CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Consejeros del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIG), denunciaron que el gobernador, Rogelio Ortega Martínez ordenó la retención del presupuesto destinado al pago de la primera quincena de este mes como represalia por las resoluciones emitidas recientemente donde exhiben la falta de transparencia y opacidad de la actual administración. En sesión extraordinaria realizada este día, el pleno del ITAIG informó públicamente que “de manera ilegal”, la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), decidió retener los recursos de esta quincena, argumentando que los consejeros no han liquidado un crédito de más de 100 mil pesos solicitado por el exconsejero Crescencio Almazán Tolentino desde 2014. Al respecto, el presidente del ITAIG, Roberto Rodríguez Saldaña desconoció el adeudo al señalar que no existe un documento oficial avalado por el pleno donde se autorice la solicitud de un préstamo al gobierno estatal. Por ello, calificó como ilegal el procedimiento del gobierno estatal para entregarle recursos públicos al exconsejero con el propósito de adquirir una deuda a nombre del instituto. Rodríguez Saldaña señaló que el pleno del ITAIG desconocía la maniobra realizada por el gobierno estatal para entregar dinero de manera discrecional a un exconsejero. En el mismo sentido, los consejeros Elizabeth Patrón Osorio y Joaquín Morales Sánchez criticaron la retención “arbitraria” de la ministración de esta quincena y criticaron la actitud del gobierno de Ortega porque no hay pruebas de que el préstamo otorgado el año pasado haya sido utilizado para asumir compromisos institucionales. Por ello, acordaron pagar la nómina de esta quincena con recursos propios del instituto y ante una eventual falta de dinero para cubrir los salarios de los consejeros, anunciaron que interpondrán un amparo para esclarecer por la vía legal este hecho. Consultado sobre la controversia, el consejero Joaquín Morales consideró que la retención del presupuesto del Instituto es una acción de represalia del gobierno de Ortega porque han emitido resoluciones donde exigen a los sujetos obligados entregar información pública solicitada por ciudadanos. Estas resoluciones han exhibido públicamente el nivel de opacidad y falta de transparencia de la administración de Rogelio Ortega que concluye el lunes 26, indicó el consejero.