Reprueban recorte de 30% al presupuesto para buscar a desaparecidos

MÉXICO, DF (apro).- Integrantes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México reprobaron la disminución de 30% del presupuesto dedicado a la búsqueda de víctimas y exigieron al presidente Enrique Peña Nieto presentar su iniciativa de Ley General de Personas Desaparecidas e integrarlos en la discusión para su aprobación durante el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión.

En la que fue su primera conferencia de prensa como Movimiento Nacional –formado por 35 colectivos de familias de desaparecidos y 40 organizaciones sociales–, los activistas reprocharon la tardanza presidencial en presentar la iniciativa, así como la omisión para establecer mecanismos de participación de la sociedad civil en las discusiones legislativas.

Significa “una muestra de desinterés de quienes tienen en sus manos poner fin a la impunidad y a la incertidumbre de las víctimas”, dijeron.

Peor aún, consideraron que la disminución en 30% del presupuesto para la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Desaparecidos –antes Unidad– para 2016, respecto a los fondos destinados en 2014, hace evidente que “el gobierno continúa sin reconocer la magnitud de las desapariciones en México y pretende actuar con una clara falta de compromiso y responsabilidad para priorizar esta problemática”.

Ximena Antillón, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, resaltó que desde que fue creada la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), “los recursos han disminuido.

En 2014, explicó, se destinaron 40.2 millones de pesos por primera vez en el presupuesto de Egresos para este rubro. Un año después el monto disminuyó más de 60 % y quedó en 14.6 millones de pesos. Para 2016, el Ejecutivo propuso un presupuesto para la Fiscalía Especializada de 28 millones de pesos, 30% menos que en su primer año.

Lucía Díaz Genao, madre de Luis Guillermo Lagunes –desaparecido el 28 de julio de 2013–, puntualizó que “no se han dimensionado las desapariciones”. Dijo que por la experiencia adquirida en más de dos años de búsqueda de su hijo, “fácilmente triplican el número oficial” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED) que actualmente es de 26 mil.

Ante una legislación que “obligue” a los agentes del Ministerio Público a abrir expedientes por desaparición de persona y reportarlo oficialmente, agregó, “no toman las denuncias; en las zonas rurales tratan a los familiares con la punta del pie y si no tienen documentación oficial, como una credencial de elector, ni siquiera se toma nota del caso”.

Integrante de la organización El Solecito de Veracruz, Díaz Genao reveló que conoce casos en los que la ahora llamada Fiscalía Especializada se ha negado a recibir denuncias por desaparición. En tanto que, a nivel local, familiares se han visto orillados a interponer amparos para que los agentes del Ministerio Público de Veracruz les tomen muestras de ADN para cotejar su información genética con restos localizados.

Entre la falta de capacitación de los agentes investigadores y del Ministerio Público, así como la escasez de recursos, la activista sostuvo que la Fiscalía “tiene un rango de éxito de 10%”. Aseguró que la mayor parte se debe al trabajo de familiares de desaparecidos.

Díaz Genao sostuvo que la urgencia de la Ley General se fundamenta en la necesidad de “que en la búsqueda se cuente con los elementos para realizar una verdadera investigación, que no sea un simulacro y para mejorar todos los entornos satelitales a la desaparición”.

Como ejemplo mencionó el acceso al patrimonio de la persona desaparecida por parte de los familiares, porque actualmente “el desaparecido no tiene derechos y no tiene derecho tampoco de que nadie interceda por él”.

Yadira González, quien desde 2006 busca a su hermano Juan, destacó que en Querétaro la experiencia que han tenido algunos familiares de desaparecidos con la Fiscalía les ha permitido la localización de seis personas –cinco vivas–, “pero fue por el trabajo de los familiares quienes realizaron la investigación”.

La mujer apuntó que los legisladores deben reconsiderar el presupuesto destinado a la Fiscalía Especializada, “porque más allá que la legislación sea eficaz, sin recursos para su operación no van a poder realizarse las necesidades básicas para la búsqueda. Eso es lo que más preocupa a los familiares”.

Actualmente, resaltó, cada uno de la veintena de ministerios públicos con que cuenta la Fiscalía “tiene más de 40 expedientes, por lo que no es posible esperar que hagan bien su trabajo”.

Yanahui Paredes –hija de Francisco Paredes, desaparecido en Michoacán– explicó que integrantes del Movimiento Nacional tuvieron un primer acertamiento con representantes de las comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión “para que tomen en cuenta el documento Elementos esenciales para la elaboración de una Ley General sobre Personas Desaparecidas en México”.

Araceli Salcedo, madre de una joven secuestrada en Veracruz; Mario Vergara, hermano de un taxista de Hitzuco; y Martín Villalobos, familiar de una joven desaparecida en el Estado de México, exigieron la inclusión en el debate legislativo para que en el próximo periodo de sesiones se apruebe la Ley General, como lo recomendó el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, en febrero pasado.

Los activistas enumeraron diez puntos que debe contener la legislación. Entre ellos: el reconocimiento del problema y el tratamiento desde un enfoque jurídico, forense y psicosocial con perspectiva de género y derechos humanos; tipificación de los delitos de desaparición forzada y desaparición por particulares en apego a los más altos estándares internacionales; priorizar “la búsqueda con vida de las personas desaparecidas sobre un enfoque punitivo exacerbado”; así como crear una fiscalía independiente con presupuesto y personal suficiente para la realización de investigaciones imparciales, exhaustivas, prontas y eficaces.

Los integrantes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos dijeron que su propósito es que la Ley General sea imprescriptible; que se integre en las acciones de búsqueda e investigación a los familiares de las víctimas; se cree un Registro Único de Personas Desaparecidas; se dé reconocimiento de los derechos de las víctimas y la reparación de daños; así como que se legisle en materia de Declaración de Ausencia por Desaparición y armonizar legislativa.

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