“Blindaje del río Bravo se trasladó al río Suchiate”: Álvarez Icaza

Gladys, una menor guatemalteca, en espera de un tren en Reforma de Pineda, Chiapas. Foto: AP / Rebecca Blackwell Gladys, una menor guatemalteca, en espera de un tren en Reforma de Pineda, Chiapas. Foto: AP / Rebecca Blackwell

MÉXICO, DF (apro).- El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, aseveró hoy que, tras el endurecimiento de la política migratoria mexicana –implementado con el Programa Frontera Sur–, “el blindaje del río Bravo se trasladó al río Suchiate” en la frontera entre México y Guatemala.

Pareciera “que la acción del gobierno de Estados Unidos fue detener la crisis humanitaria al retener a los migrantes en México”, agregó durante su conferencia magistral en el foro “La política migratoria mexicana hacia Centroamérica”, organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Colegio de la Frontera Norte.

En el Museo Memoria y Tolerancia, Álvarez Icaza recordó que el presidente Enrique Peña Nieto anunció el lanzamiento del Programa Frontera Sur en julio de 2014, apenas un mes después del mensaje de su homólogo estadunidense Barack Obama sobre la oleada masiva de niños migrantes no acompañados hacia Estados Unidos.

“Nos llamó poderosamente la atención que este programa está sustentado en el programa de seguridad nacional”, insistió.

Al respecto, académicos y organizaciones de la sociedad civil lamentaron la tragedia humanitaria que sufren los migrantes centroamericanos durante su tránsito por México y las consecuencias del Programa Frontera Sur.

Los representantes del gobierno federal, entre ellos el titular de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Omar de la Torre, argumentaron que el tema de la migración centroamericana en tránsito por México es particularmente difícil y requiere de una “corresponsabilidad” entre los gobiernos mexicano, estadunidense y de los países del Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, El Salvador y Guatemala–.

Insistieron que la administración de Estados Unidos no se entrometió en la política migratoria mexicana ni entregó dinero a México para apoyarlo en su práctica de detención y deportación sistemática, a pesar de los señalamientos de que para ello destinaron fondos millonarios a la Iniciativa Mérida.

Observaciones en la frontera sur

En octubre pasado, cuatro meses después de sonar la alarma sobre el Programa Frontera Sur, la CIDH realizó una visita a la zona y recogió información que le generó “muchas preocupaciones”, según Álvarez Icaza. De hecho, dijo que la Comisión publicará su informe final a inicios de 2016, después de recibir las observaciones finales del Estado mexicano.

El exombudsman del DF contó que durante esa visita los integrantes de la CIDH se reunieron con Ardelio Vargas, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM). Éste les habló del disparo de la cifra de deportaciones de migrantes centroamericanos por las autoridades mexicanas –de 86 mil en 2013 a más de 144 mil entre enero y septiembre de 2015—.

Peor aún, les advirtió que la cifra “iba a crecer aun más” y que las medidas de contención no frenarán la migración.

El funcionario dijo que el Programa Frontera Sur tuvo “impactos negativos” ya que “generó confusión”. Además, reconoció que “el incremento de los operativos no va a garantizar que la regulación migratoria sea pacífica”.

También consideró que México debería aplicar a los centroamericanos en tránsito por el país los mismos esfuerzos que desplegó durante años para proteger los derechos de sus connacionales en Estados Unidos; así como promover la aplicación de los mejores estándares a nivel internacional.

Entre los errores de las autoridades migratorias mexicanas, destacó, se cuenta que deportan a personas que solicitaron asilo político, aunque tengan derecho a no ser retornados pues su vida corre peligro en su lugar de origen.

“Parece que existe una tendencia a mayor militarización de la frontera sur; hay una reasignación de más de 300 agentes (migratorios) hacia los estados del sur, el establecimiento de más retenes, operativos en hoteles y alojamientos donde los migrantes se quedan a dormir, incluso en parques, y la implementación de medidas para evitar que se suban a los trenes, ya sea por la presencia física de agentes o porque aceleran la velocidad del tren”.

Ello, dijo, ha obligado a los migrantes a transitar por México a través de nuevas rutas más peligrosas y que los dejan más vulnerables a la delincuencia y a la colusión de agentes estatales.

“Esto tiene que ser investigado, la participación de agentes estatales es un asunto que se ha denunciado de manera reiterada”, advirtió.

Tan sólo ayer, dos guatemaltecos fueron agredidos mientras viajaban en el lomo del tren conocido como “La Bestia”, en el Istmo de Tehuantepec. Sus asaltantes los atacaron con machetes y los tiraron de los vagones. Ambos cayeron inconscientes y uno de ellos fue reportado como grave, según autoridades médicas oaxaqueñas.

Migrantes, tesoro de delincuentes

Durante su conferencia, Emilio Álvarez Icaza aseguró que el tráfico de migrantes es uno de los ingresos más fuertes del crimen organizado ya que convirtieron el secuestro en “una industria millonaria”, con apoyo del sistema financiero donde se mueve el dinero de los rescates.

Recordó el testimonio de un migrante salvadoreño en el albergue de Saltillo, Coahuila, sobre el método que utilizaron delincuentes para obligarlo a darles el número telefónico de sus familiares en Estados Unidos para extorsionarlos:

Le llaman “las pinzas” y consiste en arrancarles las uñas con esos instrumentos a manera de tortura. “Me enseñó su mano y me dijo que sólo aguantó dos uñas. Uno de sus compañeros aguantó cinco”. El migrante ya no le quiso contar sobre el trato a las mujeres, sólo le dijo: “Si a nosotros nos va mal, a ellas les va peor”.

Durante la visita de la CIDH a Tenosique, Tabasco, personal del organismo entrevistó a una hondureña asaltada mientras caminaba por las vías del tren. Los tres ladrones la violaron. “Es una vejación sistemática”, denunció el funcionario.

Álvarez Icaza insistió en que “la migración es un derecho humano” y que “todas las personas en movilidad son sujetos de derechos humanos”. … No existe la persona ilegal, eso es un anticoncepto y un sinsentido, las personas pueden no tener documentos migratorios pero no son ilegales”.

Y fue claro al decir que las políticas migratorias tienen que enfocarse hacia los derechos humanos y no hacia políticas regresivas.

Álvarez Icaza subrayó que los niveles de violencia, pobreza y desigualdad –“similar a los niveles de África Subsahariana”– que afectan al Triángulo Norte de Centroamérica obligan a niños de ocho años “a viajar 4 mil kilómetros para ver a su mamá en Estados Unidos porque ella no puede volver”.

En otra mesa del Foro, Reyna Torres Mendívil, titular de la Dirección General de Protección a los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, planteó que el gobierno mexicano no puede dejar transitar a todos los migrantes centroamericanos. “¿Qué hacemos cuando lleguen a la frontera y que Estados Unidos aplique su política?”, preguntó.

La salvadoreña Doris Rivas, integrante del Consejo Nacional para la Protección de la Persona Migrante y su Familia, le contestó: “¿Qué pasará si los dejáramos pasar? No sabemos porque nunca lo hemos hecho”.

En el 2014, la CIDH publicó otro informe sobre la situación migratoria en México. En su conclusión planteó: “La situación extrema de vulnerabilidad de la que son víctimas las personas migrantes en México representa una de las principales tragedias humanitarias y de violaciones masivas a los derechos humanos en la región”.

Con el apoyo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el foro “La política migratoria mexicana hacia Centroamérica” continuará este viernes 6 en el Museo de Memoria y Tolerancia, ubicado en la avenida Juárez, frente a la Alameda Central de la Ciudad de México.

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