino de los recursos por falta de evidencia documental", dictaminó el ISAF. También se interpuso una denuncia penal en contra del secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura de Sonora (Sagarpa), Héctor Ortiz Ciscomani, por los delitos de abuso de autoridad, peculado, uso indebido del ejercicio público y uso indebido de facultades. "Se detectaron, entre otras irregularidades, gastos ceremoniales sin comprobar por 7.2 millones de pesos y transferencias otorgadas a entidades federativas paraestatales, de las cuales no se cuenta con documentación comprobatoria que acredite a quién se realiza la transferencia o cheque y su póliza por 48.5 millones de pesos", argumentó el instituto fiscalizador. Otra denuncia es contra la exalcaldesa del municipio de Bácum, Rosalía Benítez Audeves, porque no se comprobaron 20 millones de pesos. El 23 de noviembre de 2014, los regidores priistas del Cabildo de esta capital interpusieron una denuncia penal en las oficinas centrales de la PGR en la ciudad de México contra el exalcalde Javier Gándara Magaña por el desvío de 231 millones de pesos en 2011. En conferencia de prensa, la exregidora Natalia Rivera argumentó que el expresidente municipal y excandidato panista a la gubernatura desvió este recurso de una “cuenta especial” donde la Federación depositaba el dinero para infraestructura urbana, hacia una cuenta del Ayuntamiento y a particulares. “Esta cuenta especial sólo se debe utilizar para pagos a proveedores, ya sea mediante la expedición de cheques o transferencias interbancarias, porque de no ser así se violenta la normatividad vigente del Estado mexicano para la entrega de recursos a los municipios”, expuso la exalcaldesa hermosillense y ahora jefa de la oficina del Ejecutivo. Esta denuncia se interpuso en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR, por el delito de peculado. Una demanda similar se entregó en la Secretaría de la Función Pública, para que el señalado sea inhabilitado para contender por un puesto de elección popular o para desempeñarse como servidor público en el futuro. Este es el segundo proceso penal que enfrenta el exedil hermosillense, luego de que en diciembre anterior se le acusó de vender a medio precio el rastro municipal (en el periodo de 2009 a 2012) y también por rematar en 500 mil pesos un predio del Ayuntamiento con un valor de 7 millones, además de no transparentar la adquisición de 100 mil medidores de agua que a la fecha siguen sin ser inventariados en el organismo operador en Hermosillo. El denunciado dijo a los medios de comunicación que se sentía tranquilo porque "no le metí la mano a la caja, como se dice en términos prácticos". Añadió: "Por lo que he leído, dan a entender que sustrajimos el dinero, pero eso es una calumnia". Las denuncias siguen su curso legal ante la PGR, el ISAF) y la ASF. Desfalco El 26 de enero de 2012, el exalcalde de esta ciudad, Alejandro López Caballero, entonces secretario de Hacienda, fue denunciado por desviar 15 millones de pesos en 15 días, a empresas "patito". De acuerdo con el señalamiento del exregidor priista David Palafox, se acreditó con fotografías y documentos que López Caballero utilizó dinero del presupuesto estatal, supuestamente para organizar actos de precampaña y favorecer con el erario a otros funcionarios. Las empresas beneficiadas con el presunto desvío fueron: Frog Electronic, Gráfico Lerer y Grupo Seed. Priistas en la mira El 31 de mayo de 2012, el priista Otto Claussen Iberri fue notificado por personal de la Contraloría para que comparezca ante esa instancia y declare sobre la investigación que se le sigue por presunto desvío de 30 millones de pesos cuando fungió como director general del Isssteson. De acuerdo con la acusación, realizó pagos de varios millones de pesos a proveedores sin acreditar. Por separado, el excandidato a la alcaldía de Agua Prieta por la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza, Vicente Terán Uribe, promovió un recurso de amparo por una denuncia en su contra, por desviar más de 151 millones de fondos públicos municipales y federales en 2010. El abanderado de la coalición "Por un gobierno honesto y eficaz" solicitó el amparo y protección de la justicia federal mediante el recurso 158/2015-V, luego de que en dos ocasiones se negó a rendir declaración ante el Ministerio Público del Fuero Común, con sede en Agua Prieta, por el supuesto delito de peculado. En el juicio de garantías, Terán Uribe reclamó al juez noveno de distrito su derecho a no ser detenido ilegalmente y exigió que no se le impusiera una orden de arraigo o presentación. También pidió no ser "fichado" por la autoridad local porque eso, dijo, violentaría sus derechos humanos, y señaló que no deseaba ser sometido a cualquier actividad ilegal, difamatoria y de molestia. Acusó como responsables de esos posibles actos al procurador estatal, al agente del Ministerio Público encargado del caso, al jefe de la Policía Estatal Investigadora (PEI) y al comandante de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Sin embargo, en la denuncia con folio 210/2015, interpuesta el pasado 6 de abril ante el Ministerio Público, consta que cuando se desempeñaba por segunda ocasión como alcalde aguapretense, de 2009 a 2012, utilizó 151 millones de pesos del orden municipal y federal para introducir los servicios públicos a un predio particular. El 1 de febrero de 2010 Terán Uribe introdujo la red de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y pavimentación en una propiedad de 185 hectáreas a nombre de Ana Amelia Duarte, y el 16 de febrero del siguiente él compró el inmueble, localizado a 7 kilómetros al sureste, por fuera del casco urbano de Agua Prieta El más reciente ‘atentado’ contra los fondos públicos se registró en Nogales, donde el extesorero priista Fernando Córdova Valdez sustrajo 122 millones de pesos el pasado 11 de septiembre. Dos días antes de que concluyera la gestión del alcalde Ramón Guzmán, aquel se fugó con el dinero sin que hasta ahora se conozca su paradero.