CUERNAVACA, Mor. (apro).- Organizaciones de familiares de víctimas de desaparición, así como de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, demandarán que la PGR atraiga el caso de las fosas clandestinas de la Fiscalía, pues no hay confianza en las autoridades estatales. En una carta dirigida a la opinión pública del país, los colectivos que sostuvieron una reunión el viernes 20 con autoridades locales, advirtieron que en esa reunión “se configuró” el delito de revictimización, así como otros como “la negación a la coadyuvancia”, aparte de negligencia criminal. “Por lo que exigimos se les finquen responsabilidades al secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina; al fiscal general Javier Pérez Durón, y al director de Derechos Humanos del gobierno estatal, Ariel Homero López Rivera”, funcionarios que participaron en esa reunión y quienes abandonaron palacio de gobierno sin avisar, sin firmar los acuerdos y sin dar respuesta a las demandas de los quejosos. Los firmantes del documento manifiestan que “presumimos el delito de negligencia criminal”, pues hay una negativa de la Fiscalía a abrir los documentos, carpetas de investigación y demás, respecto de la inhumación clandestina de los cuerpos en marzo de 2014, y de su posterior exhumación, “con trascabo y sin atender los procedimientos forenses”, en diciembre de ese mismo año, para entregar el cuerpo de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández. También presumen que se podría configurar el delito de desaparición forzada, pues el portal de Proceso publicó el domingo 22 un documento de la policía municipal de Cuautla, de marzo de 2014, en el que se afirma que se inhumaron en las fosas clandestinas 150 cuerpos, mientras que la fiscalía asegura que sólo fueron 105. Por ello, “presumimos el delito de desaparición forzada de 45 cuerpos”, advierten. Las propias organizaciones rechazan los términos del comunicado de prensa emitido por el gobierno de Graco Ramírez “de fecha 22 de noviembre, ya que pretende rebajar la tragedia humanitaria y la violación a los derechos humanos, que representan esas fosas clandestinas, a un asunto de delitos comunes para atenderlos de manera individualizada”. Suman la exigencia de que se reconozca que es un crimen de lesa humanidad y que, como tal, debe atenderse de “manera colectiva”, como ha ocurrido con “los hechos criminales del gobierno perredista de Guerrero”, mismo partido al que pertenece Graco Ramírez: “Manifestamos que nos resulta inconcebible e inadmisible que un gobierno que en su momento se dijo de izquierda renuncie de facto a sus plataformas ideológicas en aras de un pragmatismo político que no tiene más visión que atender sus intereses inhumanos y favorece, de manera criminal, la impunidad galopante”. Por ello, y “dada la gravedad de los hechos denunciados, manifestamos que acudiremos a las instancias federales pertinentes y a los organismos internacionales de los derechos humanos, a fin de que se garantice una procuración de justicia efectiva y expedita. Y desde este momento desconocemos la veracidad de las carpetas que dan cuenta de la inhumación de los cuerpos”. El documento es respaldado por colectivos de familiares de víctimas de Baja California, Distrito Federal, Veracruz, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua y Oaxaca, entre otros. Además, por organizaciones defensoras de los derechos, así como personajes como Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; el padre Alejandro Solalinde, el actor Daniel Jiménez Cacho, Jacobo Dayán, el religioso Miguel Concha Malo, Michael W. Chamerlin, Pablo Romo Cedano, el obispo Raúl Vera López, el analista político Sergio Aguayo Quezada, Silvano Cantú, Ximena Andión Ibáñez, Carlos Cruz y Jesús Robles Maloof, entre otros. También respaldan el posicionamiento organizaciones como Bordados por la Paz, Cauce Ciudadano, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco Briseño", Colectivo Las Alamedas, El Grito Más Fuerte, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Jóvenes Ante la Emergencia Nacional, Movimiento de Liberación Nacional y Servicios y Asesoría para la Paz, entre otras. Congreso propondrá comisión especial El Congreso local propondrá la creación de una comisión especial para el esclarecimiento de las fosas ilegales de la Fiscalía General de Morelos (FGE), informó el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos Francisco Santillán Arredondo. Ante las múltiples dudas que ha generado el hallazgo de 150 cadáveres depositados de manera irregular por la FGE en una fosa clandestina del poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, pero sobre todo ante la desconfianza de la pulcritud de esa dependencia en el desarrollo de las investigaciones, el Congreso solicitará que la investigación sea abierta a la participación de una mesa de expertos. “Una mesa o comisión ejecutiva, entre la Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Morelos y el Congreso estatal”, explicó Santillán Arredondo, quien adelantó que presentará esta propuesta este jueves 26, al seno de la comparecencia ante las comisiones de Seguridad, y Justicia y Derechos Humanos del Legislativo, a la que ha sido citado el fiscal Javier Pérez Durón. El diputado de Nueva Alianza añadió que con independencia a la creación de esta comisión especial, Pérez Durón deberá resolver las múltiples dudas que ha generado la poca y deficiente información trascendida, "comenzando por saber por qué hay un desajuste en los números, si son 150 o 105 o 103 cadáveres". Pero además también deberá responder "cómo están integradas las carpetas de investigación, qué falló en los protocolos de actuación de la Fiscalía, cuál es el estatus de la fosa, como está el tema en la región sur, y muchas dudas que tenemos". Finalmente, el diputado Santillán Arredondo llamó a la prudencia del Ejecutivo que, según las organizaciones de víctimas, no sólo ha retardado su acceso a la justicia, sino que ha despreciado el acompañamiento de la UAEM en las indagatorias. “La Universidad tiene un papel preponderante en la vida del estado y no se le puede tratar de esa manera. Entendemos que la UAEM quiere poner toda su voluntad para que se esclarezca esto, pero también que la Fiscalía quiere sacar adelante un trabajo pulcro”, consignó. Fiscalía entrega informe a CEDH La Fiscalía envió un reporte a la CEDH en el que sólo se explican las diligencias realizadas en el caso de Oliver Wenceslao, y no del resto de las víctimas que fueron inhumadas en ese lugar. La secretaria ejecutiva del organismo, Fabiola Colín Bolaños, confirmó que desde el jueves 19 la dependencia estatal rindió un informe respecto del proceso que se le dio a la carpeta de investigación del joven empresario que, a pesar de haber sido reconocido por sus familiares, fue enviado a una fosa común. “En este informe se nos hace una relatoría sobre todas las diligencias que se realizan en la carpeta de investigación de Oliver Wenceslao, con base en esto le daremos vista a la quejosa para que ella corrobore la información y si no tiene ninguna otra situación que ampliar, nosotros estaremos en posibilidad de pronunciarnos al respecto”, ofreció. Respecto de la solicitud enviada a los 33 municipios para que informen sobre la existencia de predios que son utilizados para la inhumación de cadáveres que recoge el Servicio Médico Forense (Semefo), Colín Bolaños dijo que hasta el momento las localidades de Zacualpan de Amilpas y Villa de Ayala han negado tener convenios de esta índole con la FGE. El ombudsman estatal confía que, en breve, el resto de los ayuntamientos, 31, entreguen sus informes correspondientes. De momento, los peritos del organismo continúan elaborando sus informes sobre los indicios que fueron encontrados en el terreno, donde se inhumaron –de manera irregular– decenas de cadáveres.