MÉXICO, DF (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que los penales federales y estatales de México mantienen “patrones comunes y estructurales tales como hacinamiento, corrupción, indebida atención médica y falta de privacidad”. Además, padecen de “ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato por parte del personal penitenciario a cargo de la custodia de las personas privadas de su libertad e imposibilidad de éstas para presentar quejas ante un órgano independientes que cumpla con estándares de independencia e imparcialidad reconocidos”. En un comunicado, la CIDH refirió que a esas conclusiones llegó el comisionado James Cavallaro, relator especial de los derechos de las personas privadas de libertad y relator para México, durante una visita de trabajo del 22 al 24 de septiembre pasados, en días previos a la visita in loco, del pleno del organismo. El organismo regional señaló que entre las actividades realizadas por Cavallaro estuvieron el monitoreo de “la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad”, así como revisar “mecanismos de soluciones amistosas y seguimiento de peticiones y casos”. Comisionado de origen estadunidense, Cavallaro visitó el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del Altiplano, y en el Distrito Federal, el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha, el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente. De acuerdo con el comunicado, en su visita al Cefereso del Altiplano observó que en los centros federales prevalece un “ambiente de extrema represión”, caracterizado por “la utilización de prolongados regímenes de aislamiento, hasta por 23 horas al día, restricción de comunicación con los internos y graves dificultades para tener contacto con el exterior”. Si bien el comisionado constató que aunque las condiciones físicas del inmueble y de control son mejores que las de los centros de reclusión locales, recibió testimonios de los hechos ocurridos el 19 de septiembre pasado, cuando “fuerzas federales de seguridad habrían ingresado y sacado de forma violenta a los internos de sus celdas, a fin de quitarles sus mini televisores y relojes personales”. Resalta que la acción policial y “otras inconformidades relacionadas con sus condiciones de detención”, entre ellas el prolongado encierro hasta por 23 horas al día en celdas de dimensiones de dos por tres metros “habría dado pie a la huelga de hambre iniciada ese mismo día”. La CIDH expresó su “preocupación por lo manifestado por organizaciones de la sociedad civil, respecto de la falta de disponibilidad de información sobre esta cuestión”. Situación deplorable En el caso del penal femenil de Santa Martha, Cavallaro constató “condiciones deplorables en las celdas de castigo utilizadas, y especialmente por el prolongado tiempo de aplicación de este tipo de sanciones”. Dio cuenta del caso de una mujer que llevaba tres meses castigada, lo que fue confirmado por las autoridades. Sobre el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, llamó la atención del comisionado la sobrepoblación carcelaria, ya que están recluidas 12 mil 883 personas, aunque su capacidad instalada es de cinco mil 604. Tras la visita a los centros de reclusión, la CIDH consideró que en México hay “un uso excesivo de la prisión preventiva y la inaplicación de medidas sustantivas”. Ello fue constatado en “numerosos testimonios de personas cuyos casos habrían excedido ampliamente el límite constitucional de dos años para la aplicación de la prisión preventiva”. Contra los estándares internacionales, la Relatoría “observó que las personas procesadas y sentenciadas compartían las mismas celdas y se encontrarían en las mismas áreas comunes”. En cuanto a las reuniones de trabajo que sostuvo James Cavallaro como relator para México, la CIDH informó que presidió seis encuentros para atender peticiones y casos, impulsar soluciones amistosas y dar seguimiento a recomendaciones de organismo. El Ejido Morelia De acuerdo con el reporte, el pasado 23 de septiembre el comisionado se reunió con las partes involucradas en el caso 11.411 Severiano Santis y otros (El Ejido Morelia), para suscribir un acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH en el informe de fondo 48/97. El organismo dijo que está a la espera de que se lleve a cabo “el segundo evento en el que se completará la suscripción de este convenio de cumplimiento de recomendaciones con los familiares de las víctimas y las autoridades del estado de Chiapas”. El caso de El Ejido Morelia se refiere a la detención ilegal, tortura, desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de los indígenas Severiano y Hermelindo Santiz Gómez y Sebastián Santiz López, por parte de soldados del Ejército mexicano en el contexto del alzamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en febrero de 1994. Previamente, tropas castrenses incursionaron violentamente en la comunidad indígena del municipio de Altamirano, Chiapas. La CIDH hace referencia en su comunicado al acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del asesinato del exalcalde de San Martín Itunyoso, Oaxaca, el líder triqui Jacinto López Martínez, ocurrido el 17 de octubre de 2011, aún cuando tenía medidas cautelares de la CIDH desde julio de 2005. En el encuentro se firmó un acuerdo de solución amistosa “que contempla medidas de reparación integral y que será sometido a la aprobación de la CIDH para verificar que se ajunte a la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Humanos”. El comisionado Cavallaro “hizo énfasis en las cláusulas del acuerdo de solución amistosa relativas a la emisión de un protocolo para la implementación de medidas cautelares de la CIDH y al deber de investigar y sancionar los hechos”. Otros casos Además, facilitó reuniones de trabajo relativas a cuatro casos: 12.847 Vicenta Sánchez Valdivieso, sobre denegación de justicia y que ya había firmado un acuerdo de solución amistosa en 2012; 12.915 Ángel Díaz Cruz y otros, sobre la muerte de Ángel, un niño tsotsil de nueve años, y las lesiones a Ricardo y José Leonardo López Hernández, por la explosión de un artefacto del ejército mexicano ocurrido en diciembre de 2000 en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También se analizaron los casos 12.550 Silvia Arce, desaparecida en Ciudad Juárez, Chihuahua en 1998; y P-1171-09 Ananías Laparra, quien permaneció 12 años preso siendo inocente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sobre éste último “se firmó una minuta de reunión de trabajo que da cuenta de los avances del Estado mexicano en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el acuerdo de solución amistosa suscrito el 5 de septiembre de 2014 y de los puntos pendientes de cumplimiento”. La CIDH reconoció los esfuerzos del Estado mexicano, entre ellos “la constitución del Fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de los derechos humanos, que fuera ampliado el 11 de abril de 2014 para incluir las soluciones amistosas, las reparaciones derivadas de las recomendaciones y resoluciones que emita la CIDH, entre otros mecanismos de protección de derechos humanos”. También resaltó “la buena disposición y apertura expresada por los peticionarios para considerar medidas de reparación en el marco de solución amistosa y acuerdos de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la CIDH”.