MONTERREY, N.L. (apro).- Jaime Rodríguez Calderón todavía no cumple ni la mitad de un mes al frente de la administración estatal y su gabinete no encuentra aún aceptación ciudadana. Por diversos frentes, funcionarios de primer nivel son objeto de impugnación, debido a líos con la ley, compadrazgo y por motivos de derechos humanos. Consuelo Morales Elizondo, presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la entidad. Ahí hizo mención, sin decir su nombre, del general Cuauhtémoc Pérez Antúnez, secretario de Seguridad Pública estatal, a quien en días pasados señaló por delitos que cometió la tropa cuando era comandante de la Séptima Zona Militar y que aún siguen sin castigo. En el marco de la audiencia, la activista señaló que las ejecuciones extrajudiciales, que prevalecen en todo el país, se ajustan en la entidad con el patrón del desenlace anunciado de impunidad, que beneficia a las fuerzas armadas. La hermana Consuelo se refirió al caso de Gustavo Acosta Luján, asesinado por elementos de la Marina de un tiro en la frente, en presencia de su familia, el 1 de septiembre de 2011 en la colonia Jardines de San Andrés, del municipio de Apodaca. En su exposición ante la CIDH, la fundadora de Cadhac recordó que la Secretaría de Marina (Semar) emitió un comunicado en el que calificó a Acosta Luján como “delincuente”. Y a la fecha no hay ningún procesado por esta ejecución. El otro caso al que hizo referencia es el de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados a balazos por elementos del Ejército el 19 de marzo del 2010, en el interior del campus central, en esta capital. Describió Morales Elizondo: “En su caso, los elementos castrenses entraron a las instalaciones de la Universidad y abrieron fuego a menos de un metro de distancia. También en esta ocasión el Ejército emitió un comunicado señalando que Jorge y Javier, dos brillantes estudiantes, eran delincuentes que habían sido abatidos. Ningún militar ha sido consignado ni mucho menos sentenciado por estos hechos”. Luego refirió que en el contexto de la falta de acceso a la justicia se suma la preocupante militarización de la seguridad en la entidad, que se observa con el reciente nombramiento del contralmirante Augusto Cruz Morales al frente de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Más tarde, el funcionario fue removido del cargo porque incumplía requisitos académicos para asumirlo. Agregó Morales: “También se designó a un general como secretario de Seguridad Pública, quien cuando fueron ejecutados Jorge Mercado y Javier Arredondo desempeñaba funciones de mando relevantes en la zona. En suma, Nuevo León no es ajeno al patrón que en esta audiencia describimos, mismo que sólo será revertido si esta Comisión impulsa un cambio en la manera en que el Estado investiga las ejecuciones cometidas por marinos y militares y otras fuerzas”. La presidenta de Cadhac concluyó su participación al señalar que los familiares de Gustavo, Jorge y Javier siguen buscando justicia: “Así lo esperan, así lo necesitan”. El “socio de El Bronco” Guillermo Martínez Berlanga, integrante de la asociación Comité Ecológico Probienestar, presentó este martes una solicitud ante el gobierno estatal para pedir que sea destituido como secretario de Desarrollo Sustentable Roberto Russildi Montellano. En un escrito dirigido a El Bronco, el activista recordó que el funcionario nombrado el lunes 5 reveló que es socio del gobernador, “lo cual establece sin duda alguna un conflicto de intereses que lo hacen inelegible para encabezar la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León”. En días pasados, Russildi reconoció que en algún momento del pasado había comprado un terreno que compartió con el ahora gobernador, quien abiertamente ha reconocido que es su amigo. En la solicitud se señala que, además, por ser ingeniero químico y de sistemas, el funcionario enfrenta incapacidad técnica y profesional “al no tener conocimientos sobre el área de desarrollo sustentable del medio ambiente”. Al finalizar su petición, Martínez Berlanga señala que “para actuar conforme a la cultura de la legalidad y acabar con la corrupción, solicitamos se destituya como secretario de Desarrollo Sustentable a Roberto Russildi Montellano”. Acusan por desvío a director del ICV Otro colaborador de El Bronco impugnado es Fernando Ramón Marty Ordóñez, director del Instituto de Control Vehicular (ICV), debido a que el funcionario enfrenta una denuncia penal por el desvío de más de 3 millones de pesos que, aparentemente, descontó indebidamente a trabajadores de municipio conurbado de Santiago cuando era tesorero, en la administración 2012-2015 del PT, a la que renunció. La actual directora de Ecología de ese municipio, Lorena Cervantes Navarro, presentó el miércoles 14 una denuncia penal por el desvío que hoy ratificó en la fiscalía estatal contra servidores públicos donde, según dijo en entrevista, fue abierta la averiguación previa 203/2015 en contra de Marty Ordóñez. La funcionaria mencionó que con esta denuncia espera que el gobernador independiente esté avisado del pasado de Marty Ordóñez quien, según se quejó ante el MP, descontó 10% del sueldo mensual a unos 200 burócratas no sindicalizados. “Si no sabían, pues que se den por enterados: Van a tener un director de Control Vehicular que tiene un proceso legal y que aparte autorizó y permitió esta arbitrariedad cuando era tesorero municipal. El señor Marty tiene experiencia, no es analfabeta”, denunció. El propósito de este descuento, tomado sin el consentimiento de los trabajadores santiaguenses, fue para canalizarlo hacia una asociación civil JM-Líder, que encabeza el exsecretario de Desarrollo Social de esa localidad, Jesús Noé Martínez Flores, excandidato perdedor a la alcaldía. Cervantes Navarro dijo que en el supuesto desvío está involucrado el actual alcalde interino Enrique Tolentino Salazar, quien anteriormente era regidor y, afirma, estaba enterado de los movimientos de Marty Ordóñez. La directora de Ecología se dijo confiada en que la administración de El Bronco actúe para investigar el fraude perpetrado por Marty Ordóñez, de acuerdo a la anunciada política de “tolerancia cero” a la corrupción. “Tengo mucha fe con que ahora con el nuevo gobierno del ingeniero Rodríguez Calderón, junto con el procurador Roberto Flores, nos devuelvan la confianza en la justicia. Antes no denunciábamos porque nadie nos escuchaba, era pérdida de tiempo, pero ahora creo que va a ir bien”, dijo.