Desde que Felipe Calderón inició su guerra contra el narcotráfico, más de un millón de mexicanos han sido desplazados por la violencia y la inseguridad. Hoy, a ellos se suman alrededor de 600 personas procedentes de las poblaciones de Durango que elementos de la Marina mantienen sitiadas, disparando a diestra y siniestra con un supuesto objetivo: detener al Chapo Guzmán. Mientras tanto, el gobierno desoye los llamados de urgencia que hacen por los desplazados la ONU, legisladores y organizaciones de derechos humanos. MÉXICO, D.F. (Proceso).- A los más de un millón de mexicanos que en los últimos ocho años se han visto obligados a abandonar sus lugares de residencia, domicilios, tierras y animales a causa de la violencia, se sumaron en octubre de este año alrededor de 600 personas que experimentan una situación peculiar: han sido desplazadas también por la violencia, pero en este caso por la que ejerce la Secretaría de Marina-Armada de México: la Semar mantiene sitiadas las 13 poblaciones de la sierra de Durango en las que irrumpió el pasado 6 de octubre en busca de El Chapo Guzmán. La causa: que la dependencia acusa a los pobladores de esos sitios del municipio de Tamazula, Durango, de proteger al capo, y les impide regresar a sus hogares. “La evidencia del desplazamiento en México es clara: Existen miles de casas abandonadas y destruidas en los lugares afectados por la lucha contra la delincuencia organizada. El problema es que el Estado mexicano ha sido indolente, no reconoce la dimensión del problema, generando una crisis humanitaria”, afirma Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, A.C. (CDDHS). Aguirre Meza y Óscar Loza Ochoa –encargado de Enlace del organismo no gubernamental– apoyan a las víctimas de los estados de Sinaloa y Durango desde que se generalizó la violencia armada en dichas entidades. En la recomendación 03/2015 que la CDDHS emitió el pasado 22 de octubre señala sobre el operativo de la Semar: “Cuando menos lo esperábamos, el desplazamiento de personas volvió a presentarse, y de mano de la acción de una autoridad. El martes 6 de octubre varios elementos de la Armada de México (Marina) sobrevolaron en helicópteros y avionetas los poblados de El Verano, Río de los Barraganes, La Iguana, La Pedregosa, El Limón, El Águila, entre otras comunidades”. De acuerdo con vecinos de dichas localidades, se lanzaron ráfagas de disparos sobre las viviendas y calles de las poblaciones, y luego arribaron por tierra grupos de efectivos de la Marina que revisaron las casas y exigieron a la gente no irse de sus moradas. Ante ello, habitantes de El Verano, Tamazula, pidieron a la CDDHS gestionar que se les permitiera abandonar el sitio. El sábado 11, los activistas organizaron una caravana en la que 32 personas salieron de ese punto. Luego, todas las poblaciones atacadas en esa porción duranguense del Triángulo Dorado quedaron desiertas. Hasta el domingo 12, se estimaba que los desplazados llegaban a 200. Para el viernes 16 la cifra era superior a las 300 personas y, según declaraciones del alcalde de Cosalá, Sinaloa, Samuel Lizárraga Valverde publicadas el domingo 17, ya eran 600 los desplazados. El viernes 23 de octubre los activistas Meza y Loza, acompañados de medios de comunicación, trataron de ingresar a las comunidades, pero estaban sitiadas por elementos de la Marina. A El Limón sólo les permitieron el acceso a ellos dos, y los oficiales les indicaron que el poblado está resguardado por el gobierno federal y que no pueden dar más explicaciones, que nadie podía regresar a la localidad y que ésta seguiría sitiada. Insistían en que se trataba de La Pedroza, lugar en el que supuestamente se refugiaba El Chapo. Sin embargo, los lugareños insisten en que la población en realidad se llama Los Limones, señala a Proceso Aguirre Meza. Un factor que ha contribuido a que la carga que hoy presenta el municipio colindante de Cosalá no sea aún mayor es que muchos de los desplazados tienen familiares en la ciudad y en las comunidades vecinas de la cabecera municipal. Sin esa afortunada relación de sangre, muchas familias estarían en situación de calle, indican en la recomendación. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2035, ya en circulación)