GUANAJUATO, Gto. (apro).- La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional presentará una iniciativa para reformar la ley estatal de seguridad, con el fin de eliminar la obligación de los municipios de pagar escoltas para los exediles en los tres años posteriores a que concluyan su mandato o pidan licencia para el mismo, al considerarlo “un exceso y un abuso de poder”. Esta propuesta surge en medio de la polémica generada por la exalcaldesa y actual diputada federal priista de León, Bárbara Botello Santibáñez, quien pretende, bajo el amparo de la ley actual, contar con al menos seis escoltas durante los próximos tres años para acompañarla en sus actividades en el recinto legislativo de San Lázaro en el Distrito Federal, además de que sea el gobierno municipal el que pague el hospedaje y alimentos de los agentes en la capital del país. La ley de seguridad pública del estado prevé en el artículo 37 esta posibilidad para algunos funcionarios –como el procurador de justicia-- y presidentes municipales al terminar su encargo, cuando pidan licencia o por un periodo de tres años posteriores. Incluso, la ley prevé que la misma protección y por el mismo periodo se podrá otorgar a parientes en primer grado y cónyuges de los funcionarios salientes. El diputado panista Ricardo Torres Origel informó que al interior de la fracción, que es mayoría en el Congreso del estado, se ha revisado este tema y se ha considerado que debe derogarse el artículo que se refiere a la protección para los alcaldes cuando éstos concluyan su periodo. “Es preocupante que mientras la ciudadanía se encuentra de repente en el abandono, sin la protección de seguridad, la ley de seguridad pública incluya un apartado en donde se les puede asignar escoltas a quienes han tenido mando de fuerza pública por tres años”, como es el caso de los alcaldes, señaló Torres Origel. “Es un tema que hemos analizado en el grupo parlamentario y, por supuesto, lo tendremos que reformar. No es posible que eso se haya aprobado, es a todas luces un exceso”, dijo el legislador, quien comentó que la Comisión de Seguridad de la Legislatura abordará el tema en una iniciativa de reforma. Esta comisión es encabezada por el panista Juan Carlos Muñoz Márquez, empresario transportista que durante el trienio de Botello Santibáñez fue sancionado por su administración con el argumento de violaciones en materia de uso de suelo de su empresa. Según una conversación telefónica que fue divulgada por el portal www.zonafranca.mx, la ex alcaldesa Botello Santibáñez pidió a su exsecretario de Seguridad Pública, Francisco Aguilera Candelas, que le tramitara la asignación de por lo menos seis escoltas, con viáticos pagados, para los siguientes tres años. Al respecto, el diputado Torres Origel, también leonés, calificó como un exceso que Botello tenga una asignación de seis escoltas, “alguien que va a pasar más de la mitad de la semana en el Congreso de la Unión; el costo que ello implica es de más de un millón de pesos”. También dijo esperar que el ayuntamiento rechace esta solicitud, la cual –argumentó-- no es bien vista, “porque en los tres años de su administración el tema en el que los leoneses nos vimos más afectados fue en el de la inseguridad”. Luego calificó la pretensión de la actual diputada federal y vicepresidenta de la mesa directiva en San Lázaro como un abuso de poder, “al estilo en que actuó durante los casi tres años (en la presidencia municipal), gobernando a capricho”. El diputado panista aclaró que el problema generado para las finanzas municipales por la asignación de escoltas a exediles no sólo es para León, sino para los 46 municipios. “Las finanzas municipales están abatidas, viene el costo de las liquidaciones, no se puede seguirlas sangrando más”, planteó.