MÉXICO, DF (apro).- A fin de prevenir hechos “de difícil o imposible reparación” y ante el jaloneo que prevalece entre el gobierno de Michoacán que prohibió los bloqueos carreteros y la toma de casetas, y estudiantes normalistas que desafían la orden, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a ambas partes a resolver sus diferendos por la vía del diálogo.
Por un lado, señaló el organismo en un comunicado, frente al ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta, la autoridad “debe garantizar la seguridad de los manifestantes y los derechos de terceros, procesar las demandas y ofrecer soluciones de manera institucional”.
Además, apuntó, los cuerpos de seguridad deben conducirse “con respeto irrestricto a los derechos humanos y a las obligaciones que la ley les impone”.
Por el otro lado, y con independencia de la legitimidad de las protestas y manifestaciones, y sin importar el sector, grupo o carácter de su origen con que se ostenten, “las personas que participen en ellas deben responder por los actos que cometan fuera de la ley”, señaló la CNDH.
Y aclaró que no se trata de que un derecho prevalezca sobre los demás, “sino de aceptar que el derecho de uno termina donde empiezan los derechos de los demás”.
La CNDH destacó “el valor y la importancia de las protestas pacíficas en una sociedad democrática” y rechazó todo acto de violencia y provocación.
“Toda actuación, tanto de autoridades como de manifestantes, debe sujetarse al marco de la ley.
“La CNDH reconoce que la libertad de expresión es un derecho fundamental y su práctica facilita el ejercicio de otros derechos, como los de reunión y la protesta social no violenta”, insistió el organismo.
El llamado de la CNDH ocurre luego semanas de tensión entre el gobierno del perredista Silvano Aureoles quien el pasado 15 de octubre condenó los bloqueos que realizaron maestros en el Puerto de Lázaro Cárdenas, dos casetas en la autopista México-Guadalajara y tres más en la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas.
Ese día advirtió:
“No voy a permitir bloqueos, ni tomas de edificios de manera permanente. Tampoco voy a permitir más secuestros de camiones de pasajeros o camiones de mercancía. Si no hay respuesta, aplicaremos el protocolo de seguridad y tendrá que intervenir la fuerza pública. Punto”.
Sin embargo, los maestros desafiaron la advertencia y desde ese día han realizado al menos dos bloqueos carreteros, cinco tomas de casetas de cobro y secuestrado casi una decena de autobuses. También tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación del estado.
Cinco días después de la advertencia, el 19 de octubre, maestros e indígenas purépechas bloquearon la autopista Siglo 21 y las carreteras de Zamora-Carapan y el tramo Pátzcuaro-Uruapan. El bloqueo fue en apoyo a los purépechas que exigían autonomía.
Aureloes reiteró ese día su promesa de impedir los bloqueos, dijo que el diálogo estaba abierto y la libertad de expresión y de manifestación garantizadas pero –dijo—“la sociedad está hasta el gorro de que cada que se les ocurre cierran la autopista y detienen horas y horas a la gente.
“Es la última vez que permito que cierren la autopista. Sobre advertencia no hay engaño y dijeran los mismos profesores ‘quien avisa no es traidor’”, dijo el 19 de octubre.
Un día después, medio centenar de normalistas retuvieron dos autobuses de las líneas Purhépecha y de Occidente, y rompieron los cristales de un tercer autobús que no se detuvo ante la petición de los normalistas.
El 21 de octubre normalistas tomaron cinco casetas de cobro, las de Las Cañas, El Feliciano y Taretan, en la autopista Siglo 21, y las de Zinapécuaro y Panindícuaro en la autopista de Occidente.
Al día siguiente estudiantes de las ocho normales de Michoacán tomaron ocho autobuses en la carretera Pátzcuaro-Morelia, bloquearon las avenidas donde se encuentra la Secretaría de Finanzas del estado, y tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación estatal.
Aureoles endureció su postura y el 31 de octubre anunció que ya había denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República contra líderes sindicales del magisterio michoacano y normalistas y el procurador Martín Godoy afirmó que ya se habían liberado 28 órdenes de aprehensión por robo, daños materiales y robo de vehículos.