CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- El bebé que fue víctima de una negligencia médica el mes pasado en el Hospital Infantil de Especialidades perdió la vista y aunque el personal médico asegura a los padres que en un año volverá a ver, ellos ya no confían en los diagnósticos que les dan. Los papás del niño, Luz Elba Urrutia y Marco Antonio Orozco, exigieron la renuncia del secretario de Salud, Pedro Genaro Hernández Flores y del director del Hospital Infantil, Javier Ignacio Salas Uribe. La pareja denunció junto con sus abogados que las autoridades de salud han intentado comprarlos, pero ellos advierten que la vida de su hijo no tiene precio y demandan que el niño Marco Alejandro Orozco Urrutia sea trasladado al Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía. No obstante, las autoridades les condicionan su petición a que retiren la demanda. De acuerdo con los padres de Marco Alejandro, quien nació con su gemelo Juan Antonio en perfecto estado de salud, las autoridades les ofrecieron primero 10 mil pesos y un trabajo de tiempo completo al padre; posteriormente les daban 150 mil pesos. Marco Antonio dijo que lo que quieren es que le garanticen la atención médica a su hijo, ya que con la aplicación de una dosis de medicamento inadecuada le provocaron al menor daños en un riñón, daño cerebral, así como en otros órganos, además de quemarle una pierna. Hasta ahora, sólo ha sido suspendida una estudiante de Medicina, a pesar de que la madre de los niños ha señalado a una doctora y a otras personas que estaban atendiendo al menor cuando le aplicaron el medicamento. Luz Elba Urrutia denunció que la directora jurídica de la Secretaría de Salud, Rosa Isela Gaytán, les ofreció una indemnización de 300 mil pesos porque esa cantidad le han dado a padres de bebés que han muerto. “Eso querían, que mi niño se hubiera muerto para darme 300 mil pesos, ellos le desgraciaron la vida, que ellos lo remedien”, reprochó la mujer de 31 años. El neurólogo del niño, Francisco de la Peña, les dio información hasta que los mismos padres lo buscaron en su consultorio particular y les aseguró que el medicamento aplicado, gluconato de calcio, le provocó un daño irreversible al bebé. Posteriormente les dijo que evolucionaría bien, pero por la manera en que han presionado las autoridades y el mal trato que les han dado, no confían en los médicos y sus presuntos diagnósticos. Marco Antonio Orozco dijo que a su bebé le han hecho estudios sin que él y su pareja den su consentimiento y no les han dado a conocer los resultados ni qué tipo de análisis se realizaron. El padre de familia, de 36 años, perdió su trabajo en una empresa que lo contrató para trabajar en la Sierra Tarahumara, y está desempleado porque se ha dedicado a buscar a una solución para salvar la vida de su hijo. Las autoridades del hospital les advirtieron que si no cesaban de ir a los medios de comunicación, no podrían arreglar la situación, por eso optaron por no denunciar más con el fin de que su hijo fuera trasladado a la Ciudad de México. Sin embargo, agregaron, las autoridades no tomaron el caso en serio, ni han hecho nada. El jueves pasado, cuando se entrevistaron con Rosa Isela Gaytán, le notificaron que querían hablar con el gobernador César Duarte Jáquez para que les ayudara a trasladar a su hijo al Hospital de Neurología. Sin embargo, la funcionaria les indicó que no lo lograrían, pues serían remitidos con ella misma. El 30 de septiembre, la mamá de los gemelos presentó la querella 192015-0030673 ante la Fiscalía General del Estado contra el personal médico del Hospital Infantil de Especialidades, por atentar contra la vida del bebé que tenía 26 días de nacido cuando le aplicaron el medicamento. Luz Elba Urrutia acudió al hospital con sus dos hijos nacidos el 4 de septiembre, para atender a Juan Antonio, el gemelito que presentaba reflujo. Marco Alejandro estaba sano pero le pidieron revisarlo también. Por error, a este último le aplicaron mal una dosis de medicamento que le causó quemaduras en una pierna, daño en un riñón y un derrame cerebral que aún lo mantiene hospitalizado. Asimismo, los padres del bebé afectado denunciaron el caso de negligencia médica ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.