VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- El gobernador Arturo Núñez Jiménez aclaró que la denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Procuraduría General de la República (PGR) por malos manejos de recursos federales corresponden al año 2012, último año del gobierno priista de Andrés Granier Melo. En días pasados se informó que Tabasco y siete entidades más fueron denunciadas por irregularidades en el manejo de recursos del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del ejercicio 2013. El mandatario dijo que su gobierno fue notificado sobre la presentación de tres denuncias penales de la ASF ante la PGR por posible manejo irregular de recursos federales pero la Secretaría de la Contraloría local corroboró que corresponden al ejercicio fiscal 2012, último año de la administración anterior. Recordó que la revisión de 2013, primer año de su gobierno, aún se encuentra en periodo de solventación. “Hubo alguna confusión en la nota periodística que surgió pero lo único de lo que estamos enterados oficialmente es de tres denuncias penales que corresponden a 2012”, sostuvo y añadió que su gobierno hará frente a lo que resulte de estas indagatorias con apego a derecho a pesar de que son producto de auditorías al régimen anterior. Respecto de la falta de pagos a proveedores que dieron servicios durante 2012 y años anteriores dijo que obedece también al desorden administrativo con que recibió el gobierno, dado que ese adeudo no fue plenamente justificado en la entrega-recepción y hasta este momento se analiza la forma de cubrirlo. “No les hemos pagado, no por falta de voluntad sino por falta de presupuesto. Ese es un adeudo que nos dejaron, del que no se me informó ni nos dejaron partida presupuestal en 2013 y no la hemos podido restituir en 2014-2015”, señaló. Manifestó que en medio de las dificultades financieras que representa la caída del precio del petróleo y la repercusión en las participaciones fiscales, pudiera hacerse un esfuerzo y empezar a cubrir algo de ese adeudo. Núñez destacó que su gobierno mantiene una política de pago constante a quienes desde 2013 brindan servicios o productos a la administración estatal. Este día decenas de proveedores protestaron frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para exigir que se obligue al gobierno estatal pagar alrededor de mil 800 millones de pesos que, aseguran, se les deuda desde 2012. Denunciaron que han interpuesto alrededor de 200 demandas ante el TCA pero han sido desechadas.