MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado 29 de septiembre, Kasturi Munirathinam, una trabajadora doméstica originaria de la India, intentó huir del domicilio en el que su empleador la torturaba. Sin embargo, mientras trataba de descender por el balcón, el señor le cortó la mano. La señora cayó y se lastimó la columna vertebral. La agresión conmovió a la opinión pública en la India. De acuerdo con medios locales, quienes entrevistaron a sus familiares, Munirathinam se trasladó a Arabia Saudita en julio pasado con la promesa de un trabajo, conseguido a través de una agencia, por un salario de 231 dólares mensuales. Su hermana reveló que su desilusión fue brutal: sus empleadores la torturaron y la mantuvieron incomunicada; apenas le daban de comer y la obligaban a trabajar largas jornadas sin recibir un centavo. Sushma Swaraj, ministra de Asuntos Exteriores de la India, condenó de inmediato la agresión y aseveró que se comunicó con su contraparte saudita. Un vocero de la cancillería india informó que la embajada en Riad exigió “acciones estrictas” y “un castigo severo” para el empleador que agredió a la mujer. Desde hace años se documentaron las condiciones precarias en las que laboran cientos de miles de trabajadores extranjeros originarios de Filipinas, Indonesia e India, en su mayoría, en las monarquías del Golfo. El año pasado, un informe de Amnistía Internacional señaló los tratamientos inhumanos que recibían las trabajadoras domésticas en el vecino emirato de Qatar. El pasado 17 de septiembre, un diplomático saudita en Nueva Delhi fue inculpado por secuestrar y violar a dos mujeres originarias de Nepal que empleaba como domésticas. El hombre utilizó la inmunidad que le confiere su estatuto de representante extranjero para dejar el país de manera impune. La embajada de Arabia Saudita emitió un comunicado en el que aseveró que los alegatos de la policía india –que realizó el operativo en el departamento del diplomático— eran “completamente sin fundamento”, según el periódico británico The Guardian. Es más: la representación de la monarquía interpuso una queja contra el operativo de los uniformados en una residencia ocupada por un funcionario extranjero y denunció una violación a los privilegios diplomáticos.