COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- Ramón Pérez Díaz rindió protesta hoy como gobernador interino del estado, en una ceremonia realizada en el Palacio Legislativo en la que fue notoria la ausencia del mandatario saliente, Mario Anguiano Moreno. En su discurso ante el Congreso del Estado, Pérez Díaz ofreció que será respetuoso del proceso electoral extraordinario que se iniciará en los próximos días para elegir gobernador constitucional, y advirtió que tampoco permitirá que haya injerencias ni intromisiones de los funcionarios de su gobierno. Frente a los 25 legisladores locales y el representante presidencial, José Eduardo Calzada Rovirosa, el nuevo gobernador expresó su compromiso de respetar la democracia y el voto de los colimenses. La anulación de los comicios del pasado 7 de junio fue ocasionada precisamente por la intervención a favor del PRI de parte del gobierno de Mario Anguiano, quien además cerró su sexenio en medio de fuertes cuestionamientos por el desastre de las finanzas públicas y la creciente violencia del crimen organizado. El último acto oficial en que participó Anguiano fue en la ceremonia de transmisión de poderes realizada en el Palacio de Gobierno en el primer minuto de este domingo, posteriormente el nuevo gobernador Pérez Díaz se reunió con el gabinete de seguridad. Durante su mensaje de este mediodía ante el Congreso local, el mandatario interino señaló: “En mi corto tiempo como gobernador de los colimenses seré respetuoso de la ley y, si hubiera conflicto entre el derecho y la justicia, me iré por la aplicación de la justicia; Colima y los colimenses merecen vivir en paz y armonía porque nos une una hermandad; trataré de que recuperemos la seguridad y tranquilidad que se tenían”. Aunque admitió que le debe al PRI su “herramienta ideológica”, aclaró que tiene “el firme propósito de ser el gobernador de todos los colimenses: de quienes coincidan con mi forma de pensar y de quienes piensan diferente, soy respetuoso de la pluralidad y del voto libre”. Expresó su reconocimiento al Congreso del Estado por haber actuado “con gran responsabilidad y no permitir que Colima cayera en vacíos de poder, ni en ingobernabilidad y mucho menos llegar al desorden”. En entrevista posterior a la ceremonia, Pérez Díaz indicó que no ha definido todavía la conformación total de su gabinete, pues hasta el momento sólo tiene definidos dos nombramientos: su secretario particular, Evaristo Valdovinos Licea, y el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González. Este último, quien fue mandatario interino en 2005 tras el fallecimiento del gobernador Gustavo Alberto Vázquez Montes, forma parte del Grupo Universidad, que encabeza el exgobernador Fernando Moreno Peña. Ante una pregunta, Ramón Pérez dijo que aún analiza si continuará en el puesto o será sustituido el procurador general de Justicia, Marcos Santana Montes, uno de los funcionarios responsables de la anulación de la elección, según la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El otro funcionario anguianista denunciado por haber intervenido en la elección, Rigoberto Salazar Velasco, renunció por sí solo a su cargo de secretario de Desarrollo Social de Colima desde el pasado 25 de octubre. Hasta antes de su designación como gobernador interino, Ramón Pérez Díaz fue presidente del Colegio de Notarios del Estado. En el sexenio de Griselda Álvarez Ponce de León (1979-1985) fue procurador general de Justicia, y en el gobierno de Carlos de la Madrid Virgen (1991-1997) fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia en una primera etapa y posteriormente secretario General de Gobierno. Aunque inicialmente su actual nombramiento fue previsto del 1 de noviembre al 18 de enero próximos, la víspera de su toma de posesión el Congreso modificó el periodo desde el 1 de noviembre hasta un día después de que la última instancia jurisdiccional declare gobernador electo a quien haya ganado la elección extraordinaria. Este cambio se produjo después de que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el TEPJF plantearon al Congreso local considerar un plazo mayor para dar el espacio necesario para los mecanismos de impugnación y calificación del proceso electoral.