MONTERREY, (apro).- Como promesa de campaña, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” presumió que su gobierno estará integrado por los mejores elementos. Después de su triunfo en las urnas, y ya instalado en el Palacio, “El Bronco” ha cumplido a medias. En algunos puestos colocó funcionarios de probada solvencia. En otros, designó a personas que tienen, como mérito primordial, ser de su confianza. Otros fueron inelegibles, y cayeron de inmediato. Al difundir, en su gira proselitista hacia las elecciones del 7 de junio sus 28 objetivos de gobierno, en el punto 4 habló de un equipo con meritocracia, en el que la honestidad, congruencia y otras virtudes serían la carta de presentación de los servidores públicos de Nuevo León. Como mandatario en funciones, no pudo hacer que se cumpliera su propósito. Por lo pronto, ya fueron removidos de sus puestos dos funcionarios de su primer círculo que, por lo menos, faltaron a la verdad, al asumir sus cargos. El lunes 12 desde le Tribuna del Congreso Local, el legislador priista Gabriel Tláloc Cantú pilló en falta al recién nombrado director del DIF estatal, Eduardo Santos González. El joven había saltado del activismo a la política, al inscribirse como candidato a diputado local por Monterrey en el paquete de candidaturas independientes que en la pasada elección impulsó “El Bronco” para el Congreso Local. La ley señala que para ocupar el puesto es necesario tener 30 años cumplidos y el joven tiene 29, con seis meses. En abril de 2016 alcanza la edad, señaló el legislador. La acusación del priista era el primer reto de Rodríguez, que manejó como bandera de campaña que “esta vez”, en su mandato, la ley sería cumplida a cabalidad. El gobernador se vio obligado a hacer cumplir la ley. Al día siguiente del señalamiento, la actual administración reconoció la inconsistencia legal y cambió a Santos a otro puesto desde el que seguirá mandando. Cuando cumpla el requisito, será reinstalado, se anunció. Caso similar ocurrió el miércoles 14 con el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, contralmirante Augusto Cruz Morales, egresado de las filas de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar). Anteriormente había sido secretario de Seguridad Pública en el gobierno municipal de la panista Margarita Arellanes. Ese día, también en plena sesión, otro tricolor, Héctor García, levantó la mano para hacer un nuevo señalamiento. Recordó que el encargado de la AEI debía contar con título de licenciado en Derecho o Ciencias Jurídicas, y el contralmirante lo tenía, pero en Ciencias Navales. De igual manera, Cruz fue removido de lugar y colocado en la dirección Operativa y de despliegue Territorial donde, también, seguiría ejerciendo el mando de la corporación, pero con otro membrete. Ante las dos designaciones fallidas, el coordinador del PRI en la legislatura nuevoleonesa, Maco González Valdez, acusó al gobierno de “El Bronco” de haber llegado sin preparación. “Nosotros como diputados pedimos que haya responsabilidad y congruencia. Lamentablemente el periodo de transición sólo indica que fue un show o una trampa, y no llegaron preparados para empezar el Gobierno”, dijo con decepción. No le faltaba razón al tricolor. Jaime ganó en junio y asumió la gubernatura en octubre. Tuvo cuatro meses para preparar el arranque de la gestión, pero en ese lapso hizo numerosas giras en México y el extranjero con el propósito, dijo, de animar a más personas a lanzar sus candidaturas independientes. En la transición, “El Bronco” no estuvo concentrado en su trabajo pues, se la pasó, como literalmente dijo, “Del tingo al tango”, haciendo giras. Mecenas y funcionarios Antes de ser removido, el contralmirante Cruz ya había sido cuestionado por organismos civiles, junto con el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, designado secretario de Seguridad Pública de Nuevo León. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (Fundenl) y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) cuestionaron los dos nombramientos, pues señalaron que la militarización en los trabajos preventivos había generado un incremento en violaciones a las garantías individuales. A Antúnez le cuestionaron su pasado como comandante de la Séptima Zona Militar, en la época de la guerra contra el narco en Nuevo León, pues durante su gestión, tropas locales provocaron la muerte de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, de un matrimonio en Anáhuac, de un padre e hijo en Apodaca, y de una exalumna de la Universidad de Monterrey. No se sabe si hubo justicia en estas acciones, debido a la conocida opacidad del Ejército en los juicios hacia sus integrantes. A Cruz Morales, según Cadhac, se le cuestionaba porque “al frente de la seguridad de la capital, durante una época difícil para Nuevo León, donde tampoco la policía de este municipio sobresalió por su respeto a los derechos humanos”. La meritocracia tampoco es una cualidad que haya cumplido el gobernador independiente en su gestión. TV y Radio Nuevo León (TVNL) y, el sistema de comunicación pública, propiedad del gobierno de la entidad, se encontraba en la ruina al finalizar la pasada gestión del priista Rodrigo Medina de la Cruz. En la etapa de transición, se reveló que necesitaba una inversión de 110 millones de pesos para adecuar el equipo técnico para modernizarlo cuando ocurriera el apagón analógico el 24 de septiembre. El Canal 28, donde se transmite la señal de TV, y que era dirigido por Roberto Canales, corría el riesgo de ser sacado del aire. No había de donde sacar el recurso para la digitalización. La deuda pública del estado es de más de 80 mil millones de pesos. El gasto corriente tiene un déficit de 6 mil 200 millones. Sin embargo, el proceso de actualización se puso en marcha y el canal sobrevivirá. Sorpresivamente fue designado para guiar TV Nuevo León un desconocido de nombre Luis Yermak Torres. Procede de Baja California y su mayor mérito es ser socio de Guillermo Rentería, el ideólogo de la campaña de “El Bronco”. Yermak, igual que Rentería, es músico y hace trabajo de publicidad, y conoce de videoclips. Hicieron los spots de “El Bronco” y una película. Pero hasta donde se sabe, el nuevo director nunca había tenido un puesto en el servicio público, ni conoce de la administración de una empresa de televisión. La designación del secretario de Desarrollo Sustentable, Roberto Russildi, es otra de las cuestionadas. Antes de ser nombrado en el nuevo gabinete, trabajó en la constructora desarrolladora Javer. Reportes de prensa señalan que fue vicepresidente, aunque Manuel González, secretario general de Gobierno y principal asesor de “El Bronco”, aclaró que sólo había trabajado de gerente. Además, compró, junto con el ahora gobernador, un amplio predio, en el municipio de García, donde Rodríguez fue alcalde en el trienio 2009-2012. Hay señalamientos, no comprobados, que involucran a Russildi como socio del mandatario en otras adquisiciones. Humberto Torres Padilla fue nombrado secretario de Obras Públicas, puesto que había coordinado durante los cuatro meses de transición. “El Bronco” dijo que para financiar su campaña, había juntado a 20 amigos quienes, desinteresadamente, le habían dado 20 mil pesos mensuales, cada uno, para sufragar todos los gastos. Nunca se transparentó el nombre de los empresarios, pero trascendió que Torres Padilla era uno de ellos. Enrique Torres Elizondo fue nombrado director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM). Según el periódico Reporte Índigo, su padre, Enrique Torres, fue secretario de Obras Públicas en el sexenio de Jorge Treviño Martínez (1985-1991), del que “El Bronco” también formó parte. El mismo medio señala que los dos Torres son propietarios de empresas constructoras. Roberto Flores fue designado procurador de Justicia de Nuevo León. Durante la campaña fue el representante del gobernador ante la Comisión Estatal Electoral y su principal asesor legal. El litigante es reconocido, en la localidad, por su protagonismo y su gusto por los reflectores. Antes de asumir su actual encomienda, aparecía con frecuencia en la televisión. Tiene una gran presencia ante las cámaras con una natural desenvoltura y seguridad. Era invitado frecuente en los programas matutinos familiares, para dar consejos a las amas de casa sobre prácticamente cualquier asunto legal. Su nombramiento debió pasar por el Congreso Local. Días antes de que los diputados lo votaran, se difundió en redes sociales una audiograbación telefónica en el que se le exhibía negociando la liberación de un detenido, que había caído en un retén federal, en el municipio de Galeana. Al detenido Flores le comunicó que “eso” (aparentemente su liberación) le costaría “un billetón de su puta madre”. El abogado reconoció que la voz de la grabación era suya, aunque el audio estaba trucado. La exhibición no fue obstáculo para que los diputados le dieran el voto aprobatorio. Pese a los cuestionamientos de una parte de su gabinete, nadie impugna el nombramiento de sus dos personas más cercanas en el gobierno. Manuel González Flores es secretario general de Gobierno. En campaña y durante la transición, fue el principal consejero de “El Bronco”. Como político y negociador se le considera mejor que el mismo mandatario. Trabajaron juntos en el sexenio de Jorge Treviño. El ahora funcionario renunció al PRI en 2005. El otro personaje cercano es Fernando Elizondo Barragán, el todo poderoso coordinador del Gabinete, puesto que le fue creado a modo para esta nueva administración. El Congreso aprobó su nombramiento, debido a que tiene credenciales impecables en el servicio público y privado. Quien fuera gobernador interino en 2003, en sustitución de Fernando Canales, renunció al PAN en 2014. Fue candidato momentáneo a la gubernatura en esta elección, y dejó las siglas de Movimiento Ciudadano para integrarse a la campaña de “El Bronco”. Coordinó el equipo de transición y, desde su actual puesto de coordinador de Gabinete tiene injerencia en prácticamente todo, principalmente en las finanzas del estado, donde fue nombrado como tesorero Carlos Garza Ibarra.