WASHINGTON (apro) – El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, podría solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia para activar su decisión ejecutiva de regularizar el estatus de residencia y laboral de aproximadamente cinco millones de inmigrantes indocumentados, orden que congeló la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito Federal en Louisiana. El Departamento de Justicia indicó que Obama solicitará a la Corte Suprema analizar el caso basándose en la autoridad constitucional que tiene el poder ejecutivo para instrumentar medidas migratorias, cimentadas en los intereses de seguridad nacional. “Se está planeando pedir la intervención de la Suprema Corte, porque el tema de la solución a los problemas migratorios es de interés nacional, y está pasando tiempo y el Congreso federal se niega a legislar sobre ello” escribieron varios asesores legales del Departamento de Justicia a través de correos electrónicos enviados a los medios de comunicación. En noviembre pasado, poco antes del fin de su presidencia, Obama emitió una orden ejecutiva que resolvía el problema de la inmigración indocumentada, otorgando permisos de trabajo temporal, la residencia permanente bajo condicionamientos de pagos de multas, de que los beneficiados hablen inglés y no tengan antecedentes penales. Frente a la orden ejecutiva que Obama justificó argumentando que lo hacía por la falta de interés del Capitolio de aprobar una reforma integral a las leyes de inmigración, los gobernadores republicanos de 26 estados de los 50 de la Unión Americana pidieron a una corte federal en Texas suspender la medida presidencial. La Corte federal en Texas suspendió temporalmente la entrada en vigor de la orden ejecutiva, por lo cual la Casa Blanca apeló la medida ante la Corte de Apelaciones en Louisina, que ayer lunes falló a favor de los gobernadores republicanos. “El Departamento de Justicia está en desacuerdo con la decisión de la Corte de Apelaciones, por lo que se analiza el proceder sobre el asunto”, dijo en un breve comunicado de prensa Patrick Rondesbush, vocero del Departamento de Justicia. La intervención de la Corte Suprema en el tema migratorio podría ser un proceso legal que lleve varios meses, por lo que se calcula que sería en la primavera o verano de 2016 cuando los máximos magistrados aborden el caso. Para cuando la Corte Suprema asuma el caso, Estados Unidos estará en medio del proceso de elecciones presidenciales y federales, realidad proselitista que convertiría al asunto migratorio en debate por sufragios hispanos, entre quienes vayan a ser el candidato presidencial republicano y el del partido demócrata. Analistas políticos y especialistas en temas migratorios sostienen que con el alargamiento del proceso judicial de la orden ejecutiva en materia migratoria, tocaría al próximo presidente de Estados Unidos eliminar el mandato ejecutivo de Obama para dejarle al Congreso federal que legisle hasta 2017 los posibles cambios a las leyes de inmigración.