MÉXICO, DF (apro-cimac).- Acusada de “daños ecológicos”, Salomé Ortega Hernández, agente municipal en Rafael Valenzuela, del municipio veracruzano de Gutiérrez Zamora, fue detenida el 27 de octubre mientras amamantaba a su bebé. La mujer, recluida en una prisión de alta seguridad en Tepic, Nayarit, fue aprehendida siete meses después de haber participado en una manifestación para exigir la pavimentación de calles en la comunidad. En conferencia de prensa, el presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCP), José Jacobo Femat, explicó que el día de la protesta, en abril pasado, los participantes cerraron la única vía de tránsito de los carros-pipa de Petróleos Mexicanos (Pemex) que lleva al pozo ubicado a poco más de un kilómetro de distancia. En su calidad de agente municipal electa por los habitantes de Rafael Valenzuela, la joven de 26 años gestionó en esa ocasión la pavimentación de la carretera que da acceso al pueblo y los servicios de drenaje, pero finalmente los acuerdos firmados con la presidencia municipal, gobierno estatal y Pemex no se cumplieron. La gente de la localidad pidió a la empresa petrolera que invirtiera en el asfalto de las calles, dado que es la que más se beneficia de las vías de comunicación. De acuerdo con Femat, en un primer momento Pemex estuvo de acuerdo, pero en realidad no se ejecutó ninguna acción. La COCP se sumó a la protesta de los pobladores y durante cuatro días cerraron la vía de entrada al pozo petrolero, aunque sí se permitió la entrada de personal de Pemex para que hiciera tareas de mantenimiento. No obstante, la empresa aseguró que los manifestantes causaron un derrame de crudo y acusó directamente a Salomé y a la dirigente social Guadalupe Barrientos de “daños ecológicos”, delito que también fue adjudicado a otros tres activistas que ya tienen orden de aprehensión. “Antes de que ocurriera el derrame petrolero, nosotros advertimos al estado y a Pemex que COSP se retiraba”, recordó Femat, por lo que el personal de la empresa, añadió, tuvo tiempo de cerrar las válvulas y revisar las instalaciones. El derrame ocurrió 10 horas después de que la gente terminó el bloqueo, sostuvo. “Y ahora acusan a las compañeras de ser las responsables de impedir el acceso de los carros-tanque”, denunció Femat. El asesor jurídico de COSP, Adelfo Arzaola, precisó que Salomé Ortega Hernández fue detenida y recluida en un penal de máxima seguridad, pese a que el delito que se le imputa en la averiguación 26/2015 no es grave y alcanza fianza, lo que significa “un acto de represión para la comunidad”, dijo. La joven fue detenida por el Ministerio Público Federal el pasado 27 de octubre, y un día después, vía fast track, la trasladaron al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 “Noroeste”, ubicado en Tepic. Mientras tanto, la población busca recolectar 140 mil pesos para pagar la fianza que fijó el Juzgado Decimotercero de Distrito en Poza Rica, Veracruz, para que Salomé Ortega pueda obtener la libertad. Agrupaciones civiles denunciaron que en la entidad las detenciones se dan de manera recurrente para debilitar la lucha de los movimientos sociales, por lo que llamaron a no criminalizar a las comunidades, en particular las que se ubican en la región donde desde hace 60 años hay explotación petrolera sin ningún beneficio para la gente.