MÉXICO, DF (apro).- La juez de Distrito Janice Ellington, con sede en Corpus Christi, Texas, negó al exgobernador de Coahuila, Jorge Torres López, la solicitud para declarar vía “control remoto” desde México. De acuerdo con información difundida por el diario ‘Vanguardia’, en la demanda que promovió en su momento el exmandatario coahuilense, junto con su esposa María Carlota Llaguno, para evitar que les confiscaran dos millones 762 mil 66 dólares de una cuenta en el paraíso fiscal de las Bermudas, en el banco Old Mutual, Torres López dijo que estaba dispuesto a declarar y que ya buscaba los documentos para demostrar que los fondos provenían de fuentes lícitas. Sin embargo, como enfrenta el posible arresto sin garantía de fianza, solicitó que la declaración se realizara a través de una videoconferencia desde México, para no viajar a Estados Unidos por miedo a ser arrestado cuando cruzara la frontera. Según copia de la demanda civil 2:13-CV-294, otro argumento de Jorge Torres para no presentarse a declarar en Estados Unidos fue que todos los documentos necesarios estarían en México, por lo que si las partes determinaran que se necesitan presentar expedientes adicionales, “sería más fácil obtenerlos si todas las partes están en México”. Además, el exgobernador afirmó que “sería menos costoso” hacer las declaraciones en México que viajar a Corpus Christi. “El miedo a ser arrestado no es un argumento legítimo para realizar una declaración remota”, resolvió la juez Ellington. “Fueron notificados el 4 de abril de 2014 y tuvieron seis semanas para conseguir los documentos. No hay razón para creer que pueden obtener los documentos mientras se llevan a cabo las declaraciones”, agregó. El 13 de mayo de 2014 la juez negó la intención de Jorge Torres de declarar vía video conferencia, y éste nunca se presentó a las audiencias del juicio que él mismo interpuso; como consecuencia, el 5 de junio Ellington resolvió declarar al coahuilense prófugo de la justicia y negó su derecho a reclamar la fortuna por tratarse presuntamente de dinero ilícito. Según la información difundida por ‘Vanguardia’, el gobierno presentó una declaración jurada de Luis Reyna, un agente especial del Internal Revenue Service (IRS), quien declaró que con base en registros migratorios, tanto Jorge Torres como su esposa “viajaron rutinariamente” de México a Estados Unidos antes de la presentación de la demanda por la confiscación de la cuenta y la acusación penal. En 2012 el exgobernador viajó nueve veces desde México a Estados Unidos y en 2013 se desplazó al país del norte en cinco ocasiones. La última vez que cruzó la frontera fue el 12 de julio de 2013. Además, Reyna afirmó que Torres y su esposa poseen una residencia ubicada en el Distrito Sur de Texas y varios lotes de tierra en Texas. En el mismo juicio que se sigue contra el exmandatario coahuilense, su esposa solicitó una orden de protección, pero tenía que demostrar que asistir a las declaraciones en Corpus Christi causaría “molestia, vergüenza, opresión, carga o gasto indebido”. Carlota Llaguno no presentó ninguna prueba en apoyo de su solicitud y, según los informes, también cuenta con bienes inmuebles en Texas y contrató a un abogado en esa entidad. “Ella parece estar acostumbrada a hacer negocios en el Distrito Sur de Texas”, se lee en el dictamen del 5 de junio de 2014, donde también le fue negada la orden de protección. El gobierno estadunidense previó y dio aviso a Llaguno para aparecer en cuatro declaraciones y en ninguna lo hizo. En dos de las cuatro ocasiones, las declaraciones fueron continuadas por la Corte. El 8 de julio de 2014, la esposa de Torres López promovió una orden de protección, pidiendo más tiempo para asegurar los documentos de prueba. Su abogado también declaró que no acudió a las declaraciones por temor a ser detenida si cruzaba la frontera; en cambio, justificó que estaba tratando de obtener documentos del banco. No se le concedió la protección, pero sí el tiempo a cambio de que pagara los gastos por la audiencia a la que no asistió. El 12 de septiembre pidió otra ampliación con el argumento de que su padre había muerto. El 29 de agosto, a través de su abogado, dijo que no acudiría por temor a que fuera detenida y obligada a “declarar que su esposo había hecho algo ilícito”.