HERMOSILLO, Son. (apro).- Gisela Peraza Villa, exama de llaves de Guillermo Padrés, denunció penalmente al exgobernador por encarcelarla sin pruebas durante cuatro años y seis días. La denuncia fue interpuesta al mediodía de este martes en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los presuntos delitos de tortura, abuso de autoridad, tráfico de influencias y asociación delictuosa. Por estas mismas acusaciones también demandó a Ernesto Fernández Portillo, exjefe de escoltas de Padrés; a Ricardo Ornela, exdirector estatal de centros penitenciarios, así como a Agustín Rodríguez, exsecretario particular del mandatario y actual diputado federal por la primera circunscripción panista. Asimismo, incluyó a otros 15 exfuncionarios, entre los que destacan jueces, secretarios de acuerdos y policías de la pasada administración estatal. Gisela fue acusada la noche de 13 de marzo de 2011 como la responsable de hurtar 450 mil pesos en efectivo y 150 mil en joyas de la Casa de Gobierno. Según versión de la inculpada, al momento de ser torturada le exigían 7 millones de pesos para liberarla. Al no acceder a la petición se le procesó ilegalmente y condenó a cuatro años de cárcel por un delito que presuntamente no cometió. “Digo a los que me están escuchando y que están sufriendo lo mismo que yo, a que luchen por la justicia”, expresó la víctima en las instalaciones de la Fiscalía estatal. Ante esto, Gisela solicita cárcel para los responsables y una indemnización de 20 millones de pesos. “Nada pagará los daños que sufrimos yo mi familia por esta injusticia”, manifestó la denunciante frente a los representantes de los medios de comunicación. Los antecedentes El 8 de junio anterior el Juzgado Octavo de Distrito concedió la libertad a Gisela Peraza Villa, exama de llaves de la Casa de Gobierno, encarcelada injustamente durante cuatro años por Padrés, debido al presunto robo de una maleta con dinero y joyas. “En estos momentos no puedo hablar, sigo en shock, o sea todavía no me la creo”, expresó en aquella ocasión tras ser liberada del Centro de Readaptación Social 1 con sede en esta capital. Al menos una media centena de personas celebró la liberación de la exempleada de la Casa de Gobierno y se agolpó para abrazarla y felicitarla por superar los obstáculos impuestos desde el Ejecutivo estatal. La exama de llaves de Casa de Gobierno cumplió una condena de más de cuatro años sin que se le comprobara su culpabilidad. Luego de ser detenida el 13 de marzo de 2011, la trabajadora doméstica fue torturada por elementos de la Policía Estatal Investigadora (PEI) para que confesara culpabilidad, según dijo, y aún tiene lesiones de esos golpes. El 2 de junio cumpliría su sentencia, pero un día antes personal del centro de reclusión femenil presuntamente encontró cinco “globitos” de la droga “cristal” debajo de su cama. Por esta razón, las autoridades del penal la enviaron a una celda de castigo y su situación legal se agravó. Gisela trabajó por nueve años con la familia Padrés y hace cuatro fue acusada de robo en presunta complicidad con un agente policiaco, sobrino del exsecretario de Seguridad Pública estatal, Ernesto Munro Palacio. La inculpada estuvo recluida en el Cereso de Hermosillo. Posteriormente fue trasladada a Huatabampo, luego a San Luis Río Colorado y de nuevo reingresada al penal femenil de esta capital, de donde debió salir libre el 2 de junio. Desde esta fecha, Eloísa Villa Luna y Delma Peraza, madre y hermana de la víctima, acudieron sin descanso a las puertas de palacio de gobierno a exigir la liberación de Gisela. La droga en el penal A pocas horas de su liberación, Gisela Peraza Villa fue sometida a una nueva revisión en su celda y, de acuerdo con información proporcionada por la PGJE, el 2 de junio a las nueve de la mañana las autoridades del penal la pusieron a disposición de la fiscalía. La autoridad detalló en su reporte que se hizo una revisión a la celda y se encontraron en el interior cinco envoltorios de “cristal”, con un peso aproximado de 0.32 gramos. El miércoles 3 de junio la Procuraduría consignó el caso ante el juez octavo de distrito por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de venta. Desacatan recomendación de CNDH El 11 de noviembre de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 54/2013 dirigida al gobierno estatal, en la que señala: “La mujer que laboraba como ama de llaves en la Casa de Gobierno de Sonora sufrió tortura, detención y retención arbitraria, por parte de elementos de ese gobierno y de la Policía Estatal Investigadora”. Además, “Gisela Peraza fue acusada de haber robado una maleta con dinero, razón por la cual elementos de la Policía Estatal Investigadora la esposaron y trasladaron a sus instalaciones, donde fue interrogada, golpeada, insultada y se le colocó una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla”. Asimismo, la CNDH consigna que Gisela fue liberada el 18 de marzo del presente año y el 5 de abril fue detenida nuevamente: “La llevaron a sus instalaciones, donde la golpearon, le vendaron la cara, la enrollaron en una cobija, le amarraron las manos, la patearon y echaron agua en la cara para ahogarla, mientras la interrogaban sobre el dinero robado; cabe resaltar que por el mismo hecho un agente de la Policía Estatal Investigadora también fue detenido y torturado”. Y por último, el ombudsman ordena: “El gobierno de Sonora debe proceder a la reparación del daño ocasionado a las víctimas y se les brinde la atención médica y psicológica necesaria, con el fin de que se restablezcan en su salud física y emocional”.