HERMOSILLO, Son., (apro).- Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) realizaron una reconstrucción de la supuesta tortura y retención ilegal de Gisela Peraza Villa, extrabajadora doméstica en la casa del exgobernador Guillermo Padrés, quien fue encarcelada injustamente por cuatro años. El abogado defensor de la víctima, Antonio Ortega García, solicitó a la fiscalía estatal que se realizaran esas diligencias, a fin de describir con exactitud la forma como ocurrieron los hechos. Al llegar a la casa de Gobierno, ayer miércoles, la denunciante denotó nerviosismo al volver a pisar el lugar donde fue privada ilegalmente de su libertad y maltratada física y psicológicamente por la supuesta pérdida de una maleta con cinco millones de pesos. Elementos de la policía y peritos inspeccionaron cada una de las salas de la residencia oficial y dieron paso a los agentes que integrarán nuevas pruebas al expediente. "Solicitamos que se hiciera una inspección con efectos de reconstrucción para que se dé fe de dónde la tuvieron detenida y la maltrataron. Nosotros como coadyuvantes solicitamos esto y acordamos realizar las diligencias necesarias", declaró el litigante a los representantes de los medios de comunicación. Y subrayó: "Esto no es algo fácil para Gisela pero es importante para que continúen los elementos de prueba en el expediente. Después de esto iremos también al hotel donde la tuvieron arraigada". El pasado martes 3, Peraza Villa denunció penalmente al exgobernador Guillermo Padrés por encarcelarla sin pruebas durante cuatro años y seis días. La denuncia fue interpuesta en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los presuntos delitos de tortura, abuso de autoridad, tráfico de influencias y asociación delictuosa. Por estas mismas acusaciones también demandó a Ernesto Fernández Portillo, exjefe de escoltas de Padrés; a Ricardo Ornela, exdirector estatal de centros penitenciarios; a Agustín Rodríguez, exsecretario particular del mandatario y actual diputado federal por la primera circunscripción panista. Además, incluyó a otros 15 exfuncionarios entre los que destacan jueces, secretarios de acuerdos y policías de la pasada administración estatal. La noche del 13 de marzo, Gisela fue acusada de hurtar 450 mil pesos en efectivo y 150 mil en joyas de la Casa de Gobierno. Según la versión de la inculpada, al momento de ser torturada le exigían siete millones de pesos para liberarla. Al no acceder a la petición se le procesó ilegalmente y condenó a cuatro años de cárcel por un delito que no cometió. "Yo le digo a los que me están escuchando y que están sufriendo lo mismo que yo, a que luchen por la justicia", expresó aquel día la víctima en las instalaciones de la fiscalía estatal. La demandante solicitó la pena de cárcel para los responsables, así como una indemnización de 20 millones de pesos. "Nada pagará los daños que sufrimos yo y mi familia por esta injusticia", externó en aquella ocasión.