COLIMA, Col. (apro).- Acción Nacional (PAN) acusó de “persecución política” a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), luego de que ésta ejercitó acción penal contra el dirigente estatal del partido, Jesús Fuentes Martínez, y el abogado Javier Jiménez Corzo, a quienes responsabilizó de la alteración del listado nominal para presentarlo como prueba en la impugnación de los comicios del pasado 7 de junio para elegir gobernador en la entidad. Al respecto, representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) demandaron que también se proceda contra el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, precandidato del PAN a la gubernatura, tras considerarlo el “autor intelectual” de la alteración de los materiales electorales. Además de los panistas, la Fepade consignó al extitular de la Secretaría de Desarrollo Social estatal (Sedesol), Rigoberto Salazar Velasco, acusado de coaccionar el voto a favor del PRI en la anterior campaña electoral, y procedió contra el exdirigente nacional del PVEM, Arturo Escobar, por su implicación en la distribución de las tarjetas “Premia Platino”. En entrevista, el secretario general del Comité Estatal del PAN, Enrique Michel Ruiz, adujo que la acción penal contra sus compañeros forma parte de una acción hacia su partido con el propósito de perjudicarlo ante el proceso electoral extraordinario de gobernador que se realizará en enero próximo. Expuso: “Esto es un tema que se está convirtiendo (en algo) muy escabroso, muy peligroso, por lo que sentimos que estamos ante una situación donde el Estado quiere controlar absolutamente todo y están utilizando todo el aparato represor del Estado para inhibir la participación ciudadana”. Sin embargo, dijo, el blanquiazul “no tiene absolutamente ninguna culpabilidad” que se le pueda imputar, y consideró que podrá sacar adelante a su dirigente estatal y al abogado, e hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto y a todos los funcionarios del gobierno federal a sacar las manos del proceso electoral extraordinario. Por su parte, en declaraciones a la radiodifusora XERL, Jorge Luis Preciado consideró que la acusación de la Fepade contra el dirigente panista y el abogado es una jugada del gobierno federal para “emparejar los cartones” y no permitirle al PAN seguir creciendo en la preferencia de la gente. No obstante, calificó como un acierto de la Fiscalía el ejercicio de la acción penal contra Rigoberto Salazar, extitular de la Sedescol, y de Arturo Escobar, exdirigente del Partido Verde. A su vez, las dirigencias nacional y estatal del PRI consideraron que las consignaciones realizadas por la Fepade son “correctas, pero incompletas”. En rueda de prensa, Manuel Andrade Díaz, delegado del Comité Nacional en la entidad, dijo que para el PRI el autor intelectual y el que elucubró el delito electoral fue Jorge Luis Preciado, como lo demuestran sus intervenciones en el Senado y sus declaraciones ante medios de comunicación, pues de manera insistente él señalaba que en la elección de Colima habían votado personas ajenas al padrón electoral, entre ellas fallecidos o radicados en el extranjero. El exgobernador de Tabasco indicó que en el criterio de la Fepade se busca la sanción a los autores materiales por la alteración del padrón electoral y el listado nominal de electores, que son quienes firmaron los recursos de impugnación, pero estimó que también debe sancionarse a los autores intelectuales, los que ordenaron dicha falsificación y alteración, “que fue, y lo decimos con todas sus letras: Jorge Luis Preciado”. El presidente estatal priista, Rogelio Rueda Sánchez, dijo que el autor del señalamiento respecto a que votaron muertos y migrantes el 7 de junio, que hoy se acredita como delito, es Preciado Rodríguez, a quien “se le hace fácil escudarse en su fuero de senador y no responder por esos delitos, dejando que por ello paguen el presidente estatal del PAN y su abogado”, por lo que juzgó necesario que el panista se presente a declarar ante la PGR y responda por sus delitos. Los representantes del tricolor también demandaron a la Fiscalía que resuelva a la brevedad la denuncia presentada por el reparto de las tarjetas “Vengan esos cinco” y “La más preciada”, entregadas por el PAN en la campaña electoral ordinaria y con las que se ofrecían beneficios a cambio del voto. La exigencia a la Fepade, subrayaron, es para que actúe en congruencia con la consignación que hizo ante un juez contra Arturo Escobar, que como directivo del Partido Verde Ecologista entregó las tarjetas “Premia Platino”. Andrade Díaz recordó que en mayo pasado el PRI presentó la denuncia por la entrega de las tarjetas, por lo que “exigimos que en congruencia con la consignación contra el PVEM, se proceda contra Preciado y contra el PAN en Colima”.