La bien cuidada memoria del dictador

Se trata de 27 mil documentos oficiales que en vez de estar resguardados por el Estado español lo están por una fundación –la cual recibe fondos públicos– dedicada a ensalzar la imagen de Francisco Franco, a quien define como “un hombre honrado y honesto que no ambicionó nunca el poder”. En ese archivo, sostienen especialistas, podrían estar encerradas las claves de la historia política española y, entre otras cosas, se podría descorrer el velo que tapa las relaciones y acuerdos del dictador con la familia real.

MADRID (Proceso).- Sería inaudito que en Alemania hubiera una fundación dedicada a glorificar a Hitler; o en Italia, una para mitificar la memoria de Mussolini. Pero en España se permite la existencia de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) y, lo peor, que salvaguarde 27 mil documentos oficiales, fuera del control del Estado español, los cuales pueden entrañar episodios clave en la historia de este país.

Aunque es una fundación sin fines de lucro, el gobierno de José María Aznar le otorgó subvenciones por 126 mil euros entre 2000 y 2002. Fueron cuatro subvenciones a través del Ministerio de Cultura, que equivalían a 10.24% de todas las ayudas gubernamentales concedidas durante esos años.

La fuerte polémica generada por destinarle fondos públicos obligó al gobierno a detenerlas. Al respecto, el escritor Mariano Sánchez Soler señala en su libro Los Franco S. A. (2003): “Una de las grandezas de la democracia radica en permitir incluso las ideas que van en su contra”. Pero advierte que “una cosa es libertad de expresión” y que “una fundación privada ultraderechista funcione legalmente, y otra muy distinta es subvencionarla”.

La constitución oficial de la fundación que preside la hija del dictador, Carmen Franco Polo, se efectuó el 11 de junio de 1977, cuando quedó registrada en el Protectorado del Ministerio de Cultura con el número 31 y publicada en el Boletín Oficial del Estado del 28 de junio de aquel año.

Always Franco

La fundación abandona su cotidiano bajo perfil cuando surge cualquier acto que cuestione al franquismo: el autodenominado Sindicato Manos Limpias, sin trabajadores afiliados y con evidentes vínculos con la fundación, estuvo atrás de una de las demandas interpuestas contra el juez Baltasar Garzón, quien pretendió juzgar los crímenes del franquismo.

El vicepresidente ejecutivo de la fundación, Jaime Francisco Alonso García, es uno de los abogados del sindicato Manos Limpias. Más aún, el presidente de este sindicato, Miguel Bernard, recibió en 2011 de manos de Carmen Franco el galardón que lo convirtió en caballero de honor de la fundación, por “sus servicios en defensa de los ideales del movimiento”. Esto lo unió a otro de los caballeros de honor más ilustres para esta fundación, el dictador chileno Augusto Pinochet.

Bernard fue mano derecha de Blas Piñar, dirigente del extinto partido ultraderechista Fuerza Nueva e “histórico miembro de políticos que permanecieron fieles a los principios del Movimiento Nacional tras la muerte de Franco”, según divulgó el diario Público el 27 de mayo de 2009.

Bernard ha promovido de manera directa muchas denuncias por corrupción, como la que presentó contra Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, en el llamado caso Nóos; o contra los líderes de Podemos, Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, como si dirigir ese nuevo partido los hiciera responsables del delito de “pertenencia a una organización criminal”.

Sin embargo, la fundación no tuvo éxito en la querella que presentó contra el artista plástico Eugenio Merino por su obra Franco Always, que muestra la figura del dictador dentro de un refrigerador de Coca-Cola, y fue presentada en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en 2012.

Merino dijo en una entrevista para la radio que su idea era mostrar que la imagen del dictador está “congelada” en el cerebro de los españoles.

La demanda de la Fundación Franco fue aceptada por el Juzgado de Primera Instancia 26 de Madrid, lo que obligó al creador a sentarse en el banquillo de los acusados. Sin embargo, el 17 de julio de 2013 la juez Rocío Nieto Centeno desestimó la demanda en respaldo de los argumentos de la fiscalía, que concluía que ironizar con la figura de Franco no constituye un delito.

La fundación anunció que impugnaría la decisión judicial y ampliaría su demanda contra todos los participantes en una jornada de apoyo a Merino bajo la Plataforma de Artistas Antifascistas, en el que se ironizó con la figura del dictador.

En su querella contra Merino, la fundación señala que tiene “el derecho a defender el honor del caudillo”, porque uno de sus preceptos es “velar por la dignidad del dictador”.

Por esta razón, dio a conocer que incluiría en la demanda a otra escultura de Merino, Punching Franco, en la cual la cabeza del dictador se convierte en una pera de entrenamiento de box.

A partir de junio, los nuevos alcaldes de Madrid, Valencia, Zaragoza, La Coruña, Cádiz y Santiago de Compostela anunciaron que eliminarán la nomenclatura con nombres franquistas, como lo mandata la Ley de Memoria Histórica. Ante ese anuncio, la fundación advirtió que iniciará querellas para evitarlo.

Los archivos del dictador

El 8 de octubre de 1976, a menos de un año de muerto el dictador, la Fundación Francisco Franco celebró su asamblea fundacional, con 15 millones de pesetas de capital y los 27 mil documentos que estaban en posesión del general.

En su patronato participaban tres vicepresidentes y 40 personalidades del antiguo régimen (como el general Esquivias, los exministros Gonzalo Fernández de la Mora y José Utrera Molina) que respondían a los distintos colectivos, hermandades de excombatientes y organizaciones que convocaban a las manifestaciones del 20 de noviembre (aniversario de la muerte del dictador), en la Plaza de Oriente.

Sánchez Soler recuerda que en la misa anual en el Valle de los Caídos cada 20 de noviembre, la fundación repite una oración que acaba diciendo: “Nosotros, los que aún estamos en camino, nos asociamos a las súplicas de Francisco Franco y de todos los muertos por España, que viven en ti, para que nuestra patria recobre la fidelidad a su vocación cristiana y no malgaste el tesoro de sus mártires, que claman debajo del altar”.

Entre las tarjetas que la fundación divulga con pensamientos del Movimiento Nacional, hay una que reza así: “Abominamos a los partidos políticos, porque habían reducido a España a su más simple expresión tras un siglo de luchas cruentas de unos contra otros. Para nosotros, la existencia de la patria no puede ser sacada a discusión de hombres; hay cosas que están por encima de los derechos de los hombres”.

En septiembre de 2013, la fundación fue objeto de críticas cuando, desde su cuenta de Twitter, se escribió un mensaje pidiendo un golpe de Estado. Decía: “El ejército no puede continuar callado ante la deriva de España, en manos de mafiosos y traidores”. En respuesta a esa proclama, en la misma red social se pedía la ilegalización de esta fundación.

El 2 de septiembre pasado, el sitio de noticias InfoLibre publicó una serie de reportajes sobre la fundación, en la que denuncia que desde 2009 incumple la ley al ocultar sus cuentas. Ese último año manejaba ingresos por 118 mil euros.

El que esta fundación tenga en su poder 27 mil documentos oficiales del dictador y de su primer presidente, el almirante Luis Carrero Blanco, ocasiona una polémica recurrente entre historiadores por la opacidad en su manejo, pero también porque, a juicio de Sánchez Soler, es “una cuenta pendiente de la democracia española que nadie quiso saldar durante la transición de la democracia española”.

Tras la muerte de Franco su familia entregó al Estado sólo 60 legajos de documentación que recibió el entonces presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, tal como se refleja en el acta del 14 de julio de 1976 firmada por el contralmirante Cristóbal González Aller, que hizo la entrega, y por el general Sabino Fernández Campos, entonces subsecretario de la presidencia, que la recibió, escribe Sánchez Soler en su libro.

Estos documentos devueltos abarcan desde 1936 hasta 1958, en los periodos de guerra y posguerra. “Ningún papel sobre los cargos acumulados por Franco ni sobre su persona en calidad de jefe de Estado”, dice el escritor.

Y recuerda que cuando José María de Areilza asumió como ministro de Asuntos Exteriores, no pudo encontrar, por ejemplo, algunos eslabones o datos de las negociaciones con Estados Unidos para su presencia en las bases militares de Rota y Morón, ni importantes documentos relativos al Sahara.

“La razón era muy simple. En los 17 años restantes, los que abarcan desde 1960 a 1975, no había ni rastro del general. Esta entrega documental había sido tan mínima que algunos historiadores, como Ángel Viñas, no dudaron en calificarla de ‘coartada’. Y su denuncia era clara: la mayoría de los papeles de Franco continuaban en poder de su familia, sin control oficial alguno.”

En opinión de Sánchez Soler, “la falta de transparencia en el acceso al archivo de Franco cubre con un velo de opacidad grandes cuestiones de la historia política española.

“Muchos de esos documentos firmados, atesorados o elaborados por el dictador pueden ofrecer nuevas claves para entender episodios trascendentales de la historia reciente española: el apoyo del presidente Eisenhower para sacar del ostracismo internacional al dictador Franco; el contubernio de Múnich; los avatares de la Ley de Sucesión; la ejecución de Julián Grimau, un inspector militar opositor al régimen; el escándalo económico de la empresa Matesa; el proceso de Burgos contra miembros de la ETA; la operación Ogro, sobre el atentado contra Carrero Blanco a manos de los etarras; la descolonización del Sahara, las relaciones de Franco con don Juan de Borbón –abuelo del actual monarca, Felipe VI–.”

De todos ellos –dice–, sin duda, el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como “sucesor a título de rey” tendrá nuevas perspectivas cuando sea estudiado a partir de los papeles que guarda la fundación.

De los 27 mil documentos, muy pocos son realmente privados, según lo declaró el medievalista Luis Suárez Fernández, el único investigador que ha tenido acceso a todo el archivo, quien señaló que 80% son documentos oficiales, la mayoría de los cuales deben encontrarse en los ministerios.

A raíz de la controversia por las subvenciones que recibió la fundación, la entonces diputada socialista –posteriormente ministra de Defensa– Carme Chacón exigió la retirada de dichos apoyos, pues criticó que la página de la fundación defina al dictador como “un hombre honrado y honesto que no ambicionó nunca el poder”, o en la que puede leerse, “la historia de la reconquista de España por los ejércitos de Franco constituye una epopeya cuyo simple esquema geográfico es una maravilla. ¡La octava maravilla del mundo!”.

Chacón destacó “el hecho alarmante de que con dinero público se esté apoyando a una fundación entre cuyos objetivos declarados está la legitimación del golpe de Estado de 1936” y que “historiadores denuncien que esos fondos no son de libre acceso para quien pretenda investigar en la figura de Franco”.

En respuesta, ante el pleno del Congreso, el 2 de octubre de 2002, la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, defendió los apoyos argumentando que con ellos se garantizaba “que los archivos estén en las mejores condiciones posibles y disponibles para el conjunto de los investigadores españoles. La Fundación Francisco Franco –aclaró la ministra– no tiene fines políticos, por más que haga interpretación de la historia con la que no estamos de acuerdo, ni yo ni el gobierno ni el PP”.

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